Editorial

::: EDITORIAL ::: QUIMERA JUDICIAL :::

Desde hace casi un año los medios de comunicación de la localidad vienen informando la postergación contínua de una investigación que se encuentra con acusación y que espera que se inicie el juicio oral, la misma que sigue nada menos que al ex presidente y ex funcionarios del gobierno regional de Ancash.

Es la suerte del denominado “Caso SISA”, relacionado con la fraudulenta licitación de la formulación de un perfil técnico que se “sobrevalorizó” de manera escandalosa con la finalidad de aprovecharse de los recursos del proyecto especial Chinecas, el mismo que se viene tramitando desde hace ya muchos años.

Ocurre que en este caso el año pasado la fiscalía anticorrupción ha formulado su acusación escrita y se encuentra expedito para el inicio del juicio oral, proceso judicial que se sigue contra César Álvarez Aguilar, el ex decano del Colegio de Ingenieros Hugo Rojas Rubio y otros ex funcionarios del proyecto Chinecas.

Sin embargo, cuando se aprestaban a llevar a cabo esta diligencia se advirtió que la situación jurídica del ex presidente regional César Álvarez era singular y había necesidad de dilucidarse antes de continuar con el riesgo que posteriormente se generen nulidades, pues durante la llamada época de la red criminal fue beneficiado con sendas resoluciones judiciales de primera y segunda instancia en una Excepción de Improcedencia de Acción contra los cargos que le ha formulado el Ministerio Público.

Si ello es así, la causa debería estar archivada en lo que compete al ex titular de la Región Áncash, sin embargo, la Fiscalía Superior planteó oportunamente un recurso de casación y éste fue elevado a la Corte Suprema, en donde no existía informe alguno de lo que se había resuelto, pues no existía anotación en el sistema integrado de información judicial a pesar que esa incidencia ya tenía más de dos años.

En efecto, el recurso casatorio tramitado por el Ministerio Público fue admitido a trámite por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema el 30 de octubre del año 2014 y fijó como fecha de lectura del fallo el 20 de octubre del año 2015, sin embargo, desde entonces no se sabe que es lo que había resuelto, por ello es que la Juez que tenía a su cargo este proceso decidió suspender el inicio del juicio oral y cursó un oficio a la Corte Suprema para conocer la decisión que había adoptado al respecto.

Ello porque si la Corte Suprema revoca el fallo de la Sala Penal de Apelaciones, César Álvarez Aguilar tendría que ser investigado y por ende, se le tendría que formular acusación y debatir dicha pretensión en la etapa intermedia antes de pasar a juicio oral, de modo que está última etapa no puede empezar, mientras exista la posibilidad de sumar un nuevo investigado, según se explicó en aquella oportunidad.

Esto ocurrió el año pasado y desde entonces los jueces han cursado hasta cinco oficios a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, aquella que está presidida por el controvertido Juez Supremo Javier Villa Stein y desde entonces han venido reprogramando el inicio del juicio oral en la medida que no llega la información.

El pasado mes de agosto por fin llegó un oficio de la Corte Suprema, el mismo que fue colgado en el portal informativo del Poder Judicial en el cual ordenaban a la secretaria de la instancia suprema remitir la copia de lo resuelto, con lo que se daba por descontado que el caso había concluido y que ya existía una decisión que permitiría a los jueces de Chimbote continuar o postergar el juicio oral del caso SISA.

Sin embargo, la secretaria de la Sala Penal Suprema solo remitió un oficio y no anexó documento alguno, manteniendo la absoluta incertidumbre que existía al respecto y generando la airada reacción del Juez Efer Fiaz Uriarte que tiene a su cargo este caso, quien decidió remitir una vez más otro oficio conminatorio con cargo a la OCMA por lo que estaba ocurriendo con este proceso en el cual se dilataban los plazos por una información que no llegaba oportunamente.

Lo más vergonzoso estaba por llegar, pues desde la misma Sala Penal permanente de la Corte Suprema el pasado lunes 5 de este mes nos vienen a decir que hay discordia y que habrá vista de la causa el 14 de setiembre para que el sexto vocal se pronuncie en definitiva sobre este recurso, en otras palabras, el expediente no está resuelto, aún se encuentra pendiente de un pronunciamiento vía dirimencia porque los integrantes de la Sala Suprema no se han puesto de acuerdo y hay posiciones encontradas en relación a la decisión cuestionable que tomaron los magistrados de Chimbote.

Si esto pasó ¿Cómo es que la misma Sala Penal Suprema Permanente informó al juzgado que la causa estaba resuelta y ordenaban a la secretaria que remita los anexos pertinentes? ¿Por qué entonces la secretaria envió un oficio después de muchos días para dar cuenta de esta situación y omite anexar la ejecutoria correspondiente?.

Todo indica que hay quienes, desde la misma judicatura, buscan que ganar tiempo, están coadyuvando a que se dilaten los plazos y que se extienda esta situación porque le acomoda a alguna de las partes, lo cierto es que todo este barullo solo conspira contra la buena marcha de la administración de justicia y deja en el limbo el juicio oral que se debía haber iniciado hace casi un año atrás y que sigue postergándose una y otra vez.

Cierto es que las Salas de la Corte Suprema están en condiciones de hacer lo que se les viene en gana en virtud que representan a la última palabra en la administración de justicia, empero, a lo que no tienen derecho es a mentir de manera descarada para confundir y desorientar a un Juzgado que solo espera que se pronuncie sobre una incidencia que está afectando la continuación del proceso penal.

A lo largo de tantos años de ejercicio periodístico nunca nos encontramos con un escenario de este tipo, una verdadera quimera judicial que solo viene a perjudicar la continuación de un proceso que tiene relevancia en la colectividad chimbotana como que involucra nada menos que al hoy encarcelado ex presidente regional César Álvarez Aguilar. Es una lástima que la justicia sea manoseada por otros operadores del organismo jurisdiccional.