Editorial

Editorial: ::: TODO UN PRECEDENTE :::

La semana pasada la Policía anticorrupción realizó una intervención que los reporteros policiales habían asumido como una celada contra funcionarios que se encontraban tramando algún acuerdo colusorio o algo por el estilo, más aun cuando se trataba de la detención de dos empelados de una Municipalidad Distrital.

Sin embargo, lo que sucedía era que la Policía había sorprendido a una funcionaria y el chofer de su dependencia, cuando se entretenían comiendo una pizza en un establecimiento nocturno del distrito, para lo cual no habían reparado en trasladarse en el vehículo de propiedad de la entidad edil.

Se trataba nada más y nada menos que la Jefa de la Defensoría del Niño y el Adolescente (DEMUNA), del Municipio de Nuevo Chimbote, Verónica Jessica Lobato Sevillano y el chofer Luis Valle Genovés, quienes se encontraban acompañados de una mujer que es ajena a la institución municipal.

El hecho ocurrió al promediar las 8.00 de la noche, una hora en que las unidades de la Municipalidad se supone que se encuentran en sus garages, salvo que se encuentren realizando alguna actividad oficial que debe contar con la debida autorización de las máximas autoridades de la entidad edil.

Los Policías que intervinieron los funcionarios descubrieron el vehículo estacionado en el frontis de una Pizzería ubicada en la esquina de la avenida Pacífico con el jirón Coishco, razón por la cual se detuvieron y esperaron que los comensales salgan para poder intervenirlos y solicitar sus documentos.

Inicialmente la funcionaria y el chofer se negaron a identificarse, adujeron que el vehículo se había malogrado y por ello esperaban en el frontis, aunque luego señalaron que estaban en una comisión de servicios, la hora había avanzado y como había caído la noche decidieron detenerse un momento a comer algo porque habían trabajado de corrido.

Sin embargo, el argumento resulta vago y meramente un medio de defensa, para que ello fuera creíble deberían tener documentos que acrediten que se encontraban en una actividad oficial, lo cual era difícil de creer porque apenas trascendió la noticia ya los periodistas habían entrevistado al gerente municipal quien desconocía por completo que una funcionaria y un chofer se encuentre utilizando indebidamente el vehículo de la institución y por ello es que solicitaron de inmediato la renuncia de la funcionaria.

La acción policial se encuadra en lo que la ley penal tipifica como delito de peculado de Uso, una figura delictiva que se califica como una modalidad de la malversación de caudales públicos y que se configura cuando un servidor público permite a un particular utilizar indebidamente bienes del Estado o cuando utiliza indebidamente los bienes del estado que se le confían en custodia.

El caso típico y de mayor infracción es el mal uso de las unidades vehiculares por parte de los funcionarios y empleados, quienes aprovechando que se les ha entregado un auto o camioneta para cumplir una comisión de servicios, desvirtúan sus deberes y destinan ese bien para un uso estrictamente particular.

Generalmente se aprovechan de los bienes otorgándole un uso personal, llegan al extremo de enviar a los hijos al Colegio, trasladan a la esposa al trabajo, permiten que sus familiares salgan de compras con el vehículo y de esta manera no solo sacan un provecho indebido a un bien que le pertenece al estado sino que se benefician con el combustible que se le asigna diariamente a la unidad y que debería estar destinado a una determinada función.

Esto es lo que observaron los efectivos de la Policía anticorrupción cuando vieron el vehículo de la Municipalidad estacionado frente a una Pizzeria, un establecimiento absolutamente ajeno al funcionamiento de la institución y que facialmente delataba a los empleados en una flagrante comisión de delito.

La coartada esgrimida por la ex funcionaria y el chofer son realmente jalados de los cabellos pues en el supuesto negado que ellos se encontraban en una comisión de servicios y en el camino decidieron comer algo, tendrían como demostrarlo y, fundamentalmente, deberían saber que no podía acudir a un local público en la unidad de la Municipalidad, menos aún en una hora en que la institución ya no atiende al público, para ello existen los colectivos o las mototaxis.

La ex funcionaria y el chofer fueron denunciados por el Ministerio Público que solicitó la incoación de un proceso inmediato teniendo en cuenta que existe flagrancia de delito, de allí que este hecho debe quedar como Todo un Precedente para que en adelante quienes ejercen una actividad pública, quienes trabajan para una entidad que cautela recursos públicos, deben extremar el cuidado para no incurrir en una acción delictiva. El mal uso de los bienes del estado constituye delito, eso deben metérselo en la cabeza.

OTRA DENUNCIA

El decano del Colegio de Abogados del Santa, Dr. Christian Estrada Velarde, informó la semana pasada que la asamblea de agremiados había tomado el acuerdo de denunciar penalmente a su antecesor Mirko Alva Galarreta, por una presunta apropiación de más de 135 mil soles que no pudo justificar en los movimientos económicos durante su gestión.

La mayor parte del faltante de este dinero corresponde a los pagos que hicieron los nuevos abogados que se incorporaron a la orden, los antecedentes contables no registran estos ingresos y el ex decano sindica como responsable de la desaparición de este dinero a la secretaria de entonces Rosa Morán.

Sin embargo, el decano de la orden señaló que la asamblea no ha considerado este descargo como suficiente, por ello se debe investigar quienes son los responsables de este perjuicio que se ha ocasionado al gremio profesional que sustenta sus gastos y necesidades de los recursos que recauda en esta clase de actividades como es la incorporación de nuevos agremiados. Lo malo y lo feo de todo esto es que ya en el periodo anterior la misma asamblea decidió denunciar a los antecesores del Alva Galarreta, lo que quiere decir que los representantes elegidos por los letrados no dan la talla y han dejado serias dudas respecto a su accionar, dudas que tendrá que dilucidar el Ministerio Público. Realmente una pena.