Editorial

Editorial: ::: FIESTA INSTITUCIONAL :::

La presencia de la Fiscal Provincial integrante del sistema anticorrupción, acompañada de efectivos de la Policía anticorrupción de nuestra ciudad en el rectorado de la Universidad Nacional del Santa, puso nerviosos a muchos funcionarios y algunos otros que buscaban la manera de justificar un hecho que para muchos es la muestra del aprovechamiento de los recursos destinados al crecimiento profesional de los jóvenes.

La Dra. Angélica Bayes Antúnez acudió a la sede universitaria al tomar conocimiento que el rector estaba organizando una fiesta para celebrar el licenciamiento de dicha casa universitaria, comprometiendo recursos de la institución en actividades que no son académicas, lo que podría acreditar un presunto delito de malversación de fondos.

Los hechos están relacionados con la secuela del reconocimiento que se le otorgó a la primera Universidad pública de Chimbote por parte de la SUNEDU, el esperado licenciamiento que provocó el júbilo y la algarabía de una comunidad universitaria que se siente respaldada y con la garantía necesaria para seguir forjando su futuro, a despecho de otras que han sido observadas y que están al borde de la desautorización.

Sin embargo, esa alegría extrema ha llegado a dimensiones que resultan controversiales, pues si bien es cierto la Universidad estaba en su razón de organizar una ceremonia especial para recibir tan merecido reconocimiento, lo que no se entendía era por qué llegar a extremos de celebrarlo a todo lo grande, con comida, trago y música.

Y es que a través de las redes sociales se advirtió que el rector no solo estaba organizando una ceremonia especial, como se estila en estos casos, sino que se estaba preparando una fiesta en la que se preparaba un almuerzo opíparo para más de 500 personas y una fiesta en la que se había contratado a la afamada Orquesta “Los Caribeños de Guadalupe”, que en el mercado tiene un costo elevado por una sola presentación.

Fue aquí en donde la Fiscalía anticorrupción se detuvo un momento para analizar los objetivos de la ceremonia que organizaban las autoridades santeñas habida cuenta que ella se realiza con recursos que se le entregan a la universidad con fines académicos, y, un almuerzo con fiesta incluida no llena ese requisito que lo único que hace es darle los ribetes delictivos que se califica en la ley penal.

Por ello es que la Fiscal interviene la Universidad y solicita los antecedentes de este evento, de la celebración que ser aprestaban a realizar las autoridades universitarias, incluso, aun cuando el rector salió al frente de las denuncias periodísticas para manifestar que no existió gasto extracadémico alguno en la medida que la fiesta forma parte de una celebración que no paga su institución.

El rector Sixto Díaz Tello dijo que ellos estaban organizado la ceremonia protocolar en la que estaban invitadas altas autoridades del Ministerio de Educación y de la propia SUNEDU, así como el almuerzo que constaba de una pachacamanca por la cual se pagaría 30 soles por 500 platos que se habían ordenado preparar.

Esto mismo es lo que, aparentemente, los funcionarios de las áreas de contabilidad y administración de la casa universitaria han explicado y han acreditado con documentos ante la Fiscal, pues el rector afirma que la contratación de la Orquesta respondía a un aporte que estaban efectuando egresados de esta casa de estudios.

Obviamente, a medio mundo sorprendió la extrema generosidad de los ex alumnos de esta casa universitaria, sin embargo, cuando se le peguntó quienes eran estos egresados generosos el rector evadió la interrogante y señaló que no tenía la relación a la mano, cuando bien pudo ordenar a una secretaria que entregue las copias a la prensa a efectos que no queden sembradas muchas dudas en el ambiente como ha ocurrido con esta respuesta incompleta que ha entregado a los medios de comunicación.

Ahora bien, la ceremonia, el almuerzo y la fiesta se realizaron a pesar de la intervención del Ministerio Público, razón por la cual lo que cabe es que la Fiscalía analice y evalúe si la Universidad está autorizada para cubrir los gastos de un almuerzo y una fiesta para celebrar un reconocimiento institucional.

¿Tienen derecho el rector, sus funcionarios y docentes a bailar por haber obtenido un mérito institucional como es el reconocimiento de su universidad? Evidentemente que sí, lo que está en cuestión es el uso de los recursos de la universidad para que organicen una cuchipanda y es por ello que la Fiscalía anticorrupción se decidió acudir a la sede universitaria e indagar si se había procedido conforme a la ley.

Lo que muchos no llegamos a entender es la forma como algunos funcionarios que laboran en entidades públicas se complican la vida, se esmeran en transitar al filo de la norma y apelan siempre a las arcas institucionales para actividades que saben que no forman parte de un entorno académico y que no están autorizadas para ello.

Si el rector y sus parciales quiere celebrar, si están tan eufóricos por haber obtenido el licenciamiento, aun cuando ello solo forma parte de sus propias funciones, lo mejor que pudieron hacer es divertirse con su peculio, como lo haría cualquier empresa o institución de la localidad, sugiriendo a sus trabajadores que paguen su cubierto y los gastos que habitualmente irroga un almuerzo y celebración.

Lo que muchos no llegan a entender hasta el momento es que una entidad pública no puede disponer de recursos para que sus empleados vayan a divertirse en la medida que solo manejan recursos que pagan todos los peruanos, cuando lo hacen lo menos que pueden esperar es una investigación por parte del Ministerio Público, pues no existe une fiesta institucional

Esto ha sido siempre así y seguirá siendo así, por ello sorprende que la Universidad del Santa haya decidido festejar su licenciamiento cuando bien se pueden destinar esos recursos en las actividades académicas de los estudiantes, en la contratación de docentes pues se ha difundido la protesta de los alumnos, en el financiamiento de elaboración de tesis, en la investigación de proyectos y en la promoción de actividades culturales. La aplicación de sus recursos en esos fines no solo tiene más provecho sino que son los idóneos para sus objetivos y no generan denuncias y menos investigaciones.