El representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, llegó la semana pasada a nuestra ciudad con la finalidad de tomar parte en una importante reunión con autoridades de la localidad y de la vecina provincia de Pallasca, a efectos de adoptar acuerdos respecto a la grave problemática de violencia que afecta el distrito de Pampas.
Esta reunión se registró apenas una semana después que pobladores del caserío de “Pelagatos” de la jurisdicción de Pampas, llegaran hasta Chimbote demandando la intervención de las autoridades en razón que son objeto de represalias y de actos de violencia por parte de un grupo de pobladores que ha tomado la representación de la Comunidad Campesina de Pampas y pretende que todos firmen un padrón afiliándose a ellos y cuando no quieren hacerlo pretenden obligarlos a través de la violencia.
Justamente, unos días antes de la llegada de estos pobladores, se pudo conocer que un total de tres viviendas fueron quemadas de un total de diez que fueron atacadas en el mencionado caserío porque sus pobladores se resisten a formar parte de la directiva que encabeza Ceferino Díaz Contreras, la cual ellos consideran como una seudo dirigencia a la que no están dispuestos a respaldar.
Por el contrario, ellos aseguran que las cosas en Pampas estaban tranquilas cuando estaba al frente de la Comunidad Campesina José Islado Crespín, quien es justamente el dirigente que ha sido apartado por esta seudo directiva, lo que se constituye el motivo principal de los conflictos que se registran en esos alejados sectores de la región.
Sin embargo, los problemas se agudizaron cuando los pobladores denunciaron que un niño murió de bronconeumonía porque estos mismos seudo dirigentes impidieron a su padre salir del caserío de Pelagatos en busca de asistencia médica en la medida que controlan la garita de seguridad del Pueblo, por lo que el progenitor debió tomar una ruta diferente que lo obligó a trepar cerros y caminar durante horas, lo que propició la muerte del infante.
Inclusive, los padres de este menor llegaron a Chimbote con su otro hijo de 13 años que padecía la misma enfermedad y consiguieron internarlo en el hospital La Caleta en donde esperan su recuperación aun cuando han transmitido a las autoridades locales su decisión de no retornar a su tierra debido a la intolerancia que existe contra ellos y las muestras de beligerancia que ponen en serio riesgo a su familia.
Todos estos hechos han sido rechazados por el alcalde de Pampas, Marcial Valerio Chávez, quien convocó a una conferencia de prensa para desmentir las publicaciones que hicieron los comuneros afectados y el abogado que los defiende, Martin Bermúdez Ninaquispe, empero, ya en el curso de la citada conferencia se descubrieron como gente sumamente conflictiva y belicosa, al extremo que agredieron verbal y físicamente a una reportera que solo esperaba recoger su versión.
Pero si esto ya es un antecedente que pone en evidencia al alcalde y la seudo dirigencia de la comunidad campesina de Pampas, los resultados de la reunión organizada en la sede de la Corte Superior del Santa confirman que existen poderosas razones para desconfiar de las autoridades que promueven estos hechos de violencia.
Ello porque el único acuerdo que sancionaron las autoridades en esa oportunidad ha sido el rechazo a la invitación formulada por el alcalde Marcial Valerio a la audiencia pública que programaron para el pasado viernes 20 en el distrito de Pampas porque no existen las garantías para la integridad física de las autoridades.
Explicaron este acuerdo en el sentido que ya en una anterior oportunidad acudieron al distrito de Pampas pero las autoridades solo recibieron insultos y amenazas por parte de un grupo intolerante que lo único que había buscado es impedir que se instale una mesa de negociación que discuta y plantee soluciones a la problemática de ese alejado distrito de la provincia de Pallasca.
Esto quiere decir que es fácil comprender de donde proviene la intolerancia. Hay un sabio adagio que dice que “no hay peor ciego que aquel que no quiere ver” y eso le cae como anillo al dedo al caso de Pampas en donde se vienen registrando hechos de abuso y violencia que la autoridad no debe permitir.
ESTADO DE DERECHO
Un contingente policial acudió al vecino distrito de Coishco para resguardar el desalojo de las instalaciones de una empresa pesquera, lo que podría entenderse como un hecho licito y natural en la medida que la autoridad esta para eso.
Sin embargo, cuando se agrega que ese desalojo no ha sido dispuesto por la autoridad judicial sino que responde a las bravuconadas de empresarios que se valen del poder económico y las influencias para conseguir un respaldo policial ilegal, entonces tenemos que preocuparnos porque algo no está funcionando bien en la sociedad.
Esto es lo que ha revelado el conocido abogado penalista Víctor Chero Maldonado, quien ha alertado que su patrocinado estuvo a punto de ser desalojado por una horda de maleantes que contaban nada menos que con el respaldo de un numeroso contingente policial que había sido desplegado por orden de la máxima autoridad de la entidad tutelar, el jefe de la División Policial de Chimbote, Walter Calla Delgado.
El letrado señaló que su patrocinado está en posesión de la empresa pesquera en virtud de un contrato de alquiler vigente, un acuerdo contractual que repentinamente el arrendatario pretendía desconocer pero no lo hacía con las herramientas legales que se suponen deben estar al servicio de quien alega una razón, sino que se apoyaba en amistades e influencias que pretendían perpetrar un ilícito.
Por ello es que el Comisario de Coishco, al tomar conocimiento de los documentos suspendió la intervención de una supuesta defensa posesoria extrajudicial que no era tal, empero, queda la sensación de un hecho anormal que difícilmente puede equivaler a que se haya sorprendido a una autoridad. Vivimos en un estado de derecho y la autoridad policial es la primera que debe respetar las instancias y la normatividad. Ojalá que finalmente sea así.