Editorial

Editorial: ::: MEDIDA PREVISIBLE :::

El Poder Judicial ha anunciado la semana pasada que ha formalizado el pedido de destitución de siete jueces en todo el país por haber expedido resoluciones sin fundamento jurídico y que solo favorecieron a mafias que promovieron el delito, como la que dirigió el hoy encarcelado abogado Rodolfo Orellana Rengifo.

Entre los magistrados que han sido comprendidos en esta solicitud de destitución se encuentra Ever Abel Gutiérrez Aponte, quien se desempeñara el año 2013 como Juez del Primer Juzgado de Investigación preparatoria de Chimbote y en esa condición resolvió un Habeas Corpus a favor de la mafia Orellana Rengifo.

En realidad lo que ha hecho la semana pasada el Presidente del Poder Judicial. Dr. Víctor Ticona Postigo, es darle curso al informe aprobado por la Oficina Nacional de Control de la Magistratura que tras investigar a esos magistrados confirmó que habían incurrido en falta grave contra la investidura y dejaron en tela de juicio el concepto público de la institución, por lo que demandaron se proceda a destituirlos.

Ahora, lo que corresponde es que el Consejo Nacional de la Magistratura apruebe el pedido de la OCMA y el Poder Judicial y proceda a cancelar los títulos que se entregaron en su debida oportunidad y que reconocieron como tales a esos jueces que terminaron traicionando la función jurisdiccional.

Los hechos no son ajenos a los medios de comunicación de nuestra localidad, por el contrario, hemos seguido estos casos en la medida que la caída de la mafia Orellana Rengifo fue un hecho público, se convirtió en uno de los casos mediáticos que puso al descubierto la maraña de poder que suele tejer la corrupción en todos los niveles y de esa manera fueron cayendo todos aquellos que la protegieron y le permitieron actuar con absoluta y temeraria impunidad.

Uno de esos jueces fue el joven abogado Ever Gutiérrez Aponte, quien había dado trámite y admitido una acción de Habeas Corpus planteada por Rosalía Vargas Schaus, quien era hermanastra de la pareja sentimental de Rodolfo Orellana, y por intermedio de esta acción de garantía se prohibía a un fiscal de Lima que la investigue por delito de Lavado de Activos, consagrándose de esta manera la impunidad.

Estas acciones de garantías son abiertamente ilegales, más aun cuando los magistrados son conscientes que no se puede utilizar las herramientas constitucionales que otorga la ley para defender derechos y garantías fundamentales para proteger la impunidad, empero, cuando existen manejos turbios por lo bajo se registran estos escándalos.

Esta situación es similar a que emprendió, por ejemplo, el ex presidente regional César Álvarez Aguilar, quien apeló a la misma acción judicial para impedir que lo investiguen en el sonado caso “La Centralita”, para lo cual recurrió a jueces que no son de la jurisdicción de Chimbote y encontró en Huaraz a magistrados dispuestos a violar el sistema jurídico para que lo protegieran, claro todo ello ocurrió cuando tenía a su merced a la administración de justicia en la región.

Justamente, esos jueces de Huaraz afrontan pedidos similares de destitución, su caso también ha pasado al Consejo Nacional de la Magistratura y hace solo unas semanas, con ocasión de la visita que realizó a Chimbote el titular de este organismo ha anunciado que en el curso de estas semanas debe evacuarse el pronunciamiento definitivo.

El caso de Ever Gutiérrez es sintomático en la medida que es un servidor de carrera de la Corte Superior del Santa, ha laborado en diversos cargos en juzgados y Salas superiores, empero, el año 2013 fue promovido por aquellos que suelen saltarse las vallas de la meritocracia, los que dejan de lado los cuadros supernumerarios y apelan al nombramiento a dedo seguramente con el objetivo de obtener favores, lo cierto es que aquel se vio envuelto no solo en éste sino en muchos otros cuestionamientos en tanto que se le encargaron varios casos emblemáticos como el de “La Centralita”.

Por ello es que la oficina de control de la magistratura procedió con mano dura y desde que solicitó su destitución le impuso una medida de abstención del cargo, es decir, lo retiró de cualquier actividad jurisdiccional y, por ende, antes que se dicte la medida por parte del organismo competente, en este caso del CNM, ya el letrado está fuera de carrera.

Pero no solo Ever Gutiérrez ha caído en desgracia, en la relación proporcionada por el organismo jurisdiccional aparece otro abogado Chimbotano, otro ex servidor de la Corte Superior del Santa, como Michel Ramos Janampa, quien se desempeñaba nada menos que como Juez de Huepetube, un poblado de Madre de Dios, considerado como el enclave de la minería informal, en donde existe mucho dinero capaz de comprar autoridades para “legalizar” una actividad a todas luces delictiva.

En este segundo caso el Poder Judicial está solicitando su destitución por haber expedido nada menos que 22 resoluciones ilegalmente para proteger a la minería informal, para atar de manos a las autoridades en la lucha contra una actividad que está matando la ecología en zonas en donde existe protección legal.

Inclusive, se estima que estas medidas drásticas pero necesarias, continuarán en tanto que en su oportunidad se dieron a conocer nombres de otros magistrados que se vieron involucrados en estos juicios relacionados con mafias que utilizaron el poder económico de la corrupción para sostener sus actividades.

Aun cuando algunos aleguen que procedieron conforme a los procedimientos que establece la ley, en realidad no se puede justificar bajo ningún concepto que se utilice la investidura judicial para proteger a quienes emprendieron organizaciones mafiosas para lucrarse con actos delincuenciales. La mafia Orellana Rengifo ha llevado a mucha gente a la cárcel, de allí que el pedido del Poder Judicial para erradicar de sus filas a dos abogados chimbotanos era una medida previsible, cae por su propio peso y resultan necesarias cuando se trata de hacer frente a la lacra de la corrupción. Esperemos que estos casos sirvan de escarmiento a otros jóvenes magistrados que se abren camino en la vida judicial para que entiendan que nada se gana prestándose a menos turbios y deshonestos.