Editorial

Editorial: ::: JUSTIFICADA INDIGNACIÓN :::

Los gritos destemplados se podían escuchar a varios metros a la redonda de la sede del Ministerio Público de Nuevo Chimbote, y, no era para menos, pues un grupo de familiares, amigos y vecinos de un joven que falleció atropellado por un temerario mototaxista demandaban no solo respeto a su memoria sino que se dicte prisión para el responsable que acabó con su existencia.

Los hechos fueron protagonizados por la madre y familiares del joven Bruno Chávez Quispe quien, acompañada por los amigos y vecinos de su fallecido hijo, la emprendieron a gritos contra la Fiscal Sara Chira Tello, que ese mismo jueves que protestaban había citado al occiso para que preste declaración en el juicio que se sigue contra el responsable de su incomprensible muerte.

Como se ha informado Bruno Chávez Quispe, de 25 años de edad, falleció atropellado el pasado 27 de mayo, por el mototaxista Alberto Falconi Colman de 68 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Comisaria de Buenos Aires y luego el Ministerio Público le inicio acción penal.

El joven fallecido es un Chimbotano que hace algunos años emigró a España en donde había comenzado a emprender un trabajo y estaba bien posicionado, por ello decidió regresar al Perú para visitar a su familia y luego retornar con el objetivo de seguir creciendo y apoyando a los suyos en nuestro puerto.

Sin embargo, aquel fatídico domingo salió de la vivienda de su madre para visitar a otros familiares y en su camino se cruzó el mototaxista que, por exceso de velocidad, terminó atropellando al Bruno Chávez quien, como consecuencia de los politraumatismos, falleció el 02 de junio en el hospital Regional.

Sin embargo, en medio del dolor de la familia por tan sensible pérdida y cuando aún no superaban este difícil trance, la madre del fallecido, señora Linora Quispe Martos, recibió en su domicilio una notificación de la fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, Sara Chira Tello, quien esta citándolo a declarar a pesar que está muerto.

Este hecho no solo ha generado la lógica indignación de los deudos sino que fue materia de una noticia que se difundió a nivel nacional, pue s no todos los días una representante xcel Ministerio Público procede a notificar a un fallecido para que declare en el juicio en el cual es agraviado.

Sin embargo, es evidente que la Fiscal quedó enredada en medio de la maraña que se teje en las pesquisas policiales, los partes y los documentos que se elaboran luego de un accidente de tránsito, lo que quiere decir que al despacho de la Fiscal se elevó un documento que, hasta entonces, tenía al fallecido solo como herido, lo que quiere decir que la Fiscal inició una investigación por delito de lesiones.

Los deudos han expresado su contrariedad por la falta de celo y comunicación de la Fiscalía con la Policía, pues después de más de un mes es obvio que las autoridades debieron haber notificado al Ministerio Público el deceso del agraviado en la medida que en estas circunstancias la figura delictiva que es materia de enjuiciamiento varía y la propia situación del investigado se agrava.

En este caso, la Fiscal no debería estar investigando un delito de Lesiones sino que debería estar al frente de un proceso penal por delito de lesiones seguidas de muerte, lo que motivaría una probable solicitud de la representante del Ministerio Público a Poder Judicial para que se dicten medidas restrictivas contra el responsable de la muerte.

Sin embargo, nada de ello ha sido posible porque la Fiscal Sara Chira ni siquiera tenía conocimiento que el agraviado había fallecido, lo que es peor aún, aparentemente no tenía la menor idea de la naturaleza de las lesiones que padeció el agraviado en la medida que antes de expirar estaba internado en el hospital Regional, lo que quiere decir, que debió ser consciente de la grave situación de salud en la que se hallaba y no debería haber enviado una notificación al domicilio del occiso.

En todo caso la Fiscal pudo citar primero a su progenitora y luego de tomar conocimiento como se encontraba el agraviado se habría motivado a realizar alguna otra diligencia, empero, en ese momento habría advertido el Chávez Quispe lamentablemente había fallecido y debería haber ampliado la investigación por otro delito.

Este caso es tan extravagante que el mismo Ministerio Público no ha podido dejar pasar inadvertida la actitud y el desempeño funcional de la Fiscal Sara Chira, por ello ha dispuesto que a través de la oficina de control interno la investiguen por haber promovido una citación a una persona fallecida cuando ya debería haber verificado esa situación.

De allí que la protesta de los familiares y vecinos del fallecido no ha pasado inadvertida, por el contrario, ha merecido la atención de los medios de comunicación en la medida que la vida humana no puede dejar de ser protegida en todos los ámbitos, con mayor razón cuando hablamos de accidentes provocados por mototaxistas que es un sector en el que la mayoría, no todos, de conductores no toman previsiones y manejan de manera temeraria, con la idea de ganar el paso a los vehículos y como si estuvieran lidiando contra el tiempo.

El dolor que se ha ocasionado a los deudos de Bruno Chávez es indescriptible, comprendemos la angustia y el desconsuelo de una familia que se ha visto atropellada en el recuerdo de su familiar que no ha merecido un buen trato por parte de la Policía ni de la Fiscalía, que lo dejaron malherido en el hospital y no se interesaron más en el asunto, al extremo de iniciar una pesquisa judicial sin que siquiera se haya reparado en la condición en la que se encontraba el agraviado.

Esto ciertamente es imperdonable, más aun cuando tanto la Policía como la Fiscalía tienen la ineludible obligación de hacer el seguimiento correspondiente para los efectos de calificar los presuntos delitos por los cuales deberán investigar a un chofer que protagoniza un accidente de tránsito. Esperemos que las dos instituciones analicen con detenimiento lo que ha sucedido y adopten los correctivos necesarios a efectos de impedir que vuelva a ocurrir con los familiares de alguna otra persona, de lo contrario, que asuman la justificada indignación de los deudos y amigos del fallecido.