Editorial

Editorial: ::: OBLIGADA TRANSPARENCIA :::

El servicio de transporte masivo de pasajeros no solo se ha convertido en una necesidad a nivel de usuarios que diariamente requieren trasladarse de un punto a otro en nuestra ciudad, sino que es un cometido que tiene la primera prioridad en las autoridades municipales por la coyuntura misma que observa el transporte público.

Por ello es que desde hace varios meses se reclama un servicio de estas características, no solo porque el número de pasajeros crece año tras año, sino porque el actual servicio de transporte de colectivos no solo no se abastece sino que se ha convertido en deficiente, abusivo e insoportable.

De allí que existiendo un reconocimiento de esta problemática a nivel de la Municipalidad y de los primeros anuncios respecto al interés de una empresa brasileña por establecer una concesión en nuestro puerto, la colectividad esperaba que se informe convenientemente los alcances que tendría este nuevo servicio.

Sin embargo, hace solo una semana el regidor Neptalí Briceño Porras reveló que existe una política de cierra puertas al interior de la Comuna Provincial del Santa en lo que se refiere a las tratativas del transporte masivo de pasajeros y la propuesta que ha planteado una empresa brasileña, tal como lo reconoció el acalde provincial.

El concejal se muestra extrañado en la medida que le ha dirigido cuatro oficios al despacho de alcaldía solicitando información pero no ha obtenido respuesta, de la misma manera hizo la solicitud en sesión de concejo y le comunicaron que “próximamente” acudirán los funcionarios del área de transportes para efectuar una exposición pero ello no se ha realizado hasta el momento.

Por el contrario, señaló que se ha visto precisado a tocar puertas dentro de la Municipalidad y solo unos funcionarios del área de transportes se atrevieron a darle a conocer algunos detalles de las negociaciones que hace la comuna y en ella pudo advertir que la empresa ha presentado una propuesta en la que pretende cobrar 2.20 nuevos soles por pasaje en ruta que va del distrito de Chimbote a Nuevo Chimbote.

El concejal se mostró sorprendido en la medida que es tarifa es virtualmente similar a la que tiene a la fecha el servicio de transporte en colectivos y que es exagerada y abusiva, por lo que fue el propio alcalde quien se vio en la necesidad de desmentir al concejal y señalar que bajo ningún concepto aceptarán una tarifa mayor a 1.50 soles en esa ruta, pero que no se podría dar a conocerlos alcances de este proyecto de transporte masivo porque se encuentra en fase de negociación y dijo que solo cuando se cuente con un marco definido se podrá dar a conocer cuál es realmente el servicio que se ofrece y deberá ser aprobado por el pleno de la comuna provincial.

En medio de este intercambio de declaraciones entre alcalde y regidor, ha aparecido el dirigente de uno de los gremios de transportistas para denunciar que la empresa con la que se negocia el transporte masivo ni siquiera cuenta con un capital social de 10 mil nuevos soles, por lo que estima que existe algo turbio de por medio.

Se trata de Nolberto Harrison Mori, quien proporciona detalles específicos de esta negociación, como el número de expediente, las fechas y los nombres de las partes, lo que quiere decir que ha llegado a un servidor que tiene información privilegiada sobre el tema del transporte masivo.

Empero, lo que pone en entredicho el dirigente transportista es que el alcalde se encuentre negociando un servicio de transporte masivo cuando la comuna provincial no tiene ni siquiera un Plan Regulador de rutas lo que convierte todas estas tratativas en ilegales en la medida que el reglamento nacional de administración de transporte pone este requisito como obligatorio cuando se quiere establecer el transporte masivo.

Cierto es que este último dirigente, como se dice en el argot criollo, “habla por la herida” en razón que es parte interesada, los miembros del transporte público de colectivos advierten que el transporte masivo es una amenaza directa a su labor, definitivamente con la implementación de este servicio serán los primeros afectados porque la gente buscará un servicio más cómodo y barato.

Sin embargo, la pertinacia y el abuso por parte de estos comités de transporte público son los únicos responsables que, con la presencia del transporte masivo, ellos pierdan pasajeros y se vean mellados sus ingresos, empero, esta es la consecuencia de una de las leyes más naturales del mercado como es la oferta y la demanda, tendrán que sincerar sus tarifas y colocarlas a tono con la realidad para que puedan ser más eficientes y mantengan sus posibilidades de hacer empresa.

Empero, al margen de todo ello que deberá ser materia de otro comentario, lo que se advierte de estas dos intervenciones es que la Municipalidad Provincial del Santa viene negociando la implementación de un servicio de transporte masivo dentro de cuatro paredes, en medio de una absurda reserva y sin que alguna representación de la sociedad civil pueda conocer el proyecto en ciernes o decidir sobre las alternativas económicas que se deberán zanjar en estas negociaciones.

Esto último si es preocupante, si bien es cierto que son los funcionarios de la comuna provincial y el propio alcalde los que toman parte en estas negociaciones, lo que no se puede permitir es que los alcances y las alternativas puedan conocerse a nivel de la comunidad por lo menos en sus lineamientos generales.

El costo de las tarifas también debe ser materia de un debate público, no se entiende cómo es que la Municipalidad cierra las puertas a la transparencia, con mayor razón cuando le niega información hasta a los regidores que, por mandato legal, son entes fiscalizadores y como tales no pueden dejar de tener acceso a los documentos que impliquen decisiones de la administración edil.

Esperemos que el alcalde advierta, por lo menos, que la transparencia es sinónimo de idoneidad y que el ocultamiento de información solo conlleva a suspicacia y malos entendidos, de allí que nada se pierde con informar a la población de lo que se viene haciendo con las negociaciones del transporte masivo. Nadie exige que se dé a conocer información clasificada pero sí que exista una obligada transparencia en estos manejos, por lo menos, eso es que lo que se escucha decir a la gente en las calles.