CORRUPCION
En lo que va del año se han expedido 30 sentencias por delitos de corrupción en la sede de la Corte Superior del Santa. Esto es lo que ha informado la semana pasada la Presidencia de este organismo jurisdiccional a propósito del funcionamiento del novísimo Juzgado Unipersonal anticorrupción, el cual tiene la responsabilidad de llevar a cabo el juicio oral en esta especialidad y es el que emitirá los fallos en delitos de esta naturaleza. La estadística es importante en la medida que si se tiene en cuenta que corresponde a todo el año 2017 y lo que va del presente año, se debe convenir que hablamos de 15 meses, lo que quiere decir que se sentenciaron dos procesos por mes. No es una cifra desdeñable, no solo demuestra el trabajo efectivo que ha desplegado la administración de justicia, sino que pone de manifiesto que Ancash, específicamente Chimbote y las ciudades de la Sub Región Pacifico, son consideradas como escenarios propicios por la corrupción. No por nada nuestra región es considerada como una de las mas corruptas del país y ese triste calificativo se lo debemos, especialmente, a los promotores de la red de corrupción en la gestión del encarcelado ex presidente regional César Álvarez Aguilar. Desde entonces, cuando el Gobierno debió intervenir para traerse abajo la red de corrupción luego del cobarde asesinato de Ezequiel Nolasco Campos, nuestra región quedó marcada con el signo de la corrupción y tal parece que además de los muchos juicios que han quedado pendientes de aquella época, los hechos de corrupción no han cesado, los municipios, las entidades regionales, el sector público son instituciones en donde se concentran la mayoría de casos. Estamos seguros que ahora que se cuenta con Juzgados especializados para la investigación de esos delitos, la estadística proporcionada por la Corte del Santa crecerá ostensiblemente el año próximo porque la corrupción no descansa.
DILACION
El pasado miércoles 14 se han cumplido cuatro años del alevoso y cobarde crimen que segó la vida del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos y, pese a que los acusados por este asesinato han sido detenidos y capturados casi inmediatamente, hasta la fecha el proceso penal no concluye y existe la posibilidad que algunos de los investigados gane la calle y obtenga su libertad procesal, es decir, aquella que se establece cuando el procesado lleva más de 36 meses de reclusión sin que exista una sentencia sobre los hechos. Tal parece que esta es la consigna de los ex dirigentes sindicales de construcción civil que la semana pasada cambiaron sorpresivamente de abogados y con ello consiguieron que la audiencia se suspenda porque los nuevos defensores solicitaron al Juez un plazo prudente para estudiar el expediente y poder ejercer convenientemente la defensa de sus patrocinados. A decir de Fiorella Nolasco, la hija del ex consejero regional, esta no es más que una maniobra y una leguleyada a la que se apela cuando se trata de alargar el juicio y señala que los ahogados se han encargado de esgrimirlas y por ello ya van cuatro años y el caso no termina. Esto debería llamar la atención de los magistrados pues se supone que el nuevo procedimiento penal se hizo, paradójicamente, para que los juicios no se dilaten. Ahora todos saben que la cosa sigue igual.
ORDENANZA
Muchos quedaron ingratamente sorprendidos cuando la semana pasada el Director de la Red Pacifico Norte, Miguel Namihas Gonzales anunció que se había suspendido la segunda etapa de la campaña de fumigación en el distrito de Coischo, apenas a los dos días de haberse iniciado. Ello ocurrió porque los fumigadores dieron cuenta que se mantenía y hasta había crecido la indiferencia de los vecinos y la resistencia para abrir sus puertas y permitirles que lleven a cabo la fumigación. El personal de salud optó por la retirada pero no ha dejado que la población quede expuesta a un posible brote del Dengue, por el contrario, ha puesto este caso en manos de las autoridades. Ello porque la Municipalidad Provincial del Santa ha dictado una Ordenanza en la cual se resuelve sancionar con penas pecuniarias a aquellas personas que se muestren renuentes a la campaña de fumigación, entonces si existe la herramienta legal que corresponde aplicar en estos casos, lo que no se entiende es porque no se hace uso de ella. Si la resistencia de los pobladores trasciende la paciencia y tolerancia de los operarios, entonces se tiene que convocar a los funcionarios de la Municipalidad, el Ministerio Público y la Defensoría para que se proceda a reiniciar esta campaña con los apremios que dicta la norma, advirtiéndole a esos vecinos que se ganarán más problemas si siguen atentando contra su propia salud. Ya es momento de poner mano dura y hacer las cosas con el garrote de la ley.