Jueza Susana Quispe Trujillo, realizará control de acusación por defraudación.
Los representantes legales de Consorcio Buenos Aires, la cuestionada empresa que dejó abandonada la construcción del colegio “Augusto Salazar Bondy”, no solo enfrentan una investigación por la presunta comisión del delito de colusión junto a ex funcionarios de la Sub Región El Pacífico; sino que también han sido acusados del delito de defraudación tributaria donde la Fiscalía ha solicitado una pena de 10 años de prisión efectiva.
Se trata de Fanny Estela Ortega Torres de Carrillo y Alexander Rafael Eustaquio Quispe, quienes junto a un grupo de proveedores, para quienes también se ha solicitado la misma pena de cárcel (10); se pusieron de acuerdo para defraudar al Estado, mediante un registro de compras falso, es decir, operaciones no reales que tuvieron como único propósito hacerlos pasar como crédito fiscal para reducir el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV).
Según la Fiscalía, estas operaciones de compras de bienes y servicios no se habían realizado, eran falsas y causaron un perjuicio al Estado por el importe de 240 mil 059 soles; todo lo cual fue detectado inicialmente por un informe de indicios tributarios elaborado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
Las compras fueron realizadas con cargo a la obra de reconstrucción del Colegio “Augusto Salazar Bondy” de Nuevo Chimbote que licitó la Sub Región El Pacífico por más de 7 millones de soles. Justamente, la SUNAT intervino y fiscalizó tributariamente esta obra, como parte de una disposición legal que ordenó revisar la documentación de los proyectos mayores a 250 mil soles en la Región Ancash.
ACUSACIÓN FISCAL
La acusación fiscal de 10 años de prisión efectiva y 1100 días multa está dirigida contra los representantes de Consorcio Buenos Aires, Fanny Estela Ortega Torres de Carrillo y Alexander Rafael Eustaquio Quispe así como los supuestos proveedores Miguel Ángel Casanova Fuentes, Daniel Carlos Andrés Venegas Olivo, Johnny Edgardo Hernández Miranda y los hermanos Wilfredo y Luis Eduardo Venegas Arroyo.
También figuran en la acusación, el técnico contable Fabián Lorenzo Toledo Bustamante y el asesor legal Roberto Wilfredo Salinas Flores, ambos ex trabajadores de Consorcio Buenos Aires, quienes tramitaron y dieron validez a las supuestas adquisiciones de bienes y servicios que solo tuvo como propósito, reducir el pago del impuesto general a las ventas (IGV).
Según el Fiscal Provincial Penal de Nuevo Chimbote, Waldo Frank Benites Zapata, durante el periodo julio del 2012 a junio del 2013, tras la revisión de registro de compras, libro diario, libro mayor y libro de cajas y bancos, así como comprobantes de pagos, más el cruce de información y una serie de informaciones adicionales; se pudo advertir operaciones comerciales fantasmas por 240 mil 059 soles, monto que actualizado con intereses al 16 de mayo del 2014, asciende a la suma de 297 mil 944 soles.
“La comisión del delito de defraudación tributaria se ha configurado por la actuación conjunta y concertada tanto de los representantes legales, personal de confianza y contable de Consorcio Buenos Aires como de proveedores de bienes y servicios, generando un crédito fiscal indebido en perjuicio del Estado” señala la acusación del Ministerio Público.
Entre los elementos de convicción que sustentan la acusación fiscal figuran las declaraciones de los dueños de las empresas de transporte de carga, quienes han negado haber brindado servicios en favor de Consorcio Buenos Aires. Estos son Patricia Varvis Bonifacio, Víctor Raúl Quijano Delgado, Félix Giraldo Díaz, William Gilberto López Zegarra, Yuli Marlena Bonilla Tapia, Carlos Martín López Zegarra y Santos Vicente Aguirre Neyra.
El informe de la SUNAT que puso al descubierto esta modalidad ilegal de defraudar al Estado está firmado por los peritos César Augusto Cabrera Chiza y Mirtha Judith Lescano Cipirán, todo lo cual fue corroborado por el perito designado posteriormente por el Ministerio Público.
PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO
En este mismo proceso penal, el Ministerio Público solicitó el archivo (sobreseimiento) de la investigación en contra de Héctor Altamirano Castañeda, representante legal de la empresa Proyectos y Construcciones Perú S.A.C., que integró Consorcio Buenos Aires así como de José Manuel Gonzales Vergaray, quien gestionó y presentó a los tres integrantes del Consorcio.
El Fiscal Waldo Frank Benites Zapata aduce que no tuvieron participación activa en el acto doloso, sin embargo, en audiencia pública realizada el último 22 de junio, la Jueza Susana Quispe Trujillo, luego de escuchar los argumentos del representante del Ministerio Público y la oposición de la abogada de la SUNAT, quien solicitó se les incluya en la acusación; dejó al voto su decisión y se pronunciará en el plazo de ley para luego programar la continuación de la audiencia de control de acusación.