Después de un largo y prologado juicio oral, finalmente la Juez del Segundo Juzgado Unipersonal Transitorio de la Corte del Santa condenó a cinco años de pena efectiva al ex Decano del Colegio de Ingenieros de Chimbote, Hugo Rojas Rubio, dejando en suspenso la ejecución de la pena hasta que fuera revisada por la instancia superior a la que, ciertamente, será elevado en recurso de apelación.
Este fallo se dio a conocer en sus lineamientos generales, pues recién el día de hoy miércoles en audiencia pública deberá darse a conocer de manera íntegra a efectos que las partes procesales puedan hacer efectivo los recursos impugnatorios que les confiere la ley.
Como se recuerda, el ex Decano del Colegio de Ingenieros Hugo Rojas fue investigado por delito de Cohecho pasivo propio, luego que se difundiera un vídeo en el que se aprecia al sentenciado en una reunión privada con un empresario de la construcción, en la cual se escucha que pactan acuerdos ilícitos para el pago de una coima a cambio que se adjudique una obra en la Universidad Nacional del Santa.
Por entonces el Ingeniero Rojas Rubio se desempeñaba como presidente del comité de adjudicaciones de la Universidad Nacional del Santa, entidad que por entonces manejaba los millones de soles que percibe por concepto de canon minero y ejecutaba obras civiles para la mejora de su infraestructura dentro de su campus universitario.
La cita había sido pactada nada menos que por el ex Vicerrector administrativo de la UNS., Víctor Castro Zavaleta, quien finalmente ha sido también condenado a un año de pena privativa de la libertad suspendida por delito de Patrocinio Ilegal.
Lo cierto es que tras la difusión del vídeo, el Ministerio Público denunció penalmente estos hechos en la medida que involucraban un evidente acto de corrupción el mismo que solo pudo ser descubierto porque finalmente la licitación no se adjudicó por vicios en su procedimiento y el ex decano debió devolver el dinero aunque solo lo hizo en una parte por ello los afectados sacaron a la luz el vídeo de la corrupción.
En realidad, a nadie debería sorprender el fallo condenatorio impuesto por la Juez Sara Valdivieso Grandez en la medida que una de las pruebas concluyentes, al margen del video que es contundente, es la declaración del empresario Edwin Zeñas Pérez, el protagonista del vídeo y quien es el que se reúne en un establecimiento público con el Ingeniero Hugo Rojas y en donde pactan la coima a cambio de la adjudicación de la obra.
Este empresario se acogió al procedimiento de conclusión anticipada luego que el Ministerio Público formulara su requerimiento acusatorio y poco antes que se inicie el juicio oral, una figura procesal que implica que un investigado reconoce sus culpas, admite los cargos de la acusación y le facilita el trabajo a la justicia a cambio de una reducción en la pena que finalmente se le impondrá.
Este beneficio también lo pudieron tener los otros procesados, empero, solo el empresario se acogió a esta figura y era consciente que al haberse filtrado el video y al conocerse la evidencia de corrupción la condena era inminente y la pena efectiva de cárcel era el derrotero de este juicio penal, de allí que optó por lo sano y se acogió a un beneficio que si bien no lo exime de una sentencia condenatoria, por lo menos le permite cumplir la condena en libertad.
Sin embargo, en esencia la decisión del empresario dejaba a expensas de la irremediable sanción a los otros dos investigados, empero, pese a ello siguieron clamando inocencia y se sometieron al juicio oral en donde, no solo el empresario ratificó el comportamiento delictivo que tuvieron todos los involucrados y se arrepintió de lo que había hecho, sino que se visualizó el vídeo que dio lugar a este proceso y fue entonces cuando los medios de comunicación pudieron acceder a los diálogos íntegros entre el ex decano y el empresario que ofreció las coimas para adjudicarse la obra.
Lo que escuchamos todos en el recinto del juzgado fue más que evidente, no se pueden hacer alegaciones inoficiosas relacionadas con supuestas fallas procesales para reclamar la impunidad frente a estos hechos, la defensa de una persona se plasma sobre la base de pruebas y resulta ocioso pensar que en este caso no existen los medios suficientes como para decretar una drástica pena a los involucrados.
Incluso, desde hace unos dos o tres meses en que el empresario Rowin Zeñas se sometió a la terminación anticipada de proceso y se sentó en el banquillo de los acusados para ratificar los cargos que estaba formulando el ministerio público contra él y sus co-investigados, ya todos sabían que el final de este proceso penal era la sentencia condenatoria, tal como lo ha decretado la juez de la causa.
Sin embargo, la defensa está sustentando sus alegaciones en la existencia de una prueba ilícita que ha sido obtenida de manera irregular, con una grabación clandestina y, por lo tanto, no puede tener mérito probatorio, incluso, ha advertido que quien hace llegar este video es el mismo condenado porque era objeto de un chantaje por parte de terceros.
Empero, ya se ha calificado la condición de prueba licita o ilícita cuando se trata de grabaciones que se hacen de manera subrepticia y se ha apreciado que cuando ellas son capaces de demostrar o probar la comisión de un delito no pueden ser descalificadas aun cuando hayan sido obtenidas de manera ilegal, aun cuando se trate de grabaciones realizadas sin consentimiento de su autor, por lo tanto, las pruebas que han servido a la juez para condenar en este caso de coimas y sobornos no pueden desmerecerse.
Finalmente será la Sala Penal de Apelaciones la que determine la suerte del investigado Hugo Rojas Rubio y el funcionario de la Universidad Nacional de Santa Víctor Castro Zavaleta, lo que si nos deja este fallo es una posición justa e irreductible que se aprecia en la labor judicial de este año, con magistrados que sí están sancionando a la corrupción, que no han vacilado en tener que enviar a la cárcel a quienes han delinquido con el uso de los recursos públicos. Creemos que la sentencia contra Hugo Rojas no es la primera ni será la última que disponga el encarcelamiento de quienes abusaron de los cargos para aceptar coimas y dinero bajo la mesa.