Permanentemente, en este medio de comunicación, hemos sido críticos frente a la parsimonia y algunas veces indiferencia de los gremios periodísticos frente a las prácticas abusivas y libertinas de ciertos personajes aupados a la actividad periodística pero que utilizaban esta noble profesión como una herramienta de extorsión y chantaje.
Nos cansamos de exigir la necesidad de “separar la paja del trigo”, de señalar con firmeza y contundencia a aquellos que se valen de un micro o una cámara de televisión para encender el ventilador y echar lodo a las hornas de las personas porque solo respondían a componendas orquestadas por quienes haciendo uso del poder político y económico sostienen verdaderas costras de corrupción.
Por ello es que no podemos dejar de soslayar el valiente pronunciamiento que ha emitido la semana pasada el Colegio de Periodistas del Perú, Consejo regional de Ancash, respecto a estas prácticas delincuenciales que lo único que consiguen es empañar la labor periodística que cumplimos muchos con el ánimo de informar y orientar a la opinión pública.
Bajo el sugerente título de “Comunicación sí, extorsión no”, el gremio periodístico se refirió al caso del locutor Juan Vega Bolo, descubierto en las redes sociales a través de un audio en el que se le escucha hablar sobre la gestión del Gobernador Regional Luis Gamarra Alor y se advierte claramente que demanda el pago de una suma de dinero para tratar de desvirtuar las denuncias públicas que viene lanzando en el programa que dirige.
Inclusive, estas revelaciones fueron entregadas por el abogado Lindon Pérez Esquivel a nuestro medio de comunicación señalando que ya el mismo aludido había reconocido que el audio respondía a su voz, que no había rebatido su contenido pero que sindicaba a personas que traicionaron sui confianza como las responsables de esa grabación.
Por ello es que el hecho se convirtió en noticia y el Colegio de Periodistas no podía mantenerse al margen de ello aun cuando infracciones de esta naturaleza son solo de su competencia cuando involucran a periodistas afiliados a su gremio, condición que evidentemente no tiene el referido Juan vega Bolo.
“Este tipo de prácticas son rechazadas de forma enérgica por el Colegio de Periodistas del Perú, sancionando a quienes pertenecen a sus filas. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, un grupo de aventureros ingresó a estos medios para convertirse en sicarios mediáticos haciendo uso del micrófono y la cámara” señala la parte medular del pronunciamiento emitido al respecto.
Y agrega con encomiable precisión que “una cosa es ser firmes con nuestras críticas e informaciones y otra el chantaje y la extorsión”, por ello es que el gremio periodístico exhorta a quienes resulten afectados por esa clase de periodismo ramplón que hagan valer sus derechos ante los fueros correspondientes.
Pero no solo eso, advierte a los medios de comunicación, como uno de la televisión local, que no den cabida a esta clase de periodismo extorsivo en la medida que la ley no solo sanciona al procaz que utiliza las pantallas para difamar a medio mundo, sino que cancela la licencia de funcionamiento cuando se presentan hasta dos denuncias de este tipo.
“Llamamos la atención a los propietarios de todos los medios de comunicación, es especial Canal 15 Magestad TV, por dar cabida a sujetos que no tienen escrúpulos y hacen uso de los medios de comunicación para el chantaje, la extorsión y la injuria, les recordamos que con dos denuncias de esta naturaleza pueden perder la licencia que les otorga el estado para hacer uso del espectro electromagnético” concluye el pronunciamiento.
Mas claro ni el agua, el gremio de periodistas ha sido absolutamente claro al tomar distancia de esta clase de periodismo ruin y mezquino, una actividad que implica un accionar delictivo que al margen de las responsabilidades a las que se exponen quienes lo practican, a la larga lo que hacen es desprestigiar la noble profesión de los comunicadores.
Lamentablemente, desde la época de la red de corrupción, aquella que se engendró cuando estuvo al frente del gobierno regional César Álvarez Aguilar, se comenzaron a incubar estos bocineros de la maldad, aquellos que contrataban espacios y lanzaban una serie de ataques cobardes y alevosos contra la honra de las personas y hasta de otros periodistas solo para cobrar bolsas de dinero que se ofrecían desde La Centralita.
Esos programetes se mantuvieron a la orden de quienes podrían seguir financiando las campañas de demolición moral, por ello es que los chimbotanos han escuchado con espanto esos diálogos delincuenciales que se propalaron por las redes sociales.
Lo importante es que el Colegio de Periodistas ha puesto el punto sobre las ies, le ha dicho a los propietarios de los medios que detengan esta miseria del micrófono que no se puede llamar periodismo aun cuando se confunde en esta actividad. Basta ya de tanto embustero que coge un micrófono para buscar llenarse los bolsillos.
PREVISIBLE DECISIÓN
La Sala Penal ha dejado sin efecto la resolución de archivo definitivo del delito de lavado de activos emitida por el juzgado anticorrupción en el caso el caso de los donantes del ex gobernador Waldo Ríos Salcedo, señalando que existe pendiente unas diligencias que deben deslindar la existencia o no de este delito.
En efecto, los magistrados superiores consideran que no puede archivarse el delito de Lavado de activos sino termina de recabarse la pericia contable que realizó la DIRINCRI de Lima para establecer la naturaleza lícita o ilícita del millón de soles que estos personajes que se dicen altruistas le regalaron a Waldo Ríos Salcedo.
Con esos resultados, en el término de cuatro meses, los magistrados de primera instancia decidirán si incorporan el delito de lavado de activos a la acusación que ya ha formulado por Cohecho en este mismo caso y en el cual se está solicitando penas que varían de cuatro a nueve años de cárcel a los investigados.
Esperemos que a fiscalía anticorrupción no vuelva a defraudar en este caso y consiga plantear una sólida teoría del caso y acusar por los delitos denunciados como corresponde.