Editorial

Editorial: ::: PACHORRA JUDICIAL :::

Que el Ministerio Público ha demostrado resultados eficientes en su labor de persecución del delito, es una verdad que no se puede ocultar, allí tenemos las condenas que ha logrado contra autoridades públicas en la lucha contra la corrupción, como el caso de la ex alcaldesa Victoria Espinoza, así como también en la defensa de los sectores vulnerables, como los casos de violencia contra la mujer.

Sin embargo, que tiene flancos realmente controversiales y hasta repudiables, es también una verdad de perogrullo, al margen de algunas disposiciones que dejan mucho que desear, no se puede soslayar la indolencia y dejadez en la tramitación de causas que resultan siendo sinónimo de impunidad.

Nos estamos refiriendo al incumplimiento de los plazos procesales que tienen las investigaciones penales y que en el caso de las carpetas con reos en cárcel sabido es que no puede pasar de 36 meses sin que se haya conseguido una sentencia penal.

Si la Fiscalía no presenta su requisitoria escrita y no consigue que el juicio oral concluya antes de los plazos establecidos, el acusado se verá favorecido con una libertad procesal, es decir, una liberación sancionada por mandato de la ley que premia al investigado que toleró todo ese lapso tras las rejas y sanciona a la sociedad por tener a Fiscales que resultan siendo incapaces de poder concluir un proceso dentro del plazo máximo.

Ya hemos visto casos de esta índole, por ejemplo, en el caso La Centralita, en el que la dilación del proceso ha permitido que muchos investigados salgan libres mientras que otros permanecen tras las rejas solo porque tienen mandatos de prisión en otros procesos.

Ahora se presenta una situación similar en el conocido caso emblemático de la organización criminal “Los encapuchados de Casma”, en donde los principales acusados, el ex alcalde Rommel Meza Cerna y el empresario Carlos León Milla, ya vienen tramitando sendos pedidos de libertad que buscan sacarlos de sus celdas y conseguir la ansiada libertad por exceso de carcelería.

En ambos casos son considerados como cabecillas de la organización delictiva y autores intelectuales de los alevosos crímenes del alcalde José Alejandro Montalbán Macedo y de la ahogada Milagros Aponte Roque, hechos registrados el 12 de diciembre del 2012 y el 02 de abril del 2014, procesos que están en su fase final y próximos a emitirse sentencia.

Sin embargo, los plazos de prisión ya se agotan, si vencen antes que se pueda emitir una sentencia, lo que es lo más probable, cabe la posibilidad que los acusados salgan de prisión y se pongan a buen recaudo, pues afrontan penas de 35 años de cárcel y saben que podrían retornar al presidio.

Por ello es que el Fiscal a cargo del caso del crimen del alcalde Montalbán Macedo ha solicitado la ampliación por cuatro meses más del mandato de prisión que pesa sobre Rommel Meza alegando que una de las modalidades que ha emprendido la defensa técnica de este procesado es la dilación de los plazos, aparentemente en busca de un escenario en el que se pueda acceder a una libertad por exceso de carcelería.

Y en este caso el Juez debe advertir que la propia declaración del acusado que ha demandado su defensa, no ha permitido la conclusión del proceso en la medida que no existe conexión virtual con el presidio en el que se encuentra recluido, lo cual ha conspirado contra el objetivo del Ministerio Público.

De la misma manera, el empresario Carlos León Milla se ha quedado con exceso de carcelería en este proceso penal pero al tener una condena de siete años de prisión por otro delito, se mantiene en el Penal, empero, su defensa ya ha solicitado el beneficio de la libertad condicional en este otro proceso y en caso se ampare el pedido podría ganar las calles porque ya se perdió la oportunidad de procesar y sentenciar a este acusado y al ex alcalde por el crimen de José Montalbán y la abogada Milagros Aponte.

Como se sabe, en estos dos procesos penales existe conexión en la medida que uno arrastró al otro, la abogada Milagros Aponte mantenía una relación clandestina con el empresario León Milla y en la medida que se mostró dispuesta a revelar los móviles y las personas que intervinieron en este crimen, la mafia dispuso también su aniquilamiento que se produjo, paradójicamente, en el Día del Abogado.

De allí que en ambos casos los acusados podrían salir en libertad por la lentitud de los operadores judiciales, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial no han sido lo suficientemente diligentes como para poder concluir las fases probatorias, por ello ahora se ven apremiados con la posibilidad que los presuntos “peces gordos” se puedan echar a volar y consigan su liberación.

No se puede soslayar que hace apenas una semana ha ocurrido algo similar con el caso conocido como “Los Orellanitas”, una organización delictiva integrada por abogados que se dedicaba al despojo de terrenos y hasta embarcaciones, en el que se venció los plazos de prisión y el Fiscal se vio obligado a solicitar el arresto domiciliario de los investigados a efectos de garantizar que no puedan darse a la fuga.

Nos imaginamos que algo parecido deberá suceder con los casos de Meza Cerna y León Milla, el plazo de prisión del primero vence el 21 de este mes, mientras que el segundo solo cuenta con una condena en la que ha demandado el cumplimiento de un tercio de la pena y espera le otorguen la semilibertad.

Veremos en que concluyen estos casos, la autoridad judicial tiene la palabra, será ella la que trate de subsanar las deficiencias de un procedimiento que se supone debería ser célere pero que, en algunos casos, ya no dista de lo que sucedía con la legislación del código de procedimientos penales ya derogado.

Y es que estos casos deben servir para reflexionar y colegir que la justicia requiere excepciones a la regla, no puede sostener juicios por mas de 36 meses en los casos de pluralidad de delitos y de investigados, por ende, habría que ver como se encuentra una salida por ese lado, pues conocida es la tradicional “Pachorra Judicial” que es el germen de todos estos vicios que están dejando en el seno social un sinsabor de impunidad manifiesta. Eso no se debe permitir.