Cuando los medios de comunicación denunciaron, hace ya varios años atrás, el evidente contubernio de la gestión del ex presidente regional César Álvarez Aguilar con la empresa SISA para la elaboración sobrevalorada del expediente técnico que demandaba la ejecución del proyecto especial Chinecas, jamás imaginaron la repercusión que tendría este proceso penal y las graves responsabilidades que emanarían de aquel.
Y es que esta denuncia se formuló en base a las justificadas sospechas que surgieron de la adjudicación de una buena pro para una consultoría por el perfil técnico de Chinecas en favor de la empresa SISA por poco más de cinco millones de soles, cuando se contaba con el testimonio de los ex funcionarios de INADE, organismo que manejó antes el proyecto irrigador, que señalaban que estudios existan en los archivos de Chinecas solo era cuestión de actualizarlos y que ello podría hacerse con una inversión del orden de los 120 mil nuevos soles.
Fue entonces que surgieron las dudas del accionar de una gestión que ya para entonces estaba signada por el signo de la corrupción, en donde todo era sospecha porque las irregularidades y las corruptelas brotaban apenas se ponía el dedo en la llaga.
Por ello se denunció penalmente al ex presidente regional César Álvarez Aguilar, quien se desempeñaba como Presidente del directorito de Chinecas y tenía voz de mando, junto a él al hoy prófugo de la justicia Hugo Rojas Rubio, por entonces con una desengañada reputación como ex decano del Colegio de Ingenieros, así como a otros funcionarios que permitieron que se inflen los costos y se cause un tremendo perjuicio a la institución,
Inclusive, tras bambalinas se afirmaba que el arreglo era descomunal en la medida que el estudio que se estaba ofreciendo a Chinecas ya existía, sin embargo, pese a las evidencias y las pruebas indiciarias, algún Juez coludido en la red de corrupción que se tejió en aquellos años, dispuso el archivo de la denuncia en lo que concierne a César Álvarez, operó el descarado blindaje judicial de entonces y el caso siguió ventilándose contra los demás acusados en tanto se tramitaba una casación planteada por el ministerio Público a efectos de revertir esa decisión favorable al cabecilla de la organización.
Y como “no hay mal que por quien no venga”, la dilación en el deslinde de la excepción que favorecía a César Álvarez obligó a que la justicia suspenda el avance del juicio a los otros inculpados hasta que se resuelva en la Corte Suprema la incidencia, la misma que ya con otros magistrados y sin red de encubrimiento alguna, se resolvió de manera desfavorable al ex presidente regional y debió ser reincorporado al proceso y llevado al banquillo de los acusados por estos cargos delictivos del Caso Sisa.
Empero, en ese ínterin, mientras se esperaba este deslinde procesal, surgieron pesquisas estelares y trascendentales para el destino judicial de este caso emblemático, pues en el caso “La Centralita” se sometían a la colaboración eficaz protagonistas de muchos de los casos de corrupción en Áncash y aparecían, como consecuencia de ello, testigos en reserva que guardaban valiosa información sobre muchos casos, uno de los cuales estaba relacionado con el caso SISA.
Por ello es que el Ministerio Público de Chimbote solicitó a los juzgados del caso la Centralita la entrega de información relacionada con el proceso penal que se ventila en Chimbote y en base a ella la Fiscalía solicitó y presentó la declaración en juicio de un testigo en reserva que conoce al dedillo como se manejó la escandalosa colusión en el caso SISA.
Este personaje no solo habló de la sobrevalorización del perfil técnico sino reveló como es que se concibió el mismo, es decir, los negociados que se había emprendido en aquellos años y por los cuales César Álvarez había ofrecido la ejecución del Proyecto Chinecas nada menos que a la corrupta empresa brasileña Odebrecht, se aceptó una inversión de orden de los 1,600 millones de soles, se enviaron a representantes a negociar a Huaraz, el intermediario fue el empresario Martin Belaúnde y se presentó a la empresa SISA para que elabore un perfil técnico que sirviera a la empresa brasileña para adjudicarse la buena pro, incluso recibió poco más de 680 mil soles por ello.
Todo parecía encaminado hasta que surgieron los reparos y las diferencias, Álvarez había destruido las reglas de los diezmos y no reclamaba el tradicional 10% sino el doble y sobre esa base los brasileños desistieron, no quisieron saber más del tema y se esfumaron, por lo que surgió la iniciativa para que el gobierno regional emprenda la ejecución a través del gobierno central y para ello debería contar con un perfil, por lo que ese trabajo que se hizo para Odebrecht fue ofrecido al gobierno regional bajo prohibitivos costos que solo sirvieron para robustecer más los bolsillos de los corruptos.
El testigo en reserva, quien declaró de manera encubierta y con dispositivos técnicos adecuados para distorsionar su voz e impedir que los acusados puedan identificarlo, ha proporcionado valiosa información que solo viene a corroborar lo que se había trabajado hasta el momento y ha puesto en bandeja este juicio para que la justicia haga su trabajo y sancione a los que pretendieron llevarse en peso el erario regional y vaya sino lo lograron pues se dejó un enorme forado presupuestal cuando fueron defenestrados.
Casos como el de SISA son los que llevaron a la Región a la bancarrota y la sumieron en una crisis total, al extremo que hasta la fecha no puede ser superada, por ello es que con las pruebas en la mano, con este testimonio cardinal, el magistrado a cargo de la investigación ya tiene lo suficiente y lo necesario como para castigar a los protagonistas de este entuerto inmoral y corrupto, de este negociado que ha significado un considerable desmedro al patrimonio y, esencialmente, a los intereses del proyecto especial Chinecas.
Con estas maniobras no solo se llevaron los recursos destinados a la ejecución del proyecto irrigador, sino que lo condenaron a mantenerse en el estado de postración en el que se encuentra, sin que exista ni siquiera una licitación en camino que garantice por lo menos que alguien se hará cargo de hacerlo realidad. Esto último debe formar parte del sustento para aplicar las penas drásticas que ameritan los delitos investigados.