La condena en contra del alcalde del distrito de Yaután es otra muestra que las autoridades del sistema de justicia estamos trabajando combatiendo la corrupción y nos damos íntegros por demostrar la responsabilidad de los autores como hoy ha quedado demostrado, coincidieron en señalar el fiscal superior Germán Soto Ruiz y el abogado de la Procuraduría Anticorrupción de Chimbote, Dr. Leovardo Lavado Rosales.
Para el magistrado del Ministerio Público la sentencia condenatoria emitida por la Sala Penal Liquidadora  es el resultado de las acciones del hoy prófugo burgomaestre José Del Carpio Melgarejo quien debió cautelar los recursos de la municipalidad que dirigía. “En vista que el abogado defensor del alcalde ha formulado nulidad a la condena es de esperar que la sustente para que posteriormente el caso sea elevado a la Corte Suprema donde confiamos que ratificará la sentencia” manifestó el fiscal superior.
Soto Ruiz dijo que las autoridades políticas en funciones y todo funcionario público deben entender que su misión es servir al pueblo que lo eligió y que salirse de ello para optar por caminos equivocados tiene consecuencias penales que acaban con su libertad como ha ocurrido con varias autoridades hoy prófugas de la justicia.
Por su parte, Lavado Rosales sostuvo que con la condena al alcalde de Yaután y sus co procesados el Estado va a poder ser resarcido del daño ocasionado y en ese sentido en el caso de los condenados Del Carpio Melgarejo y Carlos Paz García estará accionando para embargar sus bienes personales por la suma de 387 mil soles, en el supuesto que no hagan efectivo el pago en dinero.
La participación del abogado de la Procuraduría Anticorrupción ha resultado vital para el logro de la pretensión fiscal de encontrar justicia en la Sala Penal Liquidadora, cuyos magistrados demostraron también severidad con quienes atentan contra los recursos públicos. Â Â Â
Cabe mencionar que la sentencia condenatoria efectiva también fue para el ingeniero mecánico Carlos Paz García a quien la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia impuso 4 años.Â