La Primera Sala Penal de Apelaciones ha dispuesto la remisión del expediente relacionado con la denuncia que pesa sobre la ex alcaldesa Victoria Espinoza García y el actual alcalde Julio Cortez Rojas a la Corte Suprema de la República a efectos que se revise la sentencia de vista expedida por este Colegiado en este emblemático proceso penal.
Lo ha hecho atendiendo los recursos de casación que han planteado los involucrados en esta causa, no solo los mencionados sino también Micaela Flores Gómez, Javier Menacho Méndez, Aquior Mendoza Mendoza y el empresario Oscar Randy Robles Camarena quienes de esta manera impugnan la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones que declaró nula la sentencia absolutoria y ordenó un nuevo juicio oral.
En efecto, en este caso las ex autoridad y los funcionarios ediles fueron absueltos en primera instancia por los delitos de colusión, relacionados con una investigación que data del año 2008, cuando fueron denunciados por presuntamente haberse coludido con los empresarios del Consorcio Nehalem, Oscar Robles Camarena, Miguel Cornejo Zavala y Patricia Dolly Paz Suarez, para otorgar la buena pro de los proyectos, Mejoramiento del Sistema de Desagüe del Sector I y II de Chimbote, así como Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de los sectores III, IV y V ascendente a la suma de 13 millones 864 mil 75 soles, pese a que tenían domicilio en la ciudad de Lima.
El Ministerio Público formuló la denuncia luego de advertir que los acusados direccionaron la adjudicación de la buena pro a una empresa que no estaba habilitada para concursar por el mérito de las propias bases que descartaban a aquellas empresas que tenían domicilio fuera de la ciudad, como el caso de Nehalem.
De la misma manera ha sustentado otras irregularidades como la falta de experiencia de las empresas consorciadas, profesionales a cargo sin puntaje requerido, propiedades irregulares no consignadas en Sunarp, cartas fianzas falsas, además de abandono de cambio de redes como el ocurrido en la urbanización El Acero en abril del 2009.
Lo cierto es que por estos hechos imputados un Juzgado penal Unipersonal terminó absolviendo a los acusados, por lo que el Ministerio Público y la Procuraduría anticorrupción formularon las apelaciones pertinentes que dieron lugar a la intervención de la Primera Sala Penal de Apelaciones.
Este colegiado, en sentencia expedida el pasado mes de abril consideró que la Juez no había compulsado debidamente las pruebas y por ello la anuló, ordenando que se realice un nuevo juicio oral a cargo de otro magistrado que demuestre más capacidad para poder dilucidar las responsabilidades de los acusados.
Sin embargo, cuando se pensaba que se volvería a realizar este juicio oral, los acusados han optado por plantear un recurso de casación y de esta manera consiguen que el expediente se traslade a la Capital de la República a efectos que se evalúe en la instancia definitiva, recurso que ha sido amparado por los magistrados de la Sala.
De esta manera, se estima que en plazo de ocho meses, la Corte Suprema de la República, deberá pronunciarse sobre el recurso de casación, aun cuando, la praxis judicial nos dice que antes de revisar el fondo de esta impugnación, deberá calificar el recurso y establecer si, efectivamente, le corresponde ser analizado en esa instancia y tiene el debido fundamento como para ser amparado
Precisamente, se sabe que los abogados defensores han sustentado este recurso de casación bajo la figura del desarrollo de la doctrina jurisprudencial que se plantea cuando la sentencia presenta una errónea interpretación de la ley penal o la misma ha sido expedida con una manifiesta ilogicidad de la motivación (recurso de casación excepcional).
Una figura exactamente similar a la que apeló la ex alcaldesa Victoria Espinoza para sacarse de encima uno de los procesos más peliagudos que ha llevado en los últimos años y que, como muchos recordarán, le significó una pena efectiva de cinco años de cárcel que la obligó a mantenerse en la clandestinidad por más de un año, justamente, hasta que la Corte Suprema, en una ejecutoria polémica sustentada por un ex juez supremo, decidió no solo anular la condena sino absolverla de todos los cargos.
Sin embargo, el escenario de aquel entonces no es el mismo al que se presenta en este tercer juicio que se le sigue a la ex alcaldesa, pues en aquella oportunidad era una condenada en doble instancia, sin embargo, en esta ocasión ha sido absuelta de los cargos y la Sala Superior no la estaba condenando sino que había anulado la sentencia absolutoria y dispuso que se realice un nuevo juicio oral.
De allí que surgen las disquisiciones en torno al recurso de casación planteado por la defensa de los procesados, en razón que no sería pertinente en este momento desvirtuar la acción de la justicia, impedir que los magistrados investiguen y deslinden responsabilidades, algo así como pretender impedir que se conozca la verdad de los hechos que son materia de juzgamiento.
Habría sido más elegante que los funcionarios públicos se allanen a las actuaciones judiciales, que colaboren con ellas y que aporten sus pruebas de descargo para que finalmente los eximan de toda culpabilidad, por el contrario, en el contexto quedará siempre la duda respecto a los cargos que se promovieron en el llamado “Caso Nehalem”.
Lo cierto es que la ley no autoriza una casación contra una sentencia de vista que determine la nulidad de una sentencia absolutoria de primera instancia y que esta ordenando un nuevo juicio oral, por ello los abogados recurren a la figura de la necesidad del desarrollo de doctrina jurisprudencial, algo que tiene previamente que calificarse por la Sala Penal Suprema a la cual se dirija el expediente.
De allí que el caso Nehalem queda aún pendiente, ni siquiera se sabe que será revisado por la máxima instancia jurisdiccional o si será devuelto para que el Juzgado llamado por ley inicie el nuevo juicio oral, eso tomará muchos meses más en tanto que quedan sembradas muchas dudas en el ambiente, son dudas latentes que nos tendrá, otra vez, a los chimbotanos expectantes del deslinde que haga finalmente la justicia. Habrá entonces que seguir esperando.