Como es de dominio público, los bienes del estado deben utilizarse para los fines y objetivos de la institución, deben estar al servicio de los funcionarios y empleados de turno para el traslado que requieren en el ejercicio de sus funciones, sean estas comisiones de servicio o traslado de una oficina a otra-.
Sin embargo, es tradicional que se le saque la vuelta a la norma, por ello es que hay algunos funcionarios o servidores públicos que han sido intervenidos y denunciados por hacer mal uso de las unidades vehiculares, generalmente cuando se le otorga un uso personal y hasta familiar, un exceso inaceptable que debe ser ejemplarmente castigado.
Por ello es que en los últimos meses se han registrado intervenciones policiales que han decidido la suerte de muchos burócratas que pensando que nadie los puede descubrir en falta y se fueron a pasear con los vehículos oficiales.
Sucedió con la ex Jefa de la Demuna de Nuevo Chimbote que se fue a comer pizzas con el chofer de su unidad y fue sorprendida por la Policía anticorrupción, también ocurrió lo mismo con un chofer del Ministerio Publico que había cogido la mala costumbre de terminar su servicio y dirigirse a su domicilio a almorzar y descansar con el vehículo que esta asignado a la institución.
De la misma manera se ha intervenido a un funcionario del municipio de Pallasca cuando llegó a Chimbote a visitar a la familia y no vaciló en utilizar la camioneta de la entidad a la cual pertenece, la cual fue registrada en el frontis del domicilio de un familiar en donde departía en una fiesta.
Y la semana pasada nuevamente un funcionario del aparato estatal ha sido sorprendido en flagrante delito cuando se fue a “pelotear” con las unidades de la entidad que preside y no vaciló en hacerlo a pocos metros de una sede policial.
Nos estamos refiriendo al director del penal de Cambio Puente, Juan José Tafur Ruiz, quien fue detenido junto a otros dos trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por haber utilizado de manera ilegal dos camionetas de estado.
La intervención se realizó cerca de las 11 de la noche del miércoles antepasado en el local “Depor Center”, ubicado frente al boulevard de Chimbote donde se desarrollaba un evento deportivo organizado por el Colegio de abogados.
Según se informó, los efectivos policiales de la Policía Anticorrupción de Chimbote, se percataron que dentro del complejo deportivo se estaba realizando un campeonato donde participarían importantes funcionarios. Es allí donde se constata que dos unidades móviles con placa de siglas estatales, se encontraban estacionadas en un espacio que divide ambos campos deportivos.
Rápidamente constataron que los vehículos de placa de rodaje EGD-354, marca Nissan y la unidad placa de rodaje EGS-177, eran de propiedad del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) destinado para el penal de Cambio Puente.
Asimismo se lograron intervenir a tres personas entre los que se encontraba el actual director del centro penitenciario, Juan José Tafur Ruiz de 51 años y a dos conductores del Inpe identificados como Roger Iglesias Requena de 38 años y Reyler Salas Chávez de 33 años.
Juan José Tafur Ruiz, no pudo justificar la presencia de las dos unidades móviles del Inpe y solo señaló que su entidad había sido invitaba a un evento deportivo organizado por el Colegio de Abogados del Santa.
¿Puede el Director del Penal utilizar las unidades de la institución para irse a jugar fulbito a un campo deportivo? ¿Puede estar desplazándose por las calles al promediar la medianoche en actividades que no son propia de la institución? ¿Se justifica el hecho que el INPE como institución haya sido invitado a un evento deportivo de otra institución, para que el Director decida acudir con las unidades vehiculares de la entidad que dirige? ¿Pueden gastar el combustible que se compra con el dinero que pagan todos los peruanos para que el Director se ponga a jugar fulbito?
Llama poderosamente la atención que un funcionario del nivel del Director del enal no pueda conocer disposiciones tan elementales como el uso oficial de las unidades de una entidad pública, ellos saben perfectamente que está terminantemente prohibido usar los vehículos fuera de los horarios de trabajo y al margen de una actividad propia de la institución-.
Lo más grave es que el Director del Penal ha sido sorprendido después de dos o tres intervenciones similares que ya había realizado la Policía y el Ministerio Público a otros servidores del estado, después que trascendiera públicamente que los vehículos del estado no se pueden utilizar para actividades ajenas al servicio., menos aún pueden salir al promediar la medianoche a una actividad deportiva que nada tiene que ver con los objetivos del INPE.
Esto quiere decir que el Director del penal era consciente que estaba haciendo algo ilegal, sin embargo, como ocurre en la mayoría de casos, se la jugó, pensó que nadie podría advertir esta infracción, por ello ahora se ve en serios aprietos.
Ello porque no solo la propia institución a la cual pertenece se verá obligada a iniciarle un proceso disciplinario, sino que la Policía anticorrupción remite los antecedentes al Ministerio Publico que formalizará los cargos ante el Poder Judicial porque esta acción está tipificada como delito de Peculado de Uso y aun cuando tenga una penalidad menor, siempre genera antecedentes que, en un futuro, generará problemas laborales e institucionales al protagonista.
Que sirva este hecho para que todos aquellos que laboran en el aparato del estado terminen de entender que el solo hecho de habérseles otorgado una investidura o un cargo importante no los faculta a hacer lo que la gana se les da con los bienes públicos, por el contrario, son los primeros llamados en cuidar y velar porque no se abusen de ellos. Muchos coinciden en señalar que estos empleados no escarmientan, por lo que será motivo para evaluar el endurecimiento de las sanciones al respecto.