Editorial

CUESTIÓN DE CONFIANZA

La Presidenta de la Junta de Fiscales del distrito Fiscal del Santa, Dra. Nancy Moreno Rivera, manifestó que el ex administrador Gino Reyes Roggero lo ha defraudado y ha deslindado cualquier accionar funcional de dicho funcionario con los escandalosos hechos que se han denunciado y que dieron lugar a una intervención de los órganos de control de la sede central de la Fiscalía de la Nación.

Como es de dominio público, la oficina de administración de la sede del Ministerio Público del santa fue intervenida hace dos semanas atrás al detectarse una serie de malos manejos que involucran el pago de servicios fantasmas y la sobrevalorización de las compras y servicios de dicha entidad, lo que dio lugar a que se aperture una investigación tanto a nivel administrativo como penal.

Sin embargo, en ese ínterin el denunciado ex Administrador hizo públicas revelaciones tratando de deslindar los cargos que se formularon en su contra y respecto a los cuales solo han trascendido a través de las informaciones que se han difundido en los medios de comunicación, habida cuenta que, debido a una pésima costumbre, esta clase de investigaciones se realizan bajo una exagerada reserva.

El Contador Público Gino Reyes Roggero no solo ejerció una defensa para sacar cuerpo de los cargos que se formulan en su contra, sino que decidió “incendiar la pradera” del Ministerio Público del Santa y señaló con el dedo acusador a otros trabajadores de la misma institución, sin identificarlos, como los promotores de estas falsas acusaciones con la finalidad de perjudicarlo y sacarlo del cargo.

En tal sentido ha señalado que desde que asumió el cargo había dispuesto una serie de medidas para enmendar los procedimientos de compras y adquisición de servicios, pues advirtió que existían algunos privilegiados que pese a trabajar en la misma institución tenían sus propias empresas a las que direccionaban las adjudicaciones, es decir, toda una maquinaria de corrupción que decidió cortar de raíz.

Por ello es que dice ser materia de denuncias que han sido maquilladas para darle un cariz delincuencial que, a su criterio, no existe en la medida que todas las cuentas están en orden y está dispuesto a demostrarlo ante las comisiones que se designen para investigar estos hechos, reiterando una y otra vez su inocencia. 

Sin embargo, la defensa de Reyes Roggero resultó toda una bomba al interior de la propia Fiscalía en la medida que, de ser cierto todo esto, coloca al Ministerio Público como una verdadera gavilla de sinvergüenzas en donde el mas avisado se aprovecha de los recursos públicos que se destinan para el adecuado funcionamiento de la institución, es decir, una entidad que se encuentra al mismo y descarado nivel de aquellas entidades contaminadas de corrupción  y que son investigadas “ni mas ni menos que por la misma Fiscalía”, como el gobierno regional, los municipios., etc.

Por ello es que la Presidenta de la institución no podía quedarse en silencio, tenía algo que decir ante semejante aseveración y en la medida que, de alguna manera, esas afirmaciones temerarias la exponían a una posible complicidad en los malos manejos, habida cuenta que el ex administrador era un funcionario de confianza y si estaba en este cargo es porque así lo había dispuesto la Dra. Nancy Moreno.

Y su deslinde fue categórico y contundente, no solo dijo que el denunciado lo había defraudado sino que durante el tiempo que estuvo al frente del cargo jamás le informó o comunicó de la existencia de trabajadores de la institución que tenían empresas a través de testaferros que se adjudicaban los servicios y menos aún que existiera una “mamadera” que había desterrado, como lo sostiene en sus argumentos de defensa.

Y es que hay una situación lógica que no puede soslayarse en este entuerto y que pone en serios aprietos al denunciado Gino Reyes Roggero, pues cuando existen escenario lúgubres y de marcado deterioro moral en una entidad pública, como ahora lo sostiene, no solo tenía que dar cuenta a su superior sino que debería haber identificado y denunciado penalmente a esos malos trabajadores que dicen le han “hecho la camita” con pruebas falsas que ahora lo han llevado a ser defenestrado del cargo.

Si no lo hizo en su debido momento es muy tarde para hacer esta clase de alegatos, lo compromete a él mismo por delito de omisión y lo coloca en un plan de vindicta personal frente a una pesquisa que lo ha puesto al descubierto y que, si todo se confirma, podría llevarlo a enfrentar serios cargos que comprometerán su libertad ambulatoria.

Lo que debe quedar claro es que el Ministerio Publico es el organismo que por mandato de la ley y la Constitución Política del Estado tiene el monopolio de la acción penal, como tal está llamado a investigar los delitos que cometen los funcionarios públicos y así lo hace desde hace muchos años, formulando denuncias y acusaciones contra funcionarios corrompidos que hoy abarrotan los presidios tanto en Chimbote como en Lima, de allí que tiene que dar el ejemplo en materia de trasparencia y honestidad.

No se ve nada bien que un organismo como la Fiscalía se encuentre demandando penas para los corruptos que se levantan en peso los recursos del estado, cuando en su propia institución existen funcionarios de la misma laya, que apelan a los mismos e impúdicos procedimientos para esquilmar los recursos que se le entregan para su funcionamiento.

Hace bien la Presidenta de la Junta de Fiscales al responder las descarnadas aseveraciones del ex administrador que ponen en tela de juicio a su institución, sin embargo, habrá que esperar los resultados de la investigación y confiar en que se encarguen ellas a los magistrados más preparados e idóneos, como ya se hizo entregando esta pesquisa a la Dra. Angélica Bayes Antúnez.

Urge no solo deslindar responsabilidades sino establecer que se trata de hechos aislados que fueron cometidos por alguien que pensó que jamás seria descubierto en una entidad que se dedica a fiscalizar a otras. Aquí existe una cuestión de confianza, la Dra. Nancy Moreno es quien llevó a Gino Reyes a ese cargo y, como tal, debe asumir administrativamente las consecuencias de los hechos de corrupción que éste ha protagonizado, de allí la necesidad de hacer un público deslinde sobre estos hechos.