La Fiscalía Anticorrupción del Santa solicitó penas de 8, 7 y 6 años de cárcel para los responsables de las irregularidades en la construcción de las veredas del casco urbano en la gestión municipal de Luis Arroyo Rojas, obra valorizada en más de 5 millones de soles.
Así lo establece el requerimiento acusatorio remitido ayer por la Fiscalía Anticorrupción del Santa ante el Poder Judicial y donde se solicita se fije fecha de audiencia para sustentar sus argumentos y buscar que dicha investigación pase a juicio oral para buscar allí una sentencia condenatoria.
En el requerimiento acusatorio por el delito de colusión, la Fiscalía Anticorrupción del Santa ha solicitado se le imponga 8 años de prisión efectiva a la exgerente municipal Roxana Palacios Alí en calidad de autora y 7 años y seis meses de prisión efectiva a las empresarias Luz Margot Oliveros Basauri y Teófila del Pilar Desposorio Chasín en calidad de cómplices primarios.
Además, la Fiscalía acusó formalmente al ingeniero residente de la obra, Juan Carlos Lima Leandres como cómplice primario, para quien pidió 7 años y seis meses de prisión efectiva; a su asistente Ing. Ricardo Elías Villafana Espichán como cómplice secundario y al arquitecto Jaime Alexis Marín Vílchez, en calidad de supervisor de la obra, para quienes solicitó se les imponga 6 años y seis meses de Peña privativa de la libertad efectiva.
Por otro lado, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento (archivo) de la investigación para los exfuncionarios ediles José Alberto Barreto Rojas, José Luis Luna Méndez y Efraín Froilán Arellano López, integrantes del comité especial que licitó la buena pro de la obra de mejoramiento de pistas y veredas del casco urbano, así como para el empresario Raúl Ángel Milla Villafana, representante legal de una de las empresas consorciadas ganadoras de la buena pro, pero quien solo habría participado para aportar experiencia y documentos que ayuden a obtener una mayor calificación en el proceso.
LOS HECHOS IMPUTADOS
Para la Fiscalía Anticorrupción del Santa está probado que Consorcio Casco urbano III presentó una serie de documentos falsos para adjudicarse la buena pro, los cuales habrían sido recopilados por el imputado Ricardo Elías Villafana Espichán quien habría tenido el currículo vitae documentado del ingeniero Juan Carlos Lima Leandres, para presentarlo, supuestamente sin su consentimiento.
Asimismo, habría recabado documentos como declaración jurada de habilidad para ejercer la actividad de los profesionales Jorge Edinson Morillo Trujillo y Alfredo Rafael Rao Benites, quienes han negado ser suyos así como haber recopilado un conjunto de certificados laborales de Antonhy Méndez Amoroto y Rubén Rodríguez Rodríguez que no fueron expedidos por Omar Méndez Amoroto, representante legal de la empresa Continental Constructora, Consorcio Pacífico y Consorcio San Luis.
En el caso específico del ingeniero Juan Carlos Lima Leandres, adujo no haber firmado los documentos que aparecen en el expediente de Consorcio Casco Urbano, sin embargo, durante los primeros meses de la obra trabajó sin ningún problema, abandonando posteriormente dicha labor por falta de pago.
Respecto al supervisor de la obra, Javier Alexis Marín Vilchez se le acusa de haber avalado el pago de la segunda valorización por 3 millones 279 mil 830 soles y posteriormente otras por montos de 412 mil 902 soles y 139 mil 576 soles, a pesar que el proceso de ejecución de la obra tenía serios y graves cuestionamientos, inclusive, señalados por un informe del Colegio de Ingenieros de Chimbote y que según la Fiscalía, han sido corroborados con el peritaje oficial elaborado por la perito Sheyla Salazar Lengendre.
Sobre los principales imputados de esta investigación, Roxana Palacios Alí, Luz Margot Oliveros Basauri y Teófila del Pilar Desposorio Chasín, se les imputa haberse coludido para presentar documentos falsos en el proceso de buena pro, con lo cual habrían sorprendido a los integrantes del comité especial y de haber convenido que se les pague con mucha celeridad millonarias valorizaciones que no habrían sido coherentes con el avance físico de la obra.
La Fiscalía ha solicitado además que para los seis imputados se les dicte una inhabilitación por el plazo de tres años así como privación o incapacidad para obtener mandato, cargo o empleo público, por ese mismo periodo. El monto de la reparación civil deberá ser fijado por la Procuraduría Anticorrupción del Santa que está constituido como parte civil en este proceso, en defensa del Estado.