Quiere que lo excluyan. El exgerente general de la Cooperativa COOPEX, Oscar Omar Pantoja Barreto, quien firmó dos cartas fianzas en favor de Consorcio SALEM para obtener la buena pro y ejecutar el Coliseo Cerrado de Chimbote por encargo de la Sub Región El Pacífico; formuló un recurso de excepción de improcedencia de acción, para quedar fuera de las investigaciones.
Pantoja Barreto sostiene en su petición formulada ante el Juez de Control, Eudosio Escalante Arroyo, que los hechos que le imputan no constituyen delito, primero porque no tiene la condición de sujeto activo del delito de Colusión por presuntamente no haber participado en el proceso de selección materia de investigación, y; en segundo lugar, por no ser funcionario público, pues su patrocinado, sólo tenía la calidad de Gerente General de la empresa COOPEX.
En su pedido, el mismo que ya se corrió traslado a las partes procesales y será discutido en una audiencia pública de excepción de improcedencia de acción, próxima a programarse; Oscar Omar Pantoja Barreto reconoce haber suscrito las Cartas Fianzas N° 12-101210-2010/COOPEX y N° 13-101210-2010/COOPEX, para garantizar al Consorcio SALEM ante el Gobierno Regional de Ancash – Sub Región Pacífico, por la suma de 1 millón 670 mil 834.42 soles y 320 mil 834. 42 soles.
Notificado de esta pretensión, el Procurador Público Anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia anunció su oposición a la misma y recordó que el uso de estas cartas fianzas sin respaldo legal ni autorización de la SBS, originó una situación de peligro que puso en riesgo permanente la garantía en la ejecución de la obra, pues nunca hubo respaldo económico, ya que COOPEX, no tenía la solvencia para otorgarlas en la medida que no era fiscalizada por el ente rector en esta materia.
“La defensa del investigado Oscar Pantoja Barreto pretende justificar la atipicidad relativa en el hecho que como el investigado fue Gerente General de COOPEX, este no participó del proceso de selección materia de investigación, y mucho menos tiene la calidad de funcionario público, no habiendo podido intervenir directa o indirectamente en el proceso de selección materia de investigación, consecuentemente, a él no se le puede imputar el delito de Colusión por ausencia del elemento normativo del delito investigado; sin embargo, ello no es del todo cierto, pues en esta investigación del Coliseo Cerrado de CHIMBOTE estamos en etapa de investigación preparatoria y conforme a ello, la calificación jurídica del Ministerio Público es postulatoria, consecuentemente, el título habilitante del excepcionante aún no ha sido definida como de autor o cómplice conforme, por lo tanto, su pedido debe ser rechazado” manifestó el Procurador Richard Asmat Urcia.
En los próximos días, el Juez Eudosio Escalante Arroyo debe programar la audiencia de excepción de improcedencia de acción, para escuchar a las partes procesales y pronunciarse sobre el pedido, que podría dejar fuera de la investigación al gerente general de COOPEX en la investigación del caso Coliseo Cerrado de Chimbote.Â
OTROS INVESTIGADOS
Esta investigación preparatoria está dirigida en contra de los exgerentes de la Sub Región El Pacífico Pamela Bermúdez Rodríguez, Juan Carlos Gallo Zegarra, los exfuncionarios Enrique Bernardino Godoy Palacios, William Bejarano Rivera, Cecilia Alfaro García, Oscar Edward Salgado Olivos, Luis Caipo Paredes, Ángel Ancajima Timaná, Segundo Moncada Saucedo, Zena Zelmar Chavez Quispe, Milton Meléndez Luján Giovanni Montoya Siles, Luis Alberto Ponce Diaz, Ricardo de la Flor Estrada, Samuel Méndez Siccha, Luis Minaya Prieto y los dueños de la empresa contratista Anamelba Jacay Peña y Javier Pérez Claramunt.
La construcción del coliseo cerrado de Chimbote no sólo permanece abandonada, sino que además, existe un contundente informe de Contraloría General de la República en la que se advierten una serie de irregularidades no sólo en la elaboración del expediente técnico, sino que además, la manera cómo se simuló su existencia, para lanzar la licitación amañada en favor de Consorcio SALEM.
Estas irregularidades ocasionaron un perjuicio al Estado peruano de 7 millones 651 mil 36 soles, adicionales al pago total de la obra que fue de 23 millones, a pesar que su avance físico no llegó ni al 40%, además de haberse licitado sin acuerdo del Consejo Regional y sin previa opinión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Esta defraudación de 7 millones 651 mil 36 soles es la sumatoria de no haberse pagado penalidades por 3 millones 341 mil 668 soles por incumplimiento del plazo para entregar el expediente técnico y además por haber otorgado indebidamente adicionales de obra y ampliaciones de plazo que generaron un pago irregular por 4 millones 309 mil 368 soles.