Hace unos años los choferes particulares y transportistas de la ciudad se vieron sorprendidos con sorpresivas notificaciones de papeletas que les habían colocado por supuesta infracción de tránsito y los obligaban a pagar fuertes sumas de dinero sin que si quiera ellos se hubieran percatado que realmente hayan incurrido en falta.
Esta intervención inconsulta era la secuela de un acuerdo de concejo que se aprobó en la gestión del ex alcalde Luis Arroyo Rojas mediante la cual se estableció el servicio de infracciones electrónicas, más conocido en el vulgo como las fotopapeletas, un mecanismo que en la capital de la república también había generado serios contratiempos.
Y es que a diferencia de una intervención regular de la Policía de Tránsito que detiene el vehículo, advierte al chofer la infracción en la que había incurrido y le entrega la papeleta de infracción, en esta oportunidad el chofer ni siquiera conocía que podría haber cometido una infracción, sencillamente le hacían llegar una papeleta con una fotografía del lugar en donde supuestamente se había incurrido en infracción y cada quien estaba obligado a pagar bajo apercibimiento de la ejecución forzada de esa multa.
Al margen del deficiente servicio de estas empresas, lo que llamó la atención es que se haya implementado con una empresa que ni siquiera contaba con una oficina en la ciudad y con un sistema que requería de implementación tecnológica, de medidores con sensores para determinar el exceso de velocidad, con cámaras de captación instantánea y las señalizaciones como para que el chofer no incurra, por ejemplo, en exceso de velocidad, lo que quería decir que era contraproducente que exista este servicio.
Este escándalo dio lugar a que se conociera que este servicio se había adjudicado a una desconocida empresa a través de un acuerdo de concejo que le entregaba directamente un servicio que debería haber sido decidido a través de un proceso de selección y con propuestas de diversas empresas.
Esto es lo que dio lugar a una denuncia penal y hasta un pedido de vacancia que fue finalmente desestimado, sin embargo, la semana pasada ha concluido el proceso penal y el Juez de la causa ha condenado al ex alcalde Luis Arroyo Rojas pero absuelve a todos los regidores que aprobaron el ilegal acuerdo, así como a la representante de la empresa concesionaria y la funcionaria de Transporte que estuvo a cargo de este proceso.
Ello porque el magistrado Efer Díaz Uriarte considera que no se configura el delito de colusión luego que la secretaria general de entonces, hoy por hoy juez en el Poder Judicial, admitió que había incurrido en un error en la elaboración del acta y consignó erróneamente que se había adjudicado el servicio cuando en realidad solo se había aprobado la concesión del mismo.
Sin embargo, para el magistrado la responsabilidad recae sobre el ex burgomaestre en la figura de negociación incompatible, cuando no habiéndose acreditado que se haya beneficiado personalmente con esta adjudicación si existe un beneficio para un tercero, más aun cuando recoge el testimonio de la ex secretaria General en el sentido que advirtió al alcalde de su error pero este siguió con los trámites.
Lo extraño en todo este caso es que la única prueba que existe de la ilegal concesión del servicio de fotopapeletas es el acta de la sesión de concejo, esa que señala que se entrega el servicio sin licitación a la empresa Zaikafer y que los ex regidores recusaron señalando que ellos aprobaron la concesión del servicio mas no la adjudicación.
Sin embargo, lo que no ha tomado en cuenta el magistrado es que las sesiones de concejo de graban en audio y vídeo, de tal suerte que la manera de establecer si en realidad ha existido solo un error de la ex funcionaria era visualizando el mismo, empero, extrañamente en el Municipio desapareció esa copia fílmica, lo que deja mucho que desear y nos lleva a pensar que se destruyó esa prueba con fines de impunidad.
Para quienes hemos seguido este caso solo se podía resolver de una manera, todos son responsables o ninguno puede responder ante el candoroso testimonio de la ex funcionaria que dice se equivocó en redactar el acta a pesar de su experiencia como abogada. El Juez solo ha condenado al ex alcalde Luis Arroyo Rojas, lo que parece un contrasentido en la medida que si existe responsabilidad penal ella debería recaer en todos los que tomaron parte en el acuerdo de concejo. Habrá que esperar a ver que decidirá la instancia superior.
LA VOZ DECISIVA
Si la memoria no nos traiciona, la suerte de la alcaldesa de Macate, Erika Pérez Ruiz, estaba virtualmente echada poco antes de llegar al proceso de consulta popular de revocatoria, en la que estaba en juego su permanencia en el cargo.
Ello porque los promotores de la demanda de revocatoria habían emprendido una campaña de denuncias que no solo trasuntaron el tema judicial, sino que llegaron al terreno electoral en la medida que esos mismos cuestionamientos fueron utilizados para demandar hasta tres veces su vacancia en el cargo.
Claro está que estos intentos fueron igualmente desestimados y los enemigos de la burgomaestre apelaron a la consulta de revocatoria como ultima arma para destronarla, sin embargo, este proceso ha concluido el pasado domingo sin que hayan conseguido nuevamente el objetivo, la mayoría de la población macatina ha respaldado a la alcaldesa y ella se mantendrá en el cargo.
Por el contrario, uno de los regidores que promovieron su salida del cargo ha sido finalmente revocado en este mismo proceso de consulta popular y será remplazado por el accesitario de la lista en la que postuló.
Esto demuestra una vez más que los procesos de revocatoria pueden ser manejados de acuerdo a los intereses de grupo pero finalmente la voz decisiva la tiene el pueblo, es el soberano quien advierte cuando existen manejos turbios que solo tratan de torcer la voluntad popular. Los resultados de Macate lo dicen todo.