Editorial

Editorial: ::: UNA MEDIDA REPROCHABLE :::

¿Puede un individuo que ha delinquido a mano armada salir en libertad cuando ha cumplido menos de la mitad de años de la condena que se le impuso? La ley establece que esto es posible, sin embargo, la sapiencia del hombre, la inteligencia del magistrado debería anteponerse a una debilidad legal que expone a la sociedad con elementos que, ciertamente, no se han readaptado y mucho menos.

Sin embargo, este es el caso del delincuente Jaime Sánchez Cachay, más conocido en el mundo del hampa como “Piolín”, quien el pasado 27 de enero ha dejado atrás los barrotes de la celda que ocupó en el Penal “Piedras Gordas” de Lima y ha salido libre gracias al beneficio de la Semilibertad que le otorgó el juez Wilfredo Rueda en audiencia realizada en nuestra ciudad y que fue seguida por el ex recluso vía teleconferencia.

El sujeto estaba purgando una condena de 12 años de cárcel que le impuso la Corte Superior del Santa tras hallarlo responsable del delito de asalto y robo a mano armada y en banda, siendo confinado inicialmente en el Penal de Cambio Puente, curiosamente, cuando era buscado por otro delito, por el cruel y sanguinario atentado criminal perpetrado en la vivienda de Ezequiel Nolasco Campos, hecho ocurrido el 21 de Julio del año 2010 y en el cual asesinaron al hijo político del ex consejero regional, Roberto Torres Blas.

El abogado del delincuente sustentó ante el Juez y el Fiscal del caso que su patrocinado había cumplido cinco años de cárcel efectiva desde el 2011 cuando fue capturado, período que se suma a los siete años de redención de la pena por el trabajo que había sustentado ante el Instituto Nacional Penitenciario en el cual lo beneficiaron con la disminución de cinco días de pena por uno de trabajo.

Inclusive, el abogado dio lectura a un informe del equipo técnico del INPE que señalaba que el entonces recluso Jaime Sánchez Cachay había observado buena conducta, algo que muchos ponen en tela de juicio a juzgar por el prontuario que cosechó durante su vida delictiva que ha sido realmente agitada.

Y es que al margen de este proceso penal en el que fue condenado, Jaime Sánchez Cachay es conocido por el atentado en la vivienda de Ezequiel Nolasco, fue comprendido en el Atestado Policial que elaboró en su momento en la Policía y fue involucrado junto a un grupo de delincuentes en estos hechos en mérito, fundamentalmente, a las declaraciones que prestara en aquel año la denominada testigos clave Hilda Saldarriaga Bracamonte, quien a la postre fue asesinada para silenciarla.

Justamente, Sánchez Cachay fue perseguido y detenido por este atentado criminal que fue uno de los casos emblemáticos que dominaron la agenda política y policial de aquellos años en que estaba vigente una red de corrupción en nuestra región, sin embargo, cuando cayeron los poderes de la corrupción todos estos maleantes fueron aprehendidos.

Sin embargo, pese a que la testigo y la propia Policía consiguieron vincular a “Piolín” con el atentado a la vivienda de Ezequiel Nolasco, pese a que existen documentos que los involucran en el grupo que asaltó el hogar del ex consejero regional, la justicia absolvió de los cargos a dicho sujeto y otros más, solo condenó a Edinson Torres Corso (a) Chilipino” a pesar que este sujeto era su entorno.

No se puede soslayar que la figura de Jaime Sánchez Cachay aparece en la palestra de la mano con la incursión de la delincuencia a los gremios de construcción civil y los grupos de seguridad del gobierno regional de Ancash, durante la gestión de César Álvarez Aguilar se permitió que organizaciones criminales manejen los cupos de las obras a cambio de seguridad y con ello se contaminó de sangre y muerte las disputas de las obras civiles y allí están las estadísticas policiales que no nos dejarán mentir.

De allí que Jaime Sánchez Cachay fue un elemento sumamente peligroso que debió ser sancionado por su infiltración en este sistema delincuencial de enriquecimiento de los cupos de las obras públicas, por lo menos se debió deslindar con jueces ajenos a la red de corrupción el proceso penal que se siguió contra los autores del crimen de Roberto Blas y el ataque armado a Ezequiel Nolasco en su vivienda.

Sin embargo, ese caso quedó archivado con ejecutoria de la Corte Suprema que ha sido recientemente recusada por la hija del extinto consejero regional, Fiorela Nolasco Blas, quien no ha podido mantenerse indiferente a tan chocante fallo de la justicia que pone en la calle a un elemento que estuvo vinculado a las fibras del delito y la corrupción.

Seguramente que los magistrados podrán decir que la ley beneficia a este individuo y que el INPE emitió los informes técnicos favorables a su readaptación, sin embargo, los magistrados son conscientes que esos documentos se manejan de manera controversial y muchos dudan, por ejemplo, que el liberado haya realizado trabajos durante cinco años para poder ser beneficiados con la redención de la pena por el trabajo.

Inclusive, el Juez de la causa pudo demandar una precisión o demandar un alcance respecto a estos documentos porque su labor es defender a la sociedad, proteger a quienes desde afuera puedan ser pasibles de un hecho lesivo por parte de quienes abandonan los recintos penitenciarios sin haber superado los niveles de readaptación que demanda la ley.

Sin embargo, nada de ello se ha apreciado en este caso, peor aun cuando se le preguntó al Fiscal provincial si se mostraba de acuerdo con la decisión respondió afirmativamente, se mostró partidario de una medida judicial que es perjudicial a la sociedad en su conjunto y su rol en el proceso penal es, precisamente, defender a la sociedad en juicio.

La joven Fiorella Nolasco ha fustigado al Poder Judicial con este nuevo fallo, no solo los ha responsabilizado por su seguridad sino que recuerda que desde hace siete años que asesinaron a su hermano y desde hace tres años que asesinaron a su padre hasta el momento no ha hallado justicia, los magistrado no son capaces de encerrar de por vida a los asesinos de sus familiares a los cuales persiguieron descaradamente en vida y eso no lo toman en cuenta los jueces permisivos y contemplativos que solo han expedido resoluciones favorables a los mafiosos de Ancash. No hay lugar a dudas entonces que estamos ante una medida reprochable.