Esta semana se han reiniciado las clases escolares después de más de 40 días de huelga de los docentes de la mayor parte del país, quienes decidieron dejar de laborar con la finalidad de presionar al gobierno al cumplimiento de sus demandas, algunas justificadas otras absurdas y politiqueras.
La huelga se suspendió más que nada por cansancio y aburrimiento que por el convencimiento de una dirigencia radical hacia el respeto que se merecen no solo los padres de familia que en determinado momento los apoyaron a ciegas, sino por los alumnos que, en este afán, resultaron siendo los más perjudicados.
Y es que la huelga docente debería haber culminado hacía una o dos semanas antes de la decidida por la mayoría de delegados del país, pues el gobierno zanjó acuerdos definitivos con la dirigencia informal que se presentó a dialogar en Lima con relación a sus escalas salariales, los beneficios de los contratados y todo lo que concierne a las mejoras económicas y académicas.
Sin embargo, a pesar de todos los contratiempos que se observaron en este interín, pese a las serias confrontaciones entre los Ministros de Estado y la dirigencia nacional, las acusaciones de infiltración subversiva, las represiones a las movilizaciones en la capital de la república, finalmente las partes se pusieron de acuerdo con la mediación de congresistas de diversas bancadas, empero, quedó flotando un punto en el cual no existía animo de concertación.
Este punto es el relacionado a la evaluación docente, el mecanismo que establece la ley con la finalidad no solo de medir el grado de capacitación que tiene el maestro para ofrecer un servicio de calidad al estudiante sino para determinar si ese docente se interesa en superarse o debe ser removido del magisterio para que otro mejor preparado pueda ocupar su lugar.
Esto es lo que generó la cerrada disputa de la dirigencia nacional de los comités de lucha regionales, aquellos se cerraron en que este dispositivo no debe estar vigente porque, supuestamente, solo representa una herramienta de despido masivo para los maestros, mientras que el Gobierno estableció que este punto no era negociable en la medida que dejar de lado la evaluación equivale a respaldar la mediocridad en la educación.
No hubo un punto intermedio, en el camino los docentes esgrimieron una serie de argumentaciones, cada una más descabellada de la otra, al extremo que pretendieron fijar los alcances de la evaluación, algo así como pretender que un escolar determine qué preguntas deben ir en su examen,
Fue recién que la ciudadanía y los padres de familia advirtieron que la necia posición de la dirigencia nacional ya escapaba de una real reivindicación de índole laboral y que detrás existían intereses políticos que mantenían una medida radical que estaba exponiendo a sus alumnos a perder el año, en caso se mantuvieran en esa posición.
El Gobierno amenazó a los docentes con remplazarlos con otros en caso se mantengan en huelga, empero, sus advertencias no le hacen ni siquiera cosquillas a un gremio que nació de la informalidad en la medida que se forjó en virtud del desconocimiento de las dirigencias del SUTEP a nivel nacional y se generaron comités de lucha transitorios que sostuvieron esta prolongada huelga.
Finalmente, los docentes se vieron precisados a suspender su medida lucha con el solo compromiso que se generen mesas de trabajo en las que se discutirá los alcances de la evaluación, es decir, algo que se pudo hacer una o dos semanas antes lejos de estar perdiendo el tiempo y perjudicando a los estudiantes.
Nos imaginamos que los padres de familia ya saben cuál es la pretensión de los docentes y en ese afán no volverán a acompañarlos en una posible reanudación de la huelga el año próximo, por lo pronto, han recibido con espanto el cronograma de recuperación de clases que se ha elaborado para recuperar el tiempo perdido en la huelga, entre ellos las dos semanas absurdas en que se prolongó la medida por la pertinaz posición del “ala dura” del magisterio nacional.
Como dice ese conocido adagio popular “de nuevo y a acomodarse” en el magisterio, se tiene que recuperar las horas perdidas, aun cuando lamentablemente, hay que ser conscientes, los alumnos no podrán terminar un año regular, definitivamente no agotarán los cursos de este año aun ni con el mejor cronograma del mundo. Ya el perjuicio a los escolares está dado, hay que voltear la página de este enojoso capítulo.
NO ESCARMIENTAN
La Corte Superior del Santa no ha bajado la guardia en lo que respecta al merecido castigo y sanción que se merecen los depravados sujetos que se dedican a violentar el honor sexual de las niñas.
En efecto, la semana pasada el Juzgado Penal Colegiado de la Corte del Santa ha impuesto cadena perpetua al sexagenario Andrés Corcino Carhuayano, quien aprovechaba que su víctima se quedaba sola en casa, en la vecina provincia de Casma, y la sometía sexualmente para obligarla a callar con amenazas.
Lo más grave es que la agraviada tiene apenas 10 años de edad y se considera que la ha ultrajado desde que tenía ocho años, a juzgar por los serios daños que ha ocasionado a su víctima, de acuerdo al reporte médico legal.
De la misma manera, esta semana la Sala Penal de Apelaciones ha confirmado la condena de cadena perpetua que se dictó contra Baltazar Asmat Villa, un desnaturalizado sujeto que no tuvo reparos en abusar sexualmente de su sobrina de 12 años de edad, a quien sometió cuando la niña acudía a su domicilio para cuidar a la hija del depravado.
De acuerdo a la sentencia condenatoria los hechos ocurrieron en el barrio El Acero y como en el caso anterior, el abusador sometía a la menor desde que tenía 12 años, inclusive, como consecuencia de los ataques sexuales la menor resultó embarazada.
Afortunadamente, esta clase de gente enferma y con desviaciones sexuales debe permanecer de por vida tras las rejas, la justicia no debe tener contemplaciones con ellos pues desgracian no solo la vida y la integridad de una menor sino que le generan un trauma que difícilmente podrán superar en su existencia.