INNECESARIO
Este jueves 17 se estará revisando en el pleno del Consejo Regional de Ancash un pedido de reconsideración que ha presentado la defensa del encarcelado ex gobernador Waldo Ríos Salcedo contra el acuerdo que lo suspendió del cargo. El pedido ha ingresado la semana pasada a la secretaria general del consejo regional y pese a que ya es extemporáneo, porque existe en la ley un plazo para que se formule, de todas maneras el consejero delegado lo ha incluido en la agenda para que los consejeros decidan qué hacer con este documento. Según se ha dicho, el pedido de reconsideración se sustenta en que se encuentran pendientes de resolver un recurso de nulidad que ha sido remitido a la corte suprema de la república y un recurso de Habeas Corpus que ha sido planteado en un Juzgado de Amazonas, en contra de la sentencia condenatoria que le impuso cinco años de cárcel a Waldo Ríos y lo ha llevado al penal de Huaraz, por lo que sus abogados piden que se deje sin efecto la suspensión hasta que se resuelvan estas articulaciones. Sin embargo, esto es absurdo e innecesario, primero porque ni el recurso de nulidad ni el Habeas Corpus tienen algo que ver con la suspensión que establece la ley, esta figura opera cuando la autoridad ha sido objeto de una medida judicial que lo priva de su libertad, es una medida transitoria de tal suerte que en cuanto varíe su condición antes que la sentencia quede firme, la autoridad podría volver a su cargo y se levanta la suspensión. Pero además de ello, esta reconsideración es innecesaria por que la suspensión no solo ha sido decretada por el consejo regional sino que, en mérito de una jurisprudencia vinculante, ha sido acogida de oficio por el Jurado Nacional de Elecciones y es la máxima instancia electoral quien la ha decretado y por ello ha expedido las credenciales con las cuales está ejerciendo funciones el gobernador provisional. Está demás todo lo que están haciendo en Huaraz, ni siquiera un acuerdo favorable a la reconsideración, lo cual es imposible que se produzca, podría variar las cosas en nuestra región. Solo una medida judicial que varíe la condición jurídica de Waldo Ríos podrá modificar su suspensión., más claro ni el agua.
AMENAZA
Será importante que la Policía Nacional agote las investigaciones en torno a las amenazas de muerte que recibió la sub gerente de Transporte, Joyci Rodríguez, por parte de desconocidos que enviaron a su celular mensajes de texto con la finalidad de amedrentarla. Es evidente que estas amenazas están vinculadas al transporte público de pasajeros, no puede ser una mera coincidencia que los mensajes lleguen luego que la funcionaria pusiera en marcha los operativos para intervenir los vehículos de transporte público que infraccionan las normas municipales y les aplique la nueva escala de multas que se ha establecido en la ordenanza municipal 024. No hay que ser un gitano para poder leer las entrelineas de este mensaje, de allí que se tiene que identificar a los autores, las autoridades no pueden trabajar en medio de una suerte de terrorismo blanco, en medio de amenazas cobardes que se ocultan en el anonimato pues lo que se busca es mantener el régimen de informalidad y desorden en el transporte urbano. Creemos que la Policía debe echar mano de especialistas para poder establecer el origen de estos mensajes amenazadores, existen expertos en informática que pueden llegar a identificar las líneas de donde provienen los mensajes y de esta manera llegar a los verdaderos mentores de esta política de terror que trata de espantar a los funcionarios ediles. Hay que llegar hasta el final, caiga quien caiga.
DEFICIENCIA
La liberación del hermano del alcalde de Tauca, Richard Alejos López, acusado de haber dado muerte a una persona y dejar gravemente herida a una mujer en un accidente de tránsito en la que conducía, aparentemente, en estado etílico, es un pésimo mensaje para la justicia. Un Habeas Corpus puso en la calle al individuo sin que se le exija ni siquiera el necesario resarcimiento a la víctima y sus deudos, así como a la paciente malherida. Todo ello solo porque la Policía no elaboró debidamente las actas del accidente y de la detención del individuo. Es el colmo que después de tres años y medio de vigencia de las nuevas normas procesales, existan efectivos policiales que aún no conocen los procedimientos y procuren que los tinterillos se agarren de ellos para liberar a la gente. El Jefe de la División Policial debe poner mayor celo en este tema.