PLAZO
La semana pasada el Juez Javier Carrión Bassauri accedió al pedido del representante del Ministerio Público para ampliar por cuatro meses más la investigación que se sigue contra los integrantes de la temible banda “Los Patecos”, quienes se encuentran presos en diferentes penales del país. La medida obedece a la necesidad de contar con todas las pruebas necesarias al momento de formular acusación contra todos ellos, más aun si se tiene en cuenta que se trata de un proceso complejo que tiene a casi una decena de investigados, por lo que el juez accedió al pedido del Fiscal y la pesquisa se prolongará hasta el mes de febrero del año próximo. Aquí lo que se tiene que tener en cuenta es el rol del Ministerio Público como ente que tiene la carga de la prueba, es decir la responsabilidad de llevar adelante todas las diligencias en los plazos señalados pues en el caso de Los Patecos ya llevan 31 meses en prisión, lo que quiere decir que este plazo que se les ha concedido es el último que autoriza la ley, en caso no se formule la acusación en la fecha señalada los investigados pueden pedir su liberación. Se trata de la banda que sembró el terror en las calles de Chimbote, que las convirtió en un baño de sangre con los ajustes de cuentas y la incursión del sicariato. Richard Manuel Cano Castro, Lenner, Eric y Aidol Cruz Alejos, así como de Juan Carlos Ordoñez Campos y Yurico Palomino Cornejo, son los integrantes de esta gavilla que fue capturada por la Policía cuando realizaban prácticas de tiro con un fusil que tenía mira telescópica y que sirve para los crímenes selectivos, por lo que se presume que estos maleantes ingresarían una nueva fase de su accionar delictivo y se estaban preparando para ello. Confiamos en que la Fiscalía completará su volumen probatorio y presentará los cargos en fecha oportuna para que “Los Patecos” sean sometidos a juicio oral y sentenciados.
QUEJA
La pública denuncia formulada por un hombre entrado en años y apesadumbrado por el maltrato a sus tres nietos que no reciben el sustento alimentario por parte de su padre que está separado de su hija, debe merecer una atención por parte del presidente de la Corte Superior del Santa o los organismos de control. No conocemos las interioridades o los actuados que existen en el expediente, empero, el hecho descrito por Luis Humberto Herrera Infante, nos dice de una escandalosa ligereza en el tratamiento a la gente que no cumple con la pensión alimenticia, es decir, no solo con su obligación como padre de familia sino con su obligación con la justicia porque cuando existen devengados es porque sencillamente el obligado se sustrae a un mandato judicial. Sin embargo, a decir, de este hombre, en mérito a las denuncias que se hicieron porque Carlos Antonio Sánchez Tolentino no cumplió con su obligación, fue detenido y remitido a los calabozos, empero, no entiende porqué en menos de un día y sin haber cancelado un sol la Juez Patricia Peralta lo dejó en libertad. Para el quejoso por lo menos la juez debió exigirle que cancele todo lo que debe si es que tenía que dejarlo libre por alguna razón., pero eso de hacer todo un esfuerzo legal y policial para que lo capturen y lo dejen ir sin pagar nada es una burla para cualquiera. Esperamos que la justicia sea realmente accesible a quienes la merecen y no favorable a quienes se burlan de ella.
JUSTICIA
Dicen que “la justicia que tarda no es justicia”, sin embargo, hay casos en los cuales ni siquiera el paso de los años puede borrar las huellas de un delito y la persecución contra quinees infringen la ley. Este es el caso de Zarela Flores Zelada, una mujer que hace 16 años fugó de Chimbote con Danilo Cruz Rosales, quien por entonces se encontraba casado con Marleni Pérez Paredes. Esto ocurrió el año 2000, poco después que la última de las mencionadas fue hallada sin vida, pues había sido asesinada por los amantes para que puedan hacer una nueva relación, incluso, el sujeto no tuvo reparos en urdir este plan y cegar la vida de su entonces esposa a sabiendas que se encontraba gestando un hijo. La mujer fue detenida en la policía judicial de Moyobamba y ha sido trasladada a Chimbote en donde ya se encuentra recluida en el penal de Cambio Puente a la espera de ser sentenciada por la Sala Penal Liquidadora. Ahora dice que no sabe nada del crimen y que en una oportunidad su esposo le comunicó que el caso penal que tenían en Chimbote ya lo había arreglado, todo lo cual fue falso. El sujeto se encuentra aún prófugo y los tres hijos que procrearon se han quedado en la orfandad en Moyobamba. Bien dicen que “el crimen nunca paga”.