Tal como lo advertía la agenda, el Consejo Regional de Ancash sancionó el pasado jueves la suspensión del gobernador regional Waldo Ríos Salcedo y dispuso en ese mismo acto que el acuerdo se remita al Jurado Nacional de Elecciones para que proceda a expedir las credenciales a su remplazante, empero, esto se cumplirá solo dentro de diez días pues el acuerdo es susceptible de reconsideración o apelación.
El acuerdo fue sancionado de manera unánime por los 23 consejeros que habían concurrido a la sesión, quienes de esta manera dejaron de lado las actitudes necias y franeleras y decretaron un acuerdo que lleva dos semanas de retraso por la condesciende actitud de notificar previamente al condenado Ríos Salcedo.
De esta manera, se espera que en el mas breve plazo posible el organismo electoral ratifique el acuerdo del consejo regional de Ancash y convoque al vice gobernador para que asuma el cargo provisionalmente y por el plazo de 120 días que establece la ley, para lo cual deberá expedir las credenciales correspondientes.
Entretanto, como ya es de dominio público el Vice gobernador Enrique Vargas Barrenechea ya viene ejerciendo las funciones y atribuciones de la Gobernación atendiendo al anterior acuerdo del consejo regional mediante el cual se le encargó el despacho ante la situación generada por el encarcelamiento de Waldo Ríos Salcedo, sin embargo, viene siendo obstaculizado por los funcionarios dejados por el anterior gobernador y hasta los organismos públicos le reclaman previamente que obtenga las credenciales para poder ejercer el cargo.
Lamentablemente, la ley está diseñada de esta manera, son formalismos absurdos que solo atentan contra la gobernabilidad de una institución y debería ser materia de debate a nivel del congreso de la república a efectos de dejar constancia en la ley una fórmula mediante la cual situaciones como las que padece Ancash tengan que remediarse con medidas inmediatas que no pueden esperar una credencial.
Y, es que este mismo caso se observó en Chimbote cuando la alcaldesa Victoria Espinoza mereció una condena a pena efectiva y la conducción de la comuna provincial del Santa quedó acéfala porque los regidores no accedieron a disponer la inmediata suspensión del cargo como lo determina la ley.
En aquella ocasión también reclamaron previamente que se entregue copia certificada de la sentencia condenatoria y que el acuerdo que sancionó la suspensión se eleve al organismo electoral a efectos que se entregue las credenciales al primer regidor y pueda remplazar oficialmente a la entonces sentenciada.
En esa oportunidad se cuestionó que el reemplazante de la alcaldesa haya firmado documentos antes que reciba las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones, algo que también reclaman los adeptos de Waldo Ríos y el mismo argumento con el cual los funcionarios de confianza de aquel se negaron a dejar los cargos y obedecer las decisiones de Enrique Vargas durante una semana.
Sin embargo, tal como lo han comprobado los consejeros regionales, en estos casos en los cuales la causal de la suspensión es una sentencia condenatoria y, consecuentemente, procede el encarcelamiento o la fuga de la autoridad, no existe nada que discutir como para emprender un proceso engorroso y cargado de protocolos que resultan sobrando.
Por ejemplo, los consejeros regionales quisieron ser “más papistas que el papa” y cuando el 05 de octubre pasado, es decir una semana después de la condena a Waldo Ríos, sesionaron para sancionar la suspensión, empero, decretaron solo el inicio del proceso de suspensión a efectos de cumplir con notificar al hoy suspendido gobernador en su centro de reclusión para que pudiera ejercer su derecho a la defensa, señalando que procedían de esta manera en razón que había que cumplir el debido proceso.
Sin embargo, los consejeros no fueron capaces de advertir que de por medio estaba la gobernabilidad de la Región Áncash, la necesidad de ungir en el mismo cargo a un funcionario que goce de todo el respaldo legal y las atribuciones que tiene un gobernador y, en ese sentido, eran conscientes que ese trámite conlleva a que se remitan los documentos al jurado nacional de elecciones a efectos que agilice la entrega de credenciales.
Esta suerte de capricho dio lugar a que se pierdan dos semanas en el proceso de notificación a Waldo Ríos Salcedo en el Penal de Cambio Puente, tanto por la vía notarial y en diligencia realizada personalmente por el consejero delegado, en la cual el encarcelado Waldo Ríos se negó a recibir la notificación.
Obviamente, tampoco ha acreditado a su abogado para que haga valer ese derecho a la defensa en el pleno regional realizado la semana pasada, razón por la cual se decretó su suspensión de manera unánime, sin embargo, seguimos pensando que solo ha sido una pérdida de tiempo, frente a una condena expedida por un organismo competente y en el marco de un proceso judicial en el que se le garantizaron todos los derechos contenidos en la ley y la Constitución, no existe argumento en contra que valga.
La suspensión de una autoridad sujeta a una condena a pena efectiva debe ser inmediata, no existe tiempo que perder en formulismos que no conducirán a nada, porque ante una condena solo caben los recursos impugnatorios ante la misma instancia judicial y esos derechos han sido ya garantizados al suspendido gobernador a través de su defensa.
Y es que en estos casos un mero raciocinio nos indica que si la autoridad que ha sido condenada se encuentra impedida en ejercer funciones, de nada vale estar realizando diligencias previas cuando el mandato de la autoridad judicial es contundente, solo puede modificarse por una instancia superior y no existe posibilidad que se revierta esta situación por lo menos en un año, si es que ello ocurre.
Lamentablemente, estas vacilaciones dan lugar a documentos intolerantes como el que ha remitido el Ministerio de Economía y Finanzas al gobernador Enrique Vargas señalando que para que pueda entregarle una nueva clave del SIAF se requiere que previamente recabe sus credenciales. De esta manera nadie puede avanzar, es como cerrar los ojos ante una realidad tan evidente. Esperemos ahora que esta lenta transición se consolide lo más pronto posible con el acuerdo del consejo regional ante el máximo organismo electoral.