Editorial

RUMBO AL FRACASO

El paro de transportistas realizado la semana pasada pasó virtualmente desapercibido para el grueso de la población pues el traslado de la masa trabajadora, estudiantil y las actividades en general se realizaron con normalidad, sin mayores restricciones que aquellas que generó la ausencia de un importante número de unidades en las calles.

La paralización fue convocada por la central de Transportistas que maneja el sempiterno dirigente Líder Saavedra Paredes, quien levantó a los diferentes comités que forman parte de su organización contra la Municipalidad Provincial del Santa arriando las banderas de una falsa reivindicación frente a la aprobación de una ordenanza que aprueba una nueva escala de multas por infracciones al ordenamiento del tráfico vehicular.

Los transportistas calificaron la disposición edil como un atropello y un abuso frente a sanciones que lo único que conseguirían es llevarlos a la quiebra porque sería imposible para ellos asumir el costo de estas multas, más aun cuando el incremento no guarda proporción si se tiene en cuenta que de 39 soles se incrementó a 3,900 soles.

Sin embargo, los dirigentes ocultan el verdadero trasfondo de esta medida municipal, no quieren ser honestos ni con sus agremiados y menos aun con ellos mismos al desnaturalizar el objetivo de la ordenanza municipal cual es el ordenamiento del tráfico vehicular del transporte público de pasajeros.

Ello porque la ordenanza no sanciona las infracciones que pueda cometer cualquier chofer mientras conduce su automóvil, como erróneamente se ha hecho creer a muchos, por el contrario, la norma sanciona a los choferes del transporte público que transgreden las disposiciones y solo promueven el caos en el transporte.

Esta nueva escala de multas sanciona al informal, a aquel que no cumple con su recorrido establecido, a quien promueve los paraderos informales, a los que suelen sacar las farolas de sus vehículos, a todos aquellos que hacen lo que se les viene en gana en el transporte público se pasajeros y con ello solo generan el caos y el desorden que prima en este sector eludiendo los requisitos esenciales como contar con una tarjeta de circulación y que solo hace más congestionadas las calles de Chimbote.

Por ello es que el Paro del pasado miércoles no tuvo la convocatoria que debería tener una verdadera paralización del transporte y una protesta que advierta un total rechazo a la norma municipal dentro de los propios transportistas, pues existe un grueso número de choferes que está de acuerdo con el incremento de la escala de multas porque entiende que ellas están destinadas a frenar quienes ensucian su actividad laboral, a quienes son los grandes responsables del caos y el desorden.

Un chofer que se gana la vida en el transporte de pasajeros, de manera honesta y correcta, cumpliendo las reglas de juego no tiene por qué temer que lo multen porque así como cualquier empresario que emprende un negocio y busca ganarse la vida con un restaurante, una librería o un negocio de cualquier giro, lo primero que hace es obtener la licencia de funcionamiento, es decir, acudir a la autoridad para que le permita sumarse a esta actividad cancelando los derechos que corresponde.

Quien no lo hace (como en el transporte es la tarjeta de circulación) es el informal que no solo generará desorden, sino que está acostumbrado a sacarle la vuelta a la ley y por ello siempre prestará un pésimo servicio, no cumplirá las rutas, invadirá los paraderos ajenos y se burlará de los pasajeros. Esa clase de transportistas son los que tienen que desaparecer y en eso estamos de acuerdo todos en Chimbote.

Por ello la posición que asumió la gestión de Victoria Espinoza cuenta con el respaldo mayoritario en la población, son los usuarios del transporte los que padecen las osadías de los choferes que no acatan las normas municipales, son los que deben lidiar con gente que no está acostumbrada a desempeñarse en un mundo civilizado, por ello el rechazo al paro de transportistas no nació solo en la actitud firme de la comuna provincial sino en la indiferencia masiva de los ciudadanos a una posición pertinaz de los transportistas.

De allí que el día de la paralización los ciudadanos contaron con servicio casi regular, no tuvieron problemas para desplazarse a sus centros de trabajo porque existió un grueso número de choferes que decidió salir a trabajar, imponiéndose a otro importante grupo de choferes que inicialmente no sacaron sus unidades por temor a los piquetes de huelguistas que nunca faltan para pretender obligarlos a que se sumen a la medida mediante la violencia.

Pese a ello, la presencia del transporte en las calles puso de manifiesto que la medida de la central de transportistas fue un virtual fracaso, se redujo a una mera manifestación por las calles del centro de la ciudad que puso en evidencia que la dirigencia no tiene respaldo para emprender medidas radicales como una paralización.

No se puede dejar de reconocer que la autoridad municipal tiene parte de responsabilidad en este entuerto al no haber convocado a las dirigencias gremiales para que se conforme la comisión mixta de transporte, una demanda tan antigua que se sucede de gestión en gestión entre los últimos alcaldes y no termina de reunirse para establecer las reglas de juego, esas que ahora han burlado los transportistas y que al pretender poner orden por la fuerza ha derivado en esta medida de paralización.

Esa comisión ya se ha formado el pasado fin de semana, la alcaldesa y sus principales funcionarios convocaron a los dirigentes que cuentan con representatividad legal, aquellos que tienen sus empresas debidamente asociadas y cuentan con una vigencia de poder que los acredita con la suficiente representación como para sentarse a dialogar en una misma mesa con la autoridad municipal.

Esperemos que este capítulo se cierre con las conclusiones a las que puedan llegar las autoridades y transportistas en la comisión mixta, que se llegue a consensos partiendo de la premisa que cualquier actividad es regulada por la autoridad y que la actividad de los transportistas se regula por normas que tienen como prioridad la calidad del servicio para los usuarios. Si hay aun dirigentes o seudo dirigentes que no entienden ello entonces comprenderemos que están rumbo al fracaso.