El Ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, dio a conocer la semana pasada una relación de personajes requisitoriados por la justicia y anunció que, de acuerdo a ley, se ha establecido un rango de recompensas que se otorgará a quienes proporcionen información fidedigna que permita capturarlos.
“Los delincuentes más buscados del país” se denomina este portal que se ha insertado en el Portal del Ministerio y que se reproduce en todas las dependencias de la Policía Nacional con la finalidad que los ciudadanos se informen sobre los beneficios que otorga la autoridad y se encuentren en disposición de obtener una compensación si es que proporcionan información que tienen en su poder.
Es un mecanismo perfectamente legal y que está autorizado para que las autoridades puedan cumplir el cometido que les corresponde, en este caso en el trabajo de ubicación y captura de todos aquellos que se encuentran buscados por la justicia, quienes se ocultan porque tienen un mandato de prisión y que, de esta manera no hacen ni ejercen un derecho como equivocadamente se ha dicho por allí, sino que se burlan de la justicia y obligan a efectuar un despliegue costoso para su aprehensión.
En esta relación, como ya es de dominio público, se ha incluido a la fugitiva ex alcaldesa de Chimbote, Victoria Espinoza García, quien aparece junto a otras autoridades políticas que se encuentran en la misma condición y por cuya captura se ofrece importantes sumas de dinero a cambio de información que permita la captura del sindicado, en el caso de la ex alcaldesa esta cifra alcanza a los 50 mil soles.
Frente a esta medida el alcalde provisional Julio Cortéz Rojas no demoró en hacer notar su indignación y rechazo frente a la decisión del Ministerio del Interior alegando que el caso de la ex alcaldesa se encuentran aún en grado de impugnación y que la Corte Suprema tiene pendiente de resolver un recurso de Casación con el cual esperan demostrar que ella es inocente y que saldrá de la situación en la que se encuentra para reasumir sus funciones al frente de la comuna provincial.
Inclusive, la semana pasada ha anunciado que ha comprometido en este rechazo a todos los alcaldes de la provincia del santa que emitirán un pronunciamiento ante esta publicación de un cuadro de los más buscados del país en la medida que la ex alcaldesa no merece un tratamiento de esta índole, inclusive, haciendo gala de un absoluto desconocimiento de la ley y la realidad, se quejó porque no se había otorgado este mismo trato a los alcaldes del ex presidente regional César Álvarez.
Comencemos por esto último, pues hasta donde entendemos el ex alcalde Luis Arroyo Rojas, quien es uno de los que se puede calificar como burgomaestre en la gestión de César Álvarez, se encuentra en prisión y no existe necesidad de ofrecer una recompensa por su cabeza así como no existe otro ex alcalde que esté requisitoriado.
Empero, en lo que concierne a lo que el alcalde Julio Cortez califica como un abuso y atropello porque la alcaldesa aún tiene pendiente un recurso de casación es evidente que el burgomaestre en su condición de ingeniero no tiene por qué conocer la ley y la praxis judicial pero debería asesorarse en este aspecto.
Ello porque también se encuentra incurso en problemas judiciales con la misma ex alcaldesa y debe saber lo que es una condena en apelación y otra que ha sido oleada y sacramentada, como en el caso de Victoria Espinoza que tiene la condición de sentenciada y un mandato de internamiento en el Penal de Cambio Puente.
La existencia de un recurso de casación no desvirtúa los efectos de una sentencia condenatoria, es solo un pedido para que se revise la presunta vulneración de principios legales o constitucionales en la tramitación del proceso que ha concluido y como tal apunta a la nulidad de ese fallo judicial para los efectos que se le someta a nuevo juicio pero de ninguna manera para que la absuelvan o la declaren inocente como afirma Cortez Rojas.
Nuestra legislación penal consagra la pluralidad de instancia y como tal la ex alcaldesa Victoria Espinoza ha sido condenada en doble instancia, el Primer Juzgado Penal Unipersonal le impuso una condena de siete años de prisión efectiva al hallarla responsable del delito de Enriquecimiento Ilícito junto a su conviviente Wuilmer Agapito Vásquez, quien fue sentenciado en condición de cómplice primario y ese fallo ha sido confirmado en todos sus extremos por la Sala Penal de Apelaciones.
Ello quiere decir que el proceso penal ha concluido en doble instancia y por ello se ha ordenado ejecutar la orden de reclusión que, a la sazón, ha derivado en la decisión de la sentenciada de esconderse y ocultarse, de evadir a la justicia, por ende, siendo una requisitoriada es evidente que las autoridades deben apelar a todos los mecanismos a su alcance para que puedan encontrarla y hacer cumplir el mandato de la justicia.
Esto es tan simple de entender que llama la atención que las autoridades municipales anuncien que rechazarán el ofrecimiento un mecanismo administrativo que está autorizado por la ley, que es parte de la forma como las autoridades policiales deben hacer frente a quienes evaden y eluden el mandato de la justicia.
Hace solo unos días los deudos del asesinado Fiscal Luis Junior Sánchez Colona reclamaban que se incorpore en esa lista de los delincuentes más buscados del país al empresario Jack Castillo Castillo, considerado el autor intelectual de ese alevoso crimen, empero, es evidente que esto ocurrirá en el curso de uno o dos meses porque el mencionado individuo ha sido condenado en primera instancia a 25 años de cárcel pero su caso será recién revisado por la instancia superior en grado de apelación. Una vez que se cumpla con el fallo confirmatorio se podrá ofrecer la recompensa de ley.
De allí que el pedido de recompensa para una persona que se encuentra al margen de la ley y para quien la justicia reclama que la pongan a buen recaudo como se ha ordenado en un fallo definitivo, no tiene nada de abusivo, arbitrario o excesivo, se encuentra simple y llanamente dentro de la ley, de allí que lejos de gastar energías en reuniones y pronunciamientos, es factible sugerirle al alcalde Julio Cortéz que afiance su defensa judicial, toda vez que debe recordar que carga una condena sobre sus hombros que en las próximas semanas será objeto de una decisión de la Sala Penal que, a la larga, lo lleve al mismo y repudiado portal de recompensas. Esperemos no se llegue a eso.