La Municipalidad Provincial del Santa, por intermedio de su gerente de Desarrollo Económico, Romel Alva Mendoza, dio a conocer que se ha otorgado un plazo máximo hasta la primera semana de marzo para que los comerciantes de productos húmedos del mercado Progreso cambien de giro a sus negocios, y, de esta manera se pueda dar paso a la construcción del Hospital El Progreso.
De no acatar esta medida, la comuna Provincial solicitará a la Policía Nacional, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo que ejecuten y cautelen el procedimiento de desalojo de quienes se muestren rebeldes a cumplimiento de la ley.
De esta manera se llevará adelante el proceso de adecuación de los puestos de venta del mercado modelo a las exigencias de las normas legales que impiden la ubicación de un centro de abastos a menos de 100 metros de un hospital porque se deben respetar las normas de higiene pública.
Los puestos húmedos son aquellos que se dedican a la venta de carme, pescado, verduras y comidas que son actividades que generan mucha basura y malos olores, por ello es que la reubicación del mercado se dejó de lado a condición que estos puestos cambien de giro y se dediquen a la venta de ropa, electrodomésticos y toda clase de productos que no sean aquellos calificados como húmedos.
El funcionario edil ha señalado que los comerciantes que se mostraron conformes con la medida han recibido capacitación por parte de la comuna provincial para la adecuación de sus negocios, empero, eso no es todo lo que se ofreció.
La propia Municipalidad ofreció a estos comerciantes reubicarlos al mercado Dos de Mayo para que sigan con el giro de venta de productos húmedos y le otorgaba la posibilidad que alquilen sus puestos del mercado progreso a otros comerciantes que deseen vender otros productos, empero, aun así existe un grupo de comerciantes instigados y soliviantados por dirigentes que se niegan a cambiar de giro.
Esto lo han expresado estos últimos días en plantones que han realizado frente a la municipalidad y que se traducen en la presencia de un dirigente tradicionalmente conflictivo como es el sempiterno dirigente Juan Hernández Quiliche, quien no solo se ha mostrado reacio a la propuesta municipal sino que ha osado burlarse de las autoridades ediles y del propio Ministerio de salud.
A este dirigente le importa un comino la salud pública y el enorme beneficio que significa construir un hospital de nivel II en el Barrio Progreso, allí en donde viene funcionando la Posta de salud, lo único que le interesa es oponerse al bienestar de la población en base a fundamentos trillados y propios del pasado.
El dirigente cree que por que este mercado tiene varias décadas de existencia y que allí se encuentran trabajando casi la misma cantidad de años estos comerciantes no puede ser retirados de ese lugar cuando ni siquiera debieron recibir una licencia de funcionamiento por parte de la Municipalidad.
Este mercado se establece cuando ya estaba asignado allí el terreno de la Posta de salud, incluso, este establecimiento ha funcionado en ese lugar con todas las incomodidades que genera el mercado Progreso, el mismo que no solo genera basura y desorden, sino la tugurización de la zona porque promueva la presencia de vendedores informales que generan el caos en las calles.
El dirigente no entiende que existe una ley que prohíbe a los mercados funcionar a menos de 100 metros de un hospital, consecuentemente, en aplicación de esta norma todo el mercado debería ser reubicado a otro lugar.
Justamente, fue la Municipalidad la que buscó una alternativa a la reubicación de centro de abastos y se accedió a la posibilidad que los puestos cambien de giro, esto ha sido aceptado no solo por el Ministerio de salud, que bien pudo negarse y llevarse la inversión de 489 millones a otro lugar, sino por los propios comerciantes que suscriben un acta de acuerdo con los funcionarios del PRONIS y de la comuna provincial.
Allí están los representantes de la defensoría del pueblo y los congresistas de la república como testigos, entonces, no se puede pretender retroceder en estas gestiones, si de pronto aparece un dirigente que solo quiere ganar figuración, nadie puede permitir que esa actitud intolerante eche por tierra la inversión de un futuro hospital.
La municipalidad ya fijó el plazo para la reubicación, depende de los propios comerciantes, empero, lo que se quiere es que se haga respetar el acuerdo, que se mantenga mano firme ante esta advertencia y que se recurra a la fuerza si es que se niegan. Aquí lo que debe imperar es el principio de autoridad y no los caprichos de un dirigente entronizado.
UNA CONDENA MÁS SÍ IMPORTA
El juez William Torres Contreras encontró responsable del delito de difamación al locutor Juan Vega Bolo y lo condenó a un año y ocho meses de prisión condicional más diez mil soles de pago de reparación civil en favor del agraviado Guillermo Asmat Banini, así como efectuar el correspondiente desagravio público en los mismos medios de comunicación por los que consumó el delito.
Este fue el desenlace de la querella que iniciara el conocido abogado Guillermo Asmat contra el referido personaje que hace uso de un medio de comunicación de manera empírica y denostando del honor de las personas que se muestran contrarios a sus ideas e intereses pernales.
Sin embargo, el abogado Asmat Banini dijo no estar conforme con la pena dictada por el juez quien debió expedir una sentencia condenatoria efectiva con orden de internamiento al penal como medida de escarmiento porque Juan Vega Bolo es un difamador reiterante y debe aprende a respetar el honor de las personas.
Vega Bolo expresó frases difamatorias a través de las redes sociales tildando a Asmat como brazo legal de una organización criminal en el gobierno regional de la pasada gestión del gobernador regional de Ancash, Luis Gamarra Alor.
Lo cierto es que Juan Vega Bolo fue también condenado por el mismo delito de difamación a un año con cuatro meses por frases agraviantes al honor de la persona de Luzmila María del Carmen Gamarra Pita, hija del ex gobernador regional Luis Gamarra.
De allí que este antecedente hace pensar que la justicia debe tomar en cuenta que una condena más si importa pues es necesario poner coto al abuso del micrófono, al libertinaje y el atropello barato del honor de las personas. Esperemos que esta sentencia deje sentado ese necesario precedente judicial.