El Jefe de la División Policial de Chimbote, Coronel Juan Martínez Arroyo, dio a conocer los trabajos que ha realizado la Policía de Inteligencia y los nombres de todos aquellos que se encuentran involucrados en el tráfico de terrenos en los asentamientos humanos invadidos sobre las tierras del proyecto especial Chinecas, señalando además quienes fueron los promotores de esa masiva usurpación.
Al margen del señalamiento de los delincuentes que han hecho del tráfico de tierras una modalidad delictiva de enriquecimiento, entre los cuales se encuentran avezados y “rankeados” delincuentes que han sembrado la muerte y la extorsión en esa zona, el alto oficial dio a conocer la manera como se inició esta invasión de predios pese a que son intangibles.
Ha señalado al hoy regidor Santos Gamboa Aponte como el iniciador de la apropiación de predios y ha identificado a los dirigentes que formaron parte de ese primer consejo directivo de la denominada Asociación de Pueblos Unidos que son los que promovieron la aparición de un promedio de 48 asentamientos humanos que se instalaron sobre las 308 hectáreas que han sido ya transferidas a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Inclusive, ha precisado el Jefe policial que todo esto se concretó con el aval de las autoridades por entonces lideradas por el ex presidente regional César Álvarez Aguilar y el alcalde provincial Luis Arroyo Rojas, allá por el año 2009.
Obviamente, las reacciones no se hicieron esperar y el regidor sindicado ha rechazado las alusiones que hizo el jefe policial señalando que ello obedece a su absoluto desconocimiento de la realidad de la ciudad, incluso, desafió a los periodistas señalando que es posible que el Coronel ni siquiera tenga conocimiento que a la fechas es regidor de la Municipalidad Provincial del Santa, por lo que estima que ha sido sorprendido por ciertos oficiales que tienen interés en generar esta clase de confrontaciones.
Ahora bien, quienes hemos sido testigos de las invasiones registradas en el distrito de Nuevo Chimbote, entre ellas las actuales autoridades que están al frente de la gobernación, de la ciudad y la mayoría de la población, son conscientes que lo que ha revelado el Jefe Policial no dista de la verdad, aun cuando no ha mencionado el sesgo político que tuvo aquella asonada.
Ha omitido el Jefe de la División Policial señalar que las invasiones fueron promovidas con ánimo político y electorero, fueron incentivadas por el ex presidente regional César Akvarez Aguilar que contó con el apoyo de un grupo de dirigentes que se encargaron de llevar “la buena nueva” que representaba su bandera electoral, como era el saneamiento y la titulación de esos predios que comenzaban a emerger, como la famosa “tierra prometida” que sería el caballito electoral de su candidato en Nuevo Chimbote.
Los archivos periodísticos no solo guardan aquellas movidas politiqueras que llenaron de indignación a los pocos que denunciaban esta clase de hechos porque por entonces la red de corrupción dominaba todos los espacios y atacaba por todos los frentes a quienes osaban cuestionar ese manejo, inclusive, con una batería de periodistas comandos que se prestaron a ese manejo doloso y que hoy pagan las consecuencias.
Inclusive, en alguna oportunidad esos mismos dirigentes que hoy quieren “dorar la píldora” emplazaron al entonces presidente regional a que cumpla la palabra empeñada, lo obligaron a acudir a esos mismos terrenos para que se comprometa a gestionar la transferencia de los predios en una tumultuosa reunión que fue motivo de información para toda la prensa local.
Uno de esos dirigentes era, justamente, Santos Gamboa, siempre estuvo al frente de esta toma de predios y de su pretendida legalización que ha fracasado en anteriores oportunidades pero no renunció jamás a la posibilidad de obtener finalmente una vía legal que permita formalizar lo que fue, a todas luces, una usurpación.
El solo hecho que las autoridades regionales y provinciales de entonces hayan convenido con estas invasiones e impulsaran medidas para su legalización, sino basta recordar las sesiones de consejo regional y la sesión de concejo provincial en la cual se aprobó la transferencia de esas 308 hectáreas a favor de la Municipalidad Provincial que finalmente abortada, permitió que esos dirigentes no solo no escondan la cabeza sino que se atrevieron a postular a cargos públicos, como el caso de Santos Gamboa que, para sorpresa de propios y extraños, apareció colgado de una agrupación política que no llevaba los colores amarillos que en alguna oportunidad abrazaba.
El informe del Jefe de la División Policial no involucra a Santos Gamboa ni a los dirigentes de la asociación de Pueblos Unidos en acciones ilícitas de tráfico de terrenos, lo que hace es apelar a la historia y recordar que fueron ellos los que propiciaron una invasión masiva que tuvo tinte político, que fue avalada por una autoridad regional que necesitaba que esa gente que se beneficiaría con los lotes de terrenos voten por su reelección y consiguió el objetivo, tal como está plasmado en los archivos periodísticos.
Lo que no deja de sorprender es que tanto la máxima autoridad policial, como municipal y otras entidades de la ciudad hagan cuestión de estado sobre invasiones que se han registrado desde hace muchos años, no solo aquellas de las 308 hectáreas que fue un himno a la impunidad sino las demás que ahora reclaman un trato similar.
Que se sepa no existe una sola denuncia o demanda del proyecto especial Chinecas exigiendo el desalojo de los invasores, ni de los 48 pueblos de las 308 hectáreas como tampoco de los 23 asentamientos de las 217 hectáreas, y, ello es consecuencia de la complicidad política de las autoridades.
Chinecas es el propietario de los predios, es la única entidad que tiene la potestad de ejercer una acción legal sobre estas invasiones, pero los dos últimos presidentes del directorio, es decir, sus máximas autoridades son políticos que solo han sacado provecho de estas invasiones porque buscan el respaldo electoral de esas familias beneficiadas y juegan con la necesidad y la ambición de mucha gente a cambio de votos.
Esta es la conclusión que no se adhiere en el informe del Coronel Martínez, un documento que contiene revelaciones embarazosas que ha pisado muchos callos, pero que solo escarba en la historia política lúgubre de nuestra ciudad.