El movimiento de agentes de la Policía Judicial rodeando el recinto judicial en el cual la Sala Penal Liquidadora de la Corte del Santa desarrollaba la audiencia del caso emblemático conocido como “desratización”, no pudo dejar de llamar la atención, especialmente para quienes se encontraban sentados en el banquillo, pues era evidente que los efectivos fueron convocados por los magistrados para disponer una orden de aprehensión.
En efecto, el pasado martes los magistrados de este colegiado desarrollaban lo que se pensaba era la penúltima audiencia en la que se recepcionaban los alegatos de clausura del Ministerio Público y de la defensa técnica de los acusados, cuando al culminar ellos no se levantó la sesión sino que se dispuso dictar sentencia.
La presencia de más de una decena de efectivos de la Policía Judicial, era un índice inocultable que estábamos ante un fallo condenatorio y los rostros de preocupación de los acusados se advertían a simple vista.
Es que cuando se cita a una audiencia para dictar sentencia generalmente los acusados que se saben culpables o que son conscientes que los magistrados les aplicarán una pena efectiva, lo que hacen es ausentarse, solo envían a sus abogados para que apelen y se ocultan si es que se dispone su captura con la esperanza que en una instancia superior se revoque la condena y puedan salir nuevamente por las calles.
Sucedió con la alcaldesa Victoria Espinoza García, con ex consejero de Casma José Luis Lomparte y con muchos otros que prefirieron la clandestinidad antes que los barrotes de un establecimiento penal, de allí que ese sistema de la notificación no garantiza que se haga efectivamente justicia y los magistrados lo entendieron así.
Pese a que unas semanas antes habían dado a conocer una proyección de la secuencia de audiencias pendientes, la cual presuntamente culminaría el día de hoy martes con la sentencia final, la semana pasada se encontraron que tenían el tiempo suficiente como para cumplir con esta diligencia, la lectura de piezas y los alegatos no habían tomado tanto tiempo como el que calcularon y estaban en condiciones de dictar el fallo condenatorio, razón por la cual lo hicieron con todos los acusados en el banquillo.
Seguramente, estos consideraron junto a sus abogados que esa sería la última diligencia a la cual se presentaban pues la siguiente que sería de lectura de sentencia se mantendrían a buen recaudo a la espera de la decisión final, empero, los magistrados adelantaron las cosas porque ya estaban en condiciones de dictar la condena respectiva.
¿Esto ilegal? En absoluto, es una decisión de los magistrados y en ella predomina la disponibilidad de tiempo, no es tampoco una trampa como para coger del cuello a todos los sentenciados, por el contrario, es una sucesión de actos que establece la norma procesal y que se prioriza en la medida que de por medio se encuentra la obligatoria aplicación del principio de celeridad.
El resultado los conocemos todos, se ha condenado a pena efectiva a todos los que formaron parte de esta maraña que urdió un tinglado en la Sub Región Pacifico para defraudar sus arcas hasta por tres millones de soles, aquel proceso de licitación para efectuar una fumigación y desratización en la provincia del Santa para adjudicarse el servicio a empresas de fachada, las cuales finalmente no ejecutaron ni siquiera el 20% de los trabajos previstos en el expediente y de esta manera se embolsicaron sumas millonarias en perjuicio del erario regional.
Los hechos fueron descubiertos hace ya seis años atrás, apenas se ejecutó este proceso licitador y con la intervención de una empresa concesionaria en el país que comercializa el insecticida que se había previsto utilizar para este proceso, quien advirtió que su empresa no había vendido ese producto y llamaba la atención que en la Sub Región ya se había cancelado a los desratizadores cuando no compraron el producto, en otras palabras, estaban cobrando sin haber ejecutado el servicio.
Fue esa la advertencia para que, luego, se descubriera la dolosa manera como se concretó el fraude, no solo por la intervención de la Contraloría General de la República que hizo un lapidario informe al respecto, sino por las evidencias que por entonces sirvieron para iniciar una pesquisa como que este servicio le correspondía al área de salud y no a la Sub Región.
Inclusive, contribuyó a la acción probatoria la posición arribista de dos de los acusados que, a diferencia de lo que venían sosteniendo en este proceso penal, trataron de favorecerse con los beneficios procesales acogiéndose a una abortada conclusión anticipada, reconocieron su responsabilidad en los hechos pero descargando la mayor responsabilidad en el ex gerente y ex alcalde Luis Arroyo Rojas, pensaron que como aquel se encontraba preso en el Penal de “Piedras Gordas” por otros cargos, difícilmente se podría defender y contradecirlos, empero, se equivocaron.
Para poder plasmar esa coartada los dos “arrepentidos” se llevaron de encuentro a otros acusados, pretendieron sindicarlos también a ellos y lo que consiguieron es que los desmientan y los responsabilicen de los actos que dieron lugar al fraude, fue un intercambio de acusaciones que solo permitió a los magistrados corroborar que todos tenían su parte en este tinglado.
Finalmente, la Sala Penal ha condenado con diferentes penas efectivas a todos los implicados, ha sellado de esta manera una cerrada lucha contra la corrupción, sancionando con la debida drasticidad a quienes pretendieron burlarse de la buena fe de la comunidad Chimbotana esquilmando los recursos de las entidades públicas que los convocaron para una presunta buena administración de sus fondos.
Desde todos los sectores han saludado la decisión de la Sala Penal Liquidadora, gesto al cual nos sumamos porque ha optado por un mecanismo valiente y decidido, no ha permitido que se sigan burlando de los mandatos judiciales calculando los pasos de los jueces, se adelantaron y los enviaron al presidio, sin lugar a dudas un mérito judicial que no se puede dejar de reconocer porque solo rescata algo de la confianza que la opinión pública local y regional había perdido en la administración de justicia.