RESGUARDO
No sabemos en qué ha quedado el acuerdo sancionado por el CROPROSEC mediante el cual se había demandando al Ministerio del Interior se mantenga en nuestra ciudad al contingente policial que llegó a nuestra ciudad para capturar a los integrantes de la mafia de tráfico de terrenos conocido como “Los Chacales del Desierto”. Ello porque después que concluyó este operativo y que se entregó a las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial a los 5 detenidos, los Policías llegados de la capital de la república y los Fiscales especializados que los acompañaron en esta tarea, de inmediato se replegaron a sus líneas y en Chimbote solo nos quedamos con la carga del procesamiento a estos sujetos que se involucraron en negociados que tenían ese ingrediente de amenaza, violencia, intimidación, abuso y hasta sicariato. La idea de las autoridades locales reunidas en el COPROSEC es que se mantenga el trabajo de seguimiento y persecución a todos esos maleantes que viven del tráfico de tierras y que, estan convencidos no han sido incluidos en la investigación que ha realizado la Policía y la Fiscalía de Crimen Organizado a pesar que ha sido un trabajo prolijo y digno de destacarse. Entienden que una de las herramientas que han utilizado estos mafiosos, es la amena y la intimidación, consecuentemente, bajo ese mismo esquema mantendrán en silencio a mucha gente que está en condición de hablar y señalar a los que siguen metidos en esta actividad delictiva, por lo tanto, lo que se requiere es seguridad y se ha visto que la presencia policial del Operativo “Tornado”, realizado en nuestra ciudad ha sido sumamente auspicioso. Este acuerdo fue sancionado por unanimidad y durante el debate se pudieron escuchar muchas ponencias en la cual se advertía, por ejemplo, la existencia de enormes corralones que han sido cercados con material noble y puertas de acero, cuyo costo no es accesible a personas que tienen necesidad de vivienda, lo que quiere decir que se trata de empresarios que utilizan testaferros y que promueven estas invasiones. No están lejanos de la verdad, no hay que olvidar que hace unos años, cuando el alcalde de Nuevo Chimbote era el médico Juan Gasco Barreto, inició a través de asesoría legal un procedimiento de lanzamiento y demolición de estas construcciones que se encuentran frente a la panamericana norte, muy cerca de la zona de ingreso de Atahualpa, sin embargo, mediante acciones tinterillescas se impidió la demolición y el poder del dinero sucio del tráfico de tierras dejó este caso enterrado, Ya nadie extrañamente lo movió ni el mismo Gasco y ni la nueva gestión edil. Ahora que ha caído la mafia del tráfico de terrenos habría que pedir que se reactiven esos procesos, ya es tiempo de desterrar esos monumentos a esta actividad delictiva.
EXPECTORADO
Por primera vez en la historia la Universidad Nacional del Santa se destituyó a un docente principal de esa Universidad por su probada mala costumbre de cobrar dinero a los alumnos para aprobarlos en determinados cursos bajo su responsabilidad. Se trata del docente Magíster Jenaro Leonardo Paredes Zavaleta, quien ha sido ya condenado por la justicia por delito de Cohecho Pasivo luego de haber sido denunciado con pruebas contundentes por sus propios alumnos de la materia de Química General por exigirles coimas para aprobarlos. No debería extrañar esta sanción porque es realmente la que corresponde, lo que ha llamado la atención es que se haya dictado esta medida siete años después que se produjera la denuncia de los estudiantes. Pues de primera intención la Universidad solo lo sancionó con una suspensión de sus labores, mientras que el Ministerio Público lo había denunciado y fue condenado por la justicia a cuatro años de pena suspendida, sentencia expedida por la Sala Penal Liquidadora de la Corte del Santa y confirmada en instancia definitiva por la Corte Suprema el año 2016. Ocurre que el docente se valió de artificios para prolongar su permanencia en la Universidad, empero, finalmente se selló su suerte con la destitución definitiva. La verdad es que con semejante antecedentes este docente está demás en cualquier casa de estudios.
LENIDAD
Hace solo unos días la justicia ha condenado a 8 años de cárcel a un efectivo de la Policía por haber ultrajado a una menor de edad. Los hechos quedaron totalmente probados y pese a la negativa del acusado se pudo demostrar su responsabilidad por el hallazgo de sus pertenencias en la habitación de la menor, al margen que el certificado médico legal y la prueba psicológica en cámara Gesell establecieron la responsabilidad penal. En realidad este mal Policía la sacó barata, teniendo en cuenta su miserable accionar, la manera como se introdujo en el cuarto de la menor, su reiterada negativa y, sobretodo, so condición de Policía, por lo menos debió aplicarle 15 años de cárcel efectiva.