POSPUESTO
Ha hecho bien el juez del Juzgado anticorrupción de Chimbote, Fernando Arequipeño Ríos al disponer la suspensión del inicio del juicio oral en el “Caso Nehalem”, teniendo en cuenta que aún existe un pronunciamiento pendiente de la Corte Suprema respecto a una casación formulada por los acusados. Como se sabe, en este caso están siendo juzgados los ahora prófugos de la justicia Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas, quienes inicialmente fueron absueltos por una juez supernumeraria de los cargos relacionados con las obras de saneamiento ejecutadas por el consorcio Nehalem y respecto a cuyos trabajos y la adjudicación de la obra existen serias irregularidades que son materia de este enjuiciamiento. Lo que sucede es que como ha sido de dominio público, la Sala Penal de apelaciones anuló la sentencia absolutoria y ordenó que se realice un nuevo juicio oral en la que un nuevo magistrado observe las clamorosas deficiencias en las que incurrió la juez. Sin embargo, los acusados plantearon recurso de casación alegando la existencia de evaluar jurisprudencia, recurso que ha sido admitido y se ha elevado un cuaderno a la Corte Suprema. Esto quiere decir que existe la necesidad de conocerse como resolverá esa instancia antes de iniciarse un nuevo juicio oral, si la Sala Suprema Penal que revisará este caso acoge la casación entonces de nada serviría que se avance un nuevo juicio oral. En este caso existe una previa calificación del recurso y de ello dependerá lo que se haga en Chimbote, por ello es que el magistrado ha optado por reservar el inicio del juicio oral a la expectativa de lo que suceda en la capital. Esperemos pacientemente entonces, mientras tanto, los acusados deberán resolver su condición jurídica en el otro proceso conocido como “semáforos inteligentes” en donde han merecido una condena a pena efectiva, lo que los ha llevado a ponerse a buen recaudo a la espera de la apelación que han formulado ante la instancia superior. La expectativa es doble entonces.
PORCENTAJE
Comentábamos en esta columna que ya el Jurado Nacional de Elecciones había convocado a los accesitarios para que asuman la función de regidores de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote en el período comprendido entre el 07 de setiembre y el 07 de octubre, luego de aceptarse las licencias solicitadas por los titulares que están postulando nuevamente a cargos electorales. Sin embargo, dentro de las resoluciones que ha expedido la autoridad electoral, nos llamó la atención dos de ellas que se resolvieron “por mayoría”, es decir, que hubo dos magistrados que no estuvieron de acuerdo con otorgar las licencias solicitadas. Esto se advirtió en el caso de los pedidos formulados por los regidores Lincoln Villón Cedeño y Beatriz Madrid Arroyo, quienes si bien hoy aparecen como oposición a la gestión de Valentín Fernández, llegaron ese cargo gracias a los votos que recibió el aún alcalde, es decir, en el movimiento “Vale Ancash”, esto dio lugar a que dos vocales se muestren disconformes con que se les otorgue licencia en la medida que la ley señala que solo se puede otorgar licencias hasta un 40% de la composición edil, lo que no ocurría en este caso. Estos magistrados consideraron que para que se otorgue licencia todos los del movimiento Vale Áncash debieron solicitar la ampliación del porcentaje pero no lo hicieron, por ello estimaban que no deberían concederles licencia, empero, los otros tres miembros del JNE señalaron que si bien eso es cierto, está de por medio el derecho ciudadano de elegir y ser elegido, un principio constitucional que se impone a lo que determina la ley. Se imagina que hubiese pasado si es que con un voto más se deja sin efecto el pedido de licencia de estos dos regidores? Pues quedaban fuera de carrera y hasta serían capaces de decir que hubo una mano negra e todo esto.
REQUISITORIA
La Fiscalía debe agilizar los trámites relacionados con la denuncia de ultraje de una adolescente de 16 años por parte de un pastor Evangélico que tenía su congregación en el A.H. Las Brisas, quien después de ser incriminado desarmó todo y se fugó a España. Pese a que tratan de negar este hecho, nuestro Diario tuvo acceso al reporte de la dirección de Migraciones que demuestra que viajó a los pocos días de ser acusado por una menor que llevaba bastante tiempo siendo sometida por este sujeto que responde al nombre de Marco Antonio Saavedra Beltrán. De acuerdo a versiones de Migraciones, este individuo seria deportado nuevamente al Perú y si esto ocurre debe estar lista la orden de captura para impedir que se vuelva a fugar. La fiscalía ha señalado fecha para la diligencia en cámara Gessel para el 03 de agosto, por lo menos podría solicitar un impedimento de salida del país teniendo en cuenta el reporte de migraciones.