Gracias a un trabajo de inteligencia del grupo Terna de la Policía Nacional y de agentes de la Policía Fiscal, la semana pasada se puso al descubierto un escandaloso tranco de conservas de pescado que están destinadas a los programas sociales, las cuales eran sustraídas para ser comercializadas en el mercado negro.
La intervención se realizó en el puesto 13 del pabellón B del Mercado Mayorista “Tres Estrellas”, ubicado en el asentamiento humano del mismo nombre y en donde se sorprendió a varias personas cuando retiraban las etiquetas que llevaban la inscripción de municipalidades como la de Recuay, Huamachuco y de Lampa y pegaban otras etiquetas de marcas de conservas de alta demanda popular.
Un total de 800 cajas de conservas de pescado de distribución gratuita de los Programas de Complementación Alimentarias (PCA) de diversos Municipios del país y conservas de durazno fueron incautadas porque aparentemente cambiaban las etiquetas que llevaban puestas para colocar de conocidas marcas en el mercado.
Hasta donde se sabe, en días previos la Policía había hecho un seguimiento al personal que labora en dicho puesto comercial pues había recibido información confidencial que alertaba de la manipulación de alimentos que están destinados a beneficiarios de los programas sociales que se financian con recursos públicos que se entregan a las Municipalidades y que se manejan a través de los programas de alimentación complementaria. Precisamente, estos programas ediles son los que manejan los almacenes de alimentos, allí en donde se concentran las compras que se realizan a través de procesos de selección o licitaciones y que supuestamente garantizan una ración suficiente como para abastecer a los muchísimos comedores que pertenecen a dicho programa social.
Entonces, como se entiende que se encuentre esta mercadería, que solo debería estar en los almacenes de los Municipios, en un puesto del mercado mayorista que son alquilados por comerciantes que deberían tener esta clase de mercadería pero de giro comercial, por ello es que estaban sacando las etiquetas con las inscripciones ediles y les colocan de otras marcas, para que de esta manera puedan ser vendidas en los mercados locales. Inclusive, durante la intervención las personas que fueron sorprendidas en estas actividad aseguraron ante los agentes que ellos son comercializadores de productos y que la mercadería no era ilegal, empero, ingresaron en groseras contradicciones al tratar de explicar el origen de esta conserva de pescado y de durazno.
Primero ensayaron el argumento que se trataba de mercadería que había sobrado y fue devuelta por los Municipios porque no se adquirieron los lotes que se habían previsto, por ello estaban “reetiquetando” las latas porque ellas ya no formaban parte del programa social al cual fueron ofrecidas.
Sin embargo, posteriormente, la propietaria de la mercadería adujo que esta mercadería había sido adquirida a las empresas que las producen y venden a los Municipios y que al no haber sido adquiridas en su totalidad son ellos los que compran los saldos parta los efectos de colocarle otra etiqueta y venderla.
Sin embargo, esas alegaciones deberán ser materia de una exhaustiva investigación, si ello es así se tiene que demostrar con documentos fehacientes, empero, es difícil pensar que las empresas productoras fabriquen lotes por encima de las cantidades que se les pide en cada Municipio, por el contrario, en el local que fue intervenido se hallaron vestigios de lo que representaría no solo un escandaloso tráfico de alimentos destinados a programas sociales
sino de la delincuencial adulteración de estos alimentos para convertirlos en aptos para el consumo cuando no lo son.
Ello porque los agentes policiales encontraron además de etiquetas de diversas marcas de conservas de pescado, líquidos para borrar los códigos de las latas de conservas así como máquinas para consignar fechas diferentes a las que están registradas en fábrica. Esto es un hecho bastante delicado en la medida que de esta manera se recupera alimentos que ya están vencidos y que por recomendación de fábrica solo pueden ser consumidos hasta determinada fecha sin riesgo para la salud de las personas, empero, se cambian la fecha para permitir que aquellos que ya deben ser descartados se sigan ofreciendo al público con el grave riesgo que ello implica.
Hay de por medio un delito contra la propiedad industrial, empero, además de ello se tipifica un delito contra la salud pública, pues la intención de esta gente es el lucro, busca ganar dinero a sabiendas que el producto que están vendiendo ya no está apto para el consumo porque ellos mismos cambiaron las fechas de registro.
Si se trata de productos de consumo masivo, como son las conservas de pescado y de frutas, hay allí una responsabilidad mucho mayor en la medida que de esta manera se expone a una potencial intoxicación masiva de personas que sin saberlo compran un producto que ya debería ser descartado y que podría generarle serios trastornos a su salud. La investigación recién se ha iniciado, la Policía y el Ministerio Público tiene que identificar a los responsables y conocer, esencialmente, cual es la raíz de este tráfico de alimentos destinados a programas sociales, se tiene que llegar a saber quiénes están involucrados en la extracción de estos productos destinados a los sectores más pobres y que, de alguna manera, son sustraídos de los almacenes de los municipios o son desviados antes que ellos puedan ser almacenados.
Lo cierto es que la ley califica los delitos cuando ellos son cometidos por personas que son conscientes que los productos con los que trafican, que se apropian para si o que comercializan, están destinados a los programas sociales del gobierno o de las entidades que manejan recursos públicos.
No sabemos cuántas veces o cuantas personas están dedicadas a este escandaloso tráfico de alimentos destinados a los sectores más pobres del país, empero, es evidente que estamos ante un accionar delictivo descarado y cuyos responsables, una vez deslindadas las responsabilidades, se hacen merecedores a las penas más drásticas que establece nuestra legislación penal. De eso no debe caber duda alguna.