PESQUISA
No cabe duda que el colectivo civil por la reivindicación de Ancash, REMA, no se traga el cuento ese que la furia de la naturaleza ha dejado incalculables daños en nuestra provincia, para la junta directiva de este colectivo civil, integrado por colegios profesionales y gremios sindicales, el desastre registrado tiene culpables y deben ser sancionados. Ellos argumentan que existe una ley 29664 que obliga a las autoridades de todos los niveles de la administración pública al cumplimiento estricto de la prevención de los desastres naturales, obliga a formular un plan de organización, supervisión, fiscalización u ejecución de prevención de riesgos y desastres. Sin embargo, considera que esto no se ha cumplido en la provincia del santa ni en la región Áncash y pone solo como ejemplo que el gobierno regional de Áncash ha gastado solo el 3.3% de los 37 millones de soles que tenía reservado para prevención de desastres. En tal sentido, considera que la Contraloría general de la república debería investigar al Gobierno regional como la Municipalidad Provincial del Santa para deslindar responsabilidades, asimismo demanda que el Ministerio Público, de oficio, aperture procesos penales a las autoridades que emitieron certificados o constancias de posesiones de terrenos para viviendas en las riberas de los ríos y que se haga conocer a la población la programación de obras que se tiene previsto o se han iniciado en aplicación de los 100 mil soles que el gobierno central ha remitido para hacer frente a la emergencia. Los representantes de la sociedad civil están completamente decepcionados con las entidades que deberían haber tomado acciones preventivas, no es posible que una lluvia torrencial haya dejado a la provincia sin agua, haya procurado el corte de energía, el colapso de los servicios de alcantarillado y la caída del sistema de telefonía e internet, ni que decir de los desbordes e inundaciones. Parece que después de la asistencia a los damnificados deberán verse esos temas sí o sí .
MARCAS
Las correrías que ha obligado la emergencia generada por las lluvias y desbordes en nuestra ciudad en las últimas semanas, ha dejado en un segundo plano algunos hechos policiales, uno de los cuales fue el asalto a una mujer en la parte exterior de un banco en el que se aprestaba a depositar nada menos que 162 mil soles que momentos antes había retirado de otra entidad financiera ubicada a solo una cuadra de lugar donde se produjo el robo. Y es que muchos se peguntan como era posible que los delincuentes tuvieran conocimiento que la agraviada había retirado semejante suma de dinero, nuevamente se pone en tela de juicio las presumibles complicidades en esta clase de atracos. Y es que en este caso surgen muchas interrogantes: ¿Cómo sabían los delincuentes que la agraviada había retirado la impresionante suma de dinero? ¿Cómo es posible que una sola mujer acuda a retirar semejante cifra sin tener una sola compañía? ¿Por qué se retira tanto dinero en efectivo si ahora existen sistemas de transferencia por vía informática y hasta cheques de gerencia que evitan caminar con tanto efectivo? Este hecho como muchos otros anteriores deja sembrada una serie de dudas y lo más curioso es que hasta la fecha la Policía no ha podido identificar a ninguno de estos delincuentes como para conocer quiénes son los que le entregan la información de los grandes retiros de dinero. Hace unos años en un asalto similar el agraviado encontró un teléfono celular que se le había caído a uno de los delincuentes que lo interceptó después de salir del banco y lo que llamó la atención es que la última llamada que registraba ese equipo era del numero fijo del mismo Banco. No se sabe si este hecho fue investigado y que se pudo obtener de esta valiosa prueba, lo cierto es que hechos de esta similar naturaleza se siguen perpetrando con pasmosa impunidad en nuestra ciudad.
PENAS
Por un error involuntario, en el subtítulo de la información principal que publicamos en nuestra edición de ayer, relacionada con la sentencia adelantada que pronunció la juez Patricia Peralta Gambini, se consigna que tanto el ex alcalde Luis Arroyo Rojas como el dirigente de los transportistas de la provincia del santa, Líder Saavedra Paredes fueron condenados a la pena de cuatro años con 8 meses, cuando en realidad el fallo establece solo 4 años de pena suspendida en un año 6 meses en los que estarán sujetos a ciertas normas de conducta. El dirigente Líder Saavedra sí estuvo presente en la diligencia, retirándose sin prestar declaraciones ni expresar su conformidad o disconformidad, hecho que podrá hacer el próximo 17 de abril cuando se lea la sentencia en forma íntegra.