Muchos de los deudos y agraviados de delitos perpetrados por prófugos de la justicia demandaron al Gobierno y, por su intermedio, al Ministerio del Interior, que se incluya en la lista de los delincuentes más buscados del país a ex autoridades y empresarios que se mantienen en la clandestinidad desde hace varios meses a pesar que pesa sobre ellos sendos mandatos de aprehensión e internamiento en el Penal de Cambio Puente.
Estos fueron los casos de los deudos del asesinado alcalde de Samanco Francisco Ariza Espinoza y del abogado Henry Aldea Rodríguez, así como los familiares del Fiscal Luis Junior Sánchez Colona, victimado hace ya casi cuatro años atrás, así como los deudos del ex alcalde de Casma Juan Montalbán Macedo y otros casos emblemáticos, al margen de la consabidas persecución de ex autoridades por delitos contra la función pública.
Estos pedidos de plantearon poco después que el Ministro del Interior diera a conocer la relación de los delincuentes más buscados del país y ofreciera una recompensa por la información que se otorgue sobre el paradero de cada uno de ellos y siempre y cuando ella permita dar con la captura de cada uno de ellos.
En esta relación se encontraba la ex alcaldesa de Chimbote, Victoria Espinoza García, quien se encuentra en calidad de prófuga de la justicia desde el 22 de setiembre del año pasado, luego que la Sala Penal de Apelaciones confirmara la condena que le impuso el Primer Juzgado Penal Unipersonal que la sentenció a siete años de cárcel efectiva al hallarla responsable del delito de Enriquecimiento Ilícito.
Este tema ha cobrado nuevamente vigencia luego que el último viernes llegara a nuestra ciudad el Ministro del Interior José Pérez Guadalupe, quien pese a que solo realizó una corta visita por las instalaciones policiales de nuestro Puerto y tras entrevistarse con los altos mandos de la localidad, no pudo evitar pronunciarse sobre el tema en la medida que la prensa lo puso sobre el tapete por ser de palpitante actualidad.
Y, como admitiendo la necesidad de atender el clamor de gente que ha sido seriamente afectada por el accionar delictivo de algunas personas procesadas o condenadas por esos hechos, el titular del Portafolio del Interior admitió que se encuentra en estudio la publicación de una segunda relación de delincuentes más buscados del país y que ello camina de la mano con las posibilidades presupuestales del Ministerio para disponer de los recursos que determinen señalar la recompensa en cada caso.
En este sentido, fue claro y directo el Ministro en la medida que apenas en la víspera en medios de comunicación de la capital se puso en entredicho el ofrecimiento de una recompensa por parte del gobierno cuando no se cumple con esos pagos, sin señalarse un caso específico pero haciendo alusión a las capturas registradas como efecto del ofrecimiento de este beneficio, como los casos del ex presidente regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima o el otrora lugarteniente del llamado “Tony Montana”, Carlos Sulca Cruz.
Un agobiado Ministro rechazó esas insinuaciones en razón que el pago de la recompensa, conforme lo señala la ley de la materia, se hace dentro de los 60 días de registrada la captura, por lo que en los casos señalados el gobierno estaba dentro de esos plazos y que los pagos se hacen luego de verificarse efectivamente a los depositarios de este beneficio siempre en medio de una absoluta reserva para resguardar la integridad de las personas.
De allí que al ser abordado en Chimbote sobre la necesidad de comprenderse a otras personas el alto funcionario del Ejecutivo no vaciló en reconocer que se encuentran comprometidos en este trabajo, admitió que existen otros casos igualmente importantes en los que se hace necesario apuntalar un proceso de seguimiento y persecución que incluya este sistema de recompensa a efectos de afianzar las posibilidades de capturar a quienes están prófugos de la justicia.
De la misma manera, ha sido importante la llegada del Ministro Pérez Guadalupe en razón que ha quedado claro que este sistema de recompensa lo que busca es capturar a las personas que se encuentran al margen de la ley, a quienes tienen un mandato firme de captura e internamiento en un centro penitenciario de las personas que rehúyen a la justicia, al margen si ellas tienen una condena firme o que se encuentran sujeta a un trámite de impugnación, como se reclamaba en Chimbote.
En efecto, lo que se busca es que aquellas personas que por una u otra razón han permitido que la justicia se encuentre tras sus pasos, tengan que ser trasladadas al lugar que señala el mandato judicial, si es que de allí sale en una semana, un año o se queda por mucho tiempo eso es parte de este mecanismo judicial que se encuentra vigente en el país, por lo tanto, no cabe en este momento distinciones de ninguna clase.
Asimismo, el Ministro respondió las inquietudes de aquellos que están reclamando que se retire de la lista de los delincuentes más buscados del país a la ex alcaldesa de Chimbote Victoria Espinoza García, señalando en este sentido que ese es un tema que no le compete a su despacho y que, en todo caso, si es que existen pedidos formales de esa naturaleza tendrán que ser atendidos por las instancias competentes.
Y es que no puede hallarse tan contrariado el Ministro si por un lado existen muchas personas que piden que se incluya a más prófugos en este mecanismo de búsqueda con recompensa y, por otro lado, aparezca una o dos personas que reclama por que la fugitiva ex alcaldesa de Chimbote tenga una recompensa por su cabeza cuando se encuentra en el régimen de requisitoriados en el país.
De todas maneras, resulta reconfortante saber que el Gobierno no ha dejado de lado la posibilidad de ofrecer recompensa por otros prófugos de la justicia que están relacionados con nuestro puerto, como el ex alcalde de Samanco Jaime Casana Escobedo, el ex consejero regional José Luis Lomparte Monteza, el ex alcalde de Casma Rommel Meza Cerna, el conviviente de la ex alcaldesa Wuilmer Agapito Vásquez y tantos otros como los ex funcionarios del Municipio de Nuevo Chimbote que también se mantienen hasta la fecha al margen del mandato de la justicia. Se impone una necesaria ampliación de este mecanismo y el Ministro ha confirmado que ya está en marcha. Eso es importante.