El secretario general del Sindicato de Pescadores “José Olaya Balandra” de Chimbote, gremio que agrupa a cientos de trabajadores de la pesca de varias empresas de nuestro Puerto, ha denunciado que viene siendo víctima de cobardes amenazas anónimas que le llegan vía telefónica y por intermedio de reglajes que vienen haciendo en su propio domicilio.
Santiago Bocanegra Mejía ha formulado esta gravísima denuncia públicamente desde los salones del congreso de la república, órgano legislativo al cual llegó con la finalidad de solicitar al presidente de la comisión de trabajo del parlamento se sirva oficiar los documentos al Ministerio del Interior a efectos que se tenga conocimiento de lo que viene aconteciendo en el sector pesquero de Chimbote.
Lo lamentable, tal como lo ha expuesto Bocanegra Mejía, es que estas amenazas anónimas han aparecido luego que el dirigente emprendiera una lucha encabezando la protesta de miles de pescadores de Chimbote y otros puntos del país demandando el pago de las utilidades que muchas empresas pesqueras no pagan o cancelan de manera mínima por la existencia de un escandaloso maquillaje de sus contabilidades.
Las amenazas, a decir de la denuncia, llegan a través del hilo telefónico y han llegado a involucrar a su familia, pues su hija ha recibido extrañas llamadas en la que le preguntan si es familiar de Santiago Bocanegra, o en su propio domicilio merodean mototaxis, motocicletas y hasta vehículos cuyos ocupantes andan indagando entre los vecinos donde vive el conocido dirigente, con la única finalidad de llevar un mensaje de amedrentamiento a su persona.
El dirigente ha señalado sin pelos ni señales en el congreso de la república que estas amenazas salen de la empresa pesquera Hayduk, responden a la acción sindical de protesta que iniciaron dos semanas antes y que derivaron en enfrentamientos con la Policía Nacional en el frontis de esta compañía pesquera, en donde inclusive en un exceso policial detuvieron a dos pescadores.
Al respecto, el dirigente no ha vacilado en señalar el extraño comportamiento de la Policía Nacional y de la propia Subprefectura de la Provincia del Santa, pues a pesar que realizaban una protesta pacífica y contaban inicialmente con el permiso subprefectural, de pronto un contingente de efectivos la emprendió de manera violenta contra ellos, como si respondieran a los dictados de los funcionarios de la pesquera.
Pero esta denuncia, que los medios locales tomaron de las conferencias que se realizan en el parlamento Nacional, se amplió un día después en nuestra ciudad cuando el dirigente, acompañado siempre del asesor de este gremio César Córdova Ponce, llegaron esta vez a la Subprefectura de la provincia del Santa para presentar formalmente un pedido de garantías personales y garantías para su familia frente a las mismas amenazas que ha venido recibiendo en los últimos días.
Es aquí en donde el afectado ha explicado las razones por las cuales considera que los actos de amedrentamiento proceden de la empresa pesquera Hayduk, pues señala que ello es sí desde que ha ingresado el nuevo administrador, Luis González Espejo, puesto que antes que llegue este funcionario, habían otros con los que se podía conversar, pese a los típicos entrampamientos con el tema laboral, pero aquel “ha implementado prácticas abusivas”, dijo el dirigente a la prensa
De allí que las autoridades tienen una pista sobre la cual trabajar para poder establecer si las amenazas que viene recibiendo el dirigente del gremio de pescadores procede realmente de los funcionarios que responden al poder económico de los “barones de la pesca”, más aun cuando no puede ser solo una mera coincidencia que los actos de amedrentamientos se presenten justo cuando el gremio que encabeza Santiago Bocanegra ha emprendido una protesta que poco a poco va creciendo y está tomando caracteres nacionales porque el temor de los pescadores ya no es el mismo cuando se trata de defender sus derechos.
Y es que las autoridades están en la obligación no solo de atender la denuncia de un ciudadano sino que en este caso especial se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y agotar todos los procedimientos necesarios a efectos de deslindar responsabilidades, pues no se puede admitir que se introduzcan prácticas mafiosas y delincuenciales en un tema estrictamente laboral como es el que plantean los pescadores a partir de lo que consideran el injusto pago de sus utilidades.
Si existen llamadas y mensajes de texto amenazantes no creemos que los expertos de la División de alta tecnología de la Policía Nacional no fueran capaces de descifrar y de llegar hasta los autores de las mismas, si existe reglaje basta con un seguimiento para identificar vehículos y personas, empero, se requiere voluntad de la autoridad.
Puede que las sospechas del dirigente no resulten ceritas, empero, son justas y pertinentes a estas alturas en la que se juegan poderosos intereses económicos de por medio, cuando las empresas pesqueras, acostumbradas a manejar estos temas con ciertos arreglos de negociaciones, advierten que se genera una corriente de rebeldía laboral que enarbola banderas que ellos no quieren que se levanten.
Lo que no llegamos a entender cómo es que se apelan a procedimientos ilícitos y delictivos para tratar de acallar la protesta laboral, cuando la masa trabajadora no está exigiendo nada que no fuera ilegal, o indebido, solo reclama por qué no se les paga o que si se les cancela se hace en cifras mínimas y lo que exigen es que las empresas pesqueras muestren su acervo contable que le ha permitido establecer que no tienen utilidades, ello solo desean revisar y determinar las razones por las cuales desde hace tres años se han quedado sin pagos o les han entregado migajas.
Resulta contraproducente que el dirigente sindical tenga que recurrir por garantías a las mismas entidades que ha advertido que observaron un comportamiento suspicaz cuando protestaron en el frontis de la pesquera HAYDUK, sin embargo, el procedimiento lo establece de esta manera, de allí que solo habrá que esperar que estas instancias respondan con imparcialidad y transparencia, pues tienen que comprender que existen maniobras pusilánimes que deben ser duramente sancionadas a efectos de impedir que el derecho de un trabajador sea vea opacado por el uso de la violencia.