Seguramente que en la agenda del Fiscal Felipe Elías Silva, quien está a cargo de la investigación del escandaloso desfalco en el área administrativa del Ministerio Publico del Santa, aún se encuentran pendientes muchas diligencias, sin embargo, con las que ha actuado hasta el momento le basta como para pasar a una nueva etapa de la pesquisas y, fundamentalmente, solicitar medidas restrictivas a los implicados.
En efecto, el Fiscal ha llegado a varios inmuebles en donde funcionan empresas cuyos comprobantes de pago aparecen en la Contabilidad del Ministerio Público como acreedores de pagos por servicios prestados a esta entidad, sin embargo, en muchas de ellas ni siquiera conocen las instalaciones de la Fiscalía., es decir, jamás han realizado trabajo alguno.
De esta manera se fueron corroborando lo cargos incriminatorios iniciales que recaen fundamentalmente sobre el ex administrador Gino Reyes Roggero, quien es investigado junto a otros dos empleados que manejaron las cuentas de la Fiscalía relacionadas con la contrataciones de servicios y en cuyos antecedentes se registran nada menos que trabajos fantasmas y pagos por servicios que jamás se prestaron.
No ha sido uno sola sino muchas empresas que ya ha visitado el Fiscal en donde los representantes legales no solo le han negado que hayan extendido un comprobante de pago porque ellos jamás trabajaron en la Fiscalía, sino que le mostraron sus registros de ventas en donde, efectivamente, no aparece registrado ningún comprobante de pago a favor de la Fiscalía y, por el contrario, los números de los documentos que existen en la institución estaban registrados a nombre de terceros.
Esto quiere decir que los ex empleados del área administrativa no solo se beneficiaron justificando el pago de servicios que no se prestaron sino que falsificaron y clonaron comprobantes de pago de empresas con las cuales jamás tuvieron vinculo comercial, lo que agrava sobremanera la conducta delictiva de los investigados.
El Fiscal se ha llevado copias fedateadas de todos estos registros de venta de empresas que han sido virtualmente utilizadas por los malos empleados de la Fiscalía., inclusive, el magistrado ha llegado a una empresa cuya propietaria confesó que le prestó 10 mil soles al ex administrador ante un requerimiento que le hizo de manera personal.
La empresaria dijo al Fiscal que Gino Reyes le pidió que lo apoye porque sus remesas presupuestales no habían llegado a tiempo y necesitaba cubrir el pago de ciertos servicios, por lo que le pidió un préstamo temporal que finalmente no pagó.
¿Cómo es posible que en una entidad pública el Administrador se vincule con los proveedores y solicite créditos de índole personal?. Lamentablemente esto ocurría en la Fiscalía de Chimbote, en donde el control y la fiscalización de los actos de función no existían, por lo que se ha visto y escuchado allí cada quien hacía lo que se le viene en gana y nadie le decía nada, no había gobierno y manejo gerencial que impida actos delincuenciales de este tipo.
Por ello es que la titular del Ministerio Público en ese entonces, la Dra. Nancy Teresa Moreno Rivera, ha sido comprendida como investigada por la Fiscalía Suprema de Control Interno que accedió al pedido formulado por la Procuraduría anticorrupción del Santa en el sentido que el desfalco perpetrado en esta institución es tan descarado que aquellos que nombraron a ese personal y no lo fiscalizaron deberían responder no solo administrativamente sino ante la ley penal.
La Fiscalía Suprema ha recogido el pedido de la procuraduría y ha solicitado a la ex Fiscal Decana un informe de descargo respecto a los hechos registrados en la institución que ha dirigido por más de dos años, por lo que de las diligencias que realice y de la información que solicite al Fiscal Felipe Elías, deberá determinar si somete a la referida magistrada a un proceso de índole penal o funcional, lo que se tendrá que resolver solo a ese nivel dada la investidura de Fiscal Superior de la emplazada.
Y es que los hechos registrados en el Ministerio Público del Santa no pueden ser producto del manejo irresponsable y ladino de una sola persona, es evidente que existe un concierto de voluntades que han permitido que los dineros remitidos por la Fiscalía de la Nación se pulvericen mediante acciones dolosas y maliciosas como la clonación de facturas, la compra de facturas en blanco y el registro de servicios que jamás se prestaron en el Ministerio Público.
Los hechos que se imputan son tan evidentes que llaman la atención que los responsables de esta entidad jamás se hayan percatado, como por ejemplo el lavado de cortinas que es una acción que está a la vista de medio mundo y que nunca se hizo pero en la contabilidad aparecían reiteradas facturas por el pago de ese servicio fantasmal.
Lo cierto es que en el curso de la última semana los chimbotanos han podido conocer el periplo que ha realizado el Fiscal a cargo de este escandaloso caso y han tomado conocimiento que virtualmente se han confirmado los graves cargos de imputación que se difundieron inicialmente, que existen ya responsables identificados y que la entidad debería no solo defender su patrimonio sino su prestigio frente a lo que ha sucedido.
Decimos esto porque a nivel de gobierno se suscitó un escándalo al tomarse conocimiento que el médico Carlos Moreno que asesoraba al Presidente de la República y maquinaba negociados de alto calibre, no solo no había sido sancionado sino que se le permitió que gozara de vacaciones y pretendía reincorporarse al mismo cargo.
Algo similar ocurre en el Ministerio Público de Chimbote, la ciudadanía observa como un Fiscal confirma todos los graves cargos que se han formulado el pasado mes de diciembre y el responsable de los mismos está gozando de vacaciones, seguramente se reincorporará a la institución y mientras se prolongue las pesquisas no le pasará absolutamente nada, lo cual es un despropósito porque tiene un tufo de impunidad.
Con las diligencias realizadas por el Fiscal creemos que ya cuenta con pruebas suficientes como para demandar medidas sancionadoras para quienes hicieron escarnio de los dineros públicos en la Fiscalía. Esto es más que evidente.