Editorial

EDITORIAL ::CABOS SUELTOS::

El ex gerente del Instituto Vial Provincial de Pallasca, Roger Corales Ponce, tendrá mucho tiempo para pensar y evaluar cuál será la posición que asumirá cuando lo presenten frente a las autoridades judiciales para responder por los delitos de Cohecho Pasivo y extorsión en agravio del estado y de un contratista.

Ello porque el Juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, especializado para delitos de corrupción de funcionarios, ha dictado en su contra una prisión preventiva de 18 meses en el marco de la investigación que se le inició luego de haber sido detenido en el marco de una celada en la que estaba cobrando una coima de 30 mil nuevos soles al empresario Melvin Vivar Álvarez.

Aun cuando muchos consideren que 18 meses es demasiado para un hecho que se ha perpetrado en flagrancia de delito, lo cierto es que el Fiscal está decidido a desmenuzar los argumentos de las partes y de esta manera determinar si son solo ellos los que están involucrados en estos hechos y cuales son los móviles reales de esta suerte de chantaje.

En efecto, tras el escándalo de la celada promovida por el Ministerio Público y que permitió que se detuviera a otro funcionario corrupto con “las manos en la masa”, en la audiencia de prisión se pudieron conocer algunos entretelones de este caso que, lejos de esclarecer muchas cosas, siembran muchas más dudas de las que muchos tenían.

Y es que en la sustentación del pedido de prisión se menciona que todo comienza cuando el empresario Melwin Vivar, en su condición de contratista luego de recibir la buena pro para los servicios de mantenimientos viales rutinarios de los caminos vecinales Conchucos – Mayas y Mayas – Quirobamba, valorizados en 178 mil 779.02 soles, solicitó al funcionario investigado le otorgue la conformidad de los servicios realizados, en tanto ya habrían sido culminados.

Conforme a esta misma sucesión de los hechos Roger Corales le habría exigido al empresario 150 mil soles a cambio de dicha firma, por lo que ante la insistencia y amenazas constantes accedió a entregarle solo la mitad, cancelando 5 Mil soles a su cuenta bancaria el 20 de febrero y 70 mil soles en forma directa el 26 de ese mismo mes, en la habitación 311 de un hotel ubicado en pleno centro de Chimbote.

Sin embargo, el funcionario corrupto habría estado decidido a recibir el integro de la cifra que había exigido y por ello volvió a emplazar a Melwin Vivar pero esta vez ya no lo hizo solo con el típico emplazamiento atrevido y descarado de los sinvergüenzas que utilizan un cargo público para enriquecerse sino que, de acuerdo al testimonio del denunciante, apeló a la amenaza no solo contra la vida e integridad del contratista sino contra su familia, lo cual habría motivado a este a denunciarlo ante el Ministerio Público y lo demás ya se conoce porque derivó en la mentada celada.

Esta es la versión que maneja la Fiscalía y con ella se ha iniciado la pesquisa, empero, es evidente que el Fiscal tiene mucho trabajo por delante, existen muchas dudas que se ciernen con el solo hecho de leer esta trama delictiva en razón que es de dominio público que ningún contratista ejecuta una obra sin antes haber negociado su adjudicación, en otras palabras, el diezmo o la coima no se cobra tras ejecutarse el trabajo, sino antes de su adjudicación, de allí que esta versión resulta un tanto extraña.

De la misma manera, se afirma que la obra de mantenimiento ejecutada por el empresario está valorizada en 178 mil soles, sin embargo, de aduce que el funcionario corrupto le habría exigido 150 mil soles para poder otorgarle la conformidad de obra y pueda hacer efectivo el cobro del dinero, lo que suena mucho más absurdo en la medida que cualquier coima o exigencia se hace en función a un porcentaje que no es menor al 10% del valor total de la obra, pero en este caso se dice que la exigencia del funcionario es de 30 mil soles menos que el total del monto a pagar.

Eso es inconcebible, nadie puede acceder a pagar 150 mil soles como coima por un trabajo de 178 mil soles, salvo que existan otros contratos que hayan sido comprometidos y que eleven el monto final en más de un millón de soles, de otra manera no se entiende como el contratista accede a pagarle inicialmente 75 mil soles.

De la misma manera se tiene que saber qué es lo que ha sucedido con dos personajes que no eran extraños o desconocidos y menos que solo tuvieran algún contacto de índole empresarial, por el contrario, se trata de individuos que han cultivado una larga amistad, inclusive, ahora se sabe que Melvin Vivar ha sido empleado del Instituto Vial Pallasca hasta el año pasado y que se habría retirado, justamente, para accionar como contratista a efectos de beneficiarse con obras que las entregaría su ex empleador y gran amigo.

Esto es algo que debe necesariamente deslindarse, es tan infrecuente como extraño, similar al silencio del alcalde provincial de Pallasca, Manuel Hidalgo Sifuentes, quien resulta ser el Jefe del funcionario detenido cobrando la coima en un Hotel de Chimbote, pues el Instituto Vial Pallasca es un órgano descentralizado de la esa municipalidad.

No sabemos si en Pallasca lo ha hecho pero por lo menos los medios de comunicación no han referido nada al respecto y es un aspecto importante porque el alcalde debería tomar distancia de hechos tan graves y delincuenciales como el que ha protagonizado su funcionario de confianza como era Roger Corales.

¿Qué hubieran pensado los Chimbotanos si la alcaldesa Victoria Espinoza no deslindaba de inmediato cuando la Policía y la Fiscalía realizaron una celada que derivó en la captura de su ejecutor coactivo Adolfo Varas en la misma sede de la Municipalidad? Es evidente que la habrían vinculado a estos hechos.

Por ello preocupa que en Pallasca se mantenga un extraño mutismo frente a hechos tan graves, mas aun cuando el Instituto Vial Pallasca es un organismo que debe continuar con su accionar en favor de las obras y caminos de su jurisdicción, al margen que uno de sus funcionarios haya traicionado los importantes objetivos que tiene.

Por lo menos la Fiscalía ha conseguido una medida de prisión que tiene un plazo más que suficiente para poder investigar a fondo y desentrañar los muchos cabos sueltos que envuelven esta sinuosa trama de corrupción que llega de una provincia que siempre ha reclamado recursos para su desarrollo y que, aparentemente, desconocía que existían corruptos que los estaban llevando a sus bolsillos.