SENTENCIA
Es evidente que después de siete horas de estar escuchando los alegatos de las partes y las respuestas a los interrogatorios realizados, los miembros de la Sala Penal de Apelaciones ya tienen bastante claro los hechos relacionados con la condena que se le ha impuesto al alcalde Julio Cortez Rojas, la exalcaldesa Victoria Espinoza García y dos ex funcionarios ediles por delitos de malversación de fondos, la misma que se encuentra en grado de apelación y solo espera su decisión final. Decimos ellos porque los periodistas que estuvieron presentes en la diligencia salieron mas empapados que nunca y con la clara percepción que el juez de primera instancia no se ha equivocado al momento de valorar los hechos. Empero, el momento crucial de esta diligencia se registró cuando la Fiscal Superior Nancy Moreno Rivera mostró a los magistrados un oficio que ha llegado recién con fecha 1° de abril a su despacho y que es una respuesta a la consulta que le hizo al Ministerio de Vivienda respecto a la correcta aplicación de las partidas que ellos entregan a los municipios para la ejecución de obras. El documento lleva la firma del director general del área de planeamiento y presupuesto del mencionado portafolio, Jorge David Chang Serrano, en el mismo que se precisa que no se puede disponer de dineros de “Agua para todo” para proyectos de urbanismo u de otra índole. Y, es que en realidad este es la esencia de la acusación. La defensa técnica y el propio alcalde se la pasaron diciendo que allí estaban las obras, que no hubo afectación del servicio y que no se han robado un sol cuando el delito que se investiga no es propiamente la apropiación de los caudales públicos o de aprovechamiento en las licitaciones, de haber sido así estaríamos en un proceso de peculado o de concusión. Estamos frente a un proceso judicial y una condena impecable en la que se describe la comisión de un delito de malversación, el desvío ilegal de recursos que estaban destinados específicamente a la ejecución de obras de saneamiento pero que se llevaron a otras obras con fines inconfesables. Esto será lo que finalmente deslinden los magistrados y sobre lo que se pronunciarán el próximo 31 de este mes, por lo que muchos ya avisaran lo que pasará ese día. ¿Habrá quienes aún le quedan dudas?
VISITA
La explicación que brindaron los miembros del directorio de la empresa SEDACHIMBOTE a siete regidores del pleno edil de la Municipalidad Provincial del Santa dice muy bien de la permeabilidad que debe existir en las instituciones públicas, más aun cuando se trata de concejales que forman parte de la entidad que es una de las dueñas de la empresa de saneamiento. Decimos esto porque los regidores no se han dejado llevar solo por el discurso del alcalde, ese que es radical en relación a las actuaciones del directorio y en la medida que no puede imponer sus designios como se hacía antes. Lo que sucede es que el alcalde Julio Cortéz no puede sacarse de la cabeza el nuevo escenario que rige la conducción de las empresas de saneamiento, ese en el que se ha despojado el criterio político para imponerse un esquema en el que los técnicos, los profesionales que conocen de la materia manejen la empresa. Los directores explicaron a los regidores los pasos que se dieron luego que la OTTAS observara el acuerdo anterior por que se registró la involuntaria intervención de la ex presidenta de este organismo cuando ya había renunciado al cargo y el fundamento jurídico en el que se sustenta la designación provisional del nuevo gerente, exposición que convenció a los regidores. Lo que llama la atención es que hasta el momento no se conoce si los dos directores que han sido designados por la mayoría municipal Manuel Bambarén Miasta y Miguel Lacca Puell, han sido ya ratificados por el organismo técnico de la administración de los servicios se saneamiento, pues como se recuerda a ambos les solicitaron documentos adicionales a los que han presentado para acreditar el cumplimiento de los requisitos que establece la ley para poder ocupar ese cargo, aun cuando se ha precisado que legalmente pueden desempeñar sus funciones hasta que se regularice su nombramiento. Veremos si esto último ocurre pero pasaron más de los 10 días que se dijo tenía el organismo técnico para pronunciarse sobre este caso.
BOXEADORES
El jefe de la División Policial de Chimbote debe explicar las razones por la cuales efectivos de la Policía Nacional la emprenden a golpes con vecinos del P.J. Villa María para defender las instalaciones de una obra de construcción de una antena de telefonía. Decimos esto porque ya en dos ocasiones se han registrado estos incidentes en una vivienda de ese sector en donde los moradores tratan de impedir que sigan adelante los trabajos de instalación de esta antena. Si bien es cierto que la Policía tiene el deber de velar por la seguridad pública, no entendemos como resultan siendo los efectivos virtuales guardianes de esta obra que, al fin y al cabo, corresponde a una empresa privada. Lo preocupante es que en estos forcejeos los pobladores se ven precisados a faltarle el respeto y levantarle la mano a los efectivos policiales y eso no se ve nada bien. Esperemos que se definan competencias pero, sobretodo, que las autoridades atiendan el pedido de los pobladores que han denunciado en todo lado y dicen que nadie los escucha.