Editorial

Editorial: ::: PEDIDO IMPREVISTO :::

Ya son muchas las ex autoridades que se encuentran en aprietos judiciales, con órdenes de captura, con condenas pendientes de ejecución y varias de ellas en condición de prófugos de la justicia, como la ex alcaldesa Victoria Espinoza García y su sucesor Julio Cortez Rojas´, o como los exgobernadores César Álvarez y Waldo Ríos que se encuentran recluidos en penales de Lima y Huaraz, respectivamente.

Ello como consecuencia de actos ilícitos descubiertos en el ejercicio de sus funciones, como secuela de las graves denuncias que se formularon en su debida oportunidad y que la justicia ha compulsado a lo largo de varios años de pesquisas que se han realizado por impulso del Ministerio Público.

Pero la lista evidentemente no se ha cerrado, constantemente se vienen formulando más denuncias y existe otra autoridad que ha encendido la luz ámbar para su libertad ambulatoria y podría pasar a engrosar esa larga lista de ex alcaldes que deben hacer frente a las demandas de restricciones a su libertad.

Nos estamos refiriendo al ex alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, contra quien la Fiscalía anticorrupción acaba no solo de expedir un requerimiento acusatorio en el que le piden se le imponga 15 años de carcelería, sino que ha solicitado se le dicte una medida de prisión preventiva de 18 meses.

El pedido ha sido promovido por el fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, quien viene investigando al ex alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, así como para sus padres, hermanas y dos empresarios de su entorno, por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

Pero el exalcalde Valentín Fernández no es el único que se encuentra procesado por estos hechos, también se ha comprendido a sus padres Valentín Salomón Fernández Neyra y Nury Soledad Bazán de Fernández, a sus hermanas Nury Elizabeth y Luz María Graciela Fernández Bazán y los empresarios Frank Taylor Jiménez Esquivel y Luis Vásquez Wong.

Justamente, los mencionados no solo han  sido objeto de una acusación y se les viene solicitando una pena, sino que también se ha solicitado para ellos la medida restrictiva de 18 meses de prisión preventiva, de allí lo delicado de esta audiencia que se desarrollará el 29 de mayo próximo según lo ha señalado la titular del Sexto Juzgado de Investigación  preparatoria de Chimbote, Gabriela Saavedra.

Y es que para el Ministerio Público, el ex alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández habría formado junto a sus padres y hermanas una asociación ilícita para delinquir, de tal suerte que obtuvo bienes con dinero de los actos de corrupción que cometió durante el desempeño de sus funciones como burgomaestre y se valía de sus familiares y amigos empresarios para “blanquear” ese dinero ilícito generado en la corrupción,

Obviamente, los medios de comunicación  no pueden acceder a un expediente penal y no se puede conocer cuáles son los elementos de prueba sobre los cuales el Fiscal sustenta el pedido de prisión para  la ex autoridad, sin embargo, no se puede soslayar que este caso estaba destinado a este derrotero a juzgar por los apremios que ha solicitado el Ministerio Público el año pasado,

En efecto, no se puede olvidar que el fiscal anticorrupción, Laureano Añanca, realizó un impresionante despliegue con la Policía para proceder a la incautación de la vivienda de propiedad del ex alcalde de Nuevo Chimbote en la Urbanización  Las Casuarinas e hizo lo mismo en la ciudad de Trujillo, en donde no solo ha comisado las viviendas de sus padres y hermanas sino un Colegio que crearon hace muchos años en esa localidad.

Aquellas medidas restrictivas fueron aprobadas por la instancia superior, de lo que se colige que tuvieron el suficiente respaldo probatorio como para mantenerlas en ejecución a pesar que se trata del domicilio familiar de la ex autoridad y sus familiares y como tal se procura el despojo compulsivo del mismo dejando en precarias condiciones al investigado.

Desde entonces, se esperaba el pronunciamiento del Ministerio Público respecto al fondo de esta pesquisa, incluso, el propio ex alcalde Valentín Fernández llegó a plantear pedidos de control de plazos a efectos de demandar por la vida judicial que el Fiscal expidiera su requerimiento acusatorio o la solicitud de sobreseimiento respectiva, actitud que dejaba evidenciar que la ex autoridad estaba convencido que el representante de la Fiscalía no tendría otra salida que excusarlo de esta pesquisa.

Sin embargo, el Fiscal no solo está convencido de la teoría del caso que ha planteado ante el Juzgado anticorrupción, sino que se siente fortalecido por los medios probatorios que ha ofrecido, de tal suerte que en su requerimiento acusatorio está solicitando penas drásticas y contundentes contra los investigados.

Para el ex alcalde Valentín Fernández Bazán está solicitando 15 años de cárcel, mientras que para sus padres y hermanas, así como para el empresario Frank Jiménez Esquivel pide una pena de 18 años mientras que al empresario Luis Vásquez Wong le pide una pena de 20 años de cárcel efectiva.

De allí que este caso emblemático amenaza con concitar la expectativa de la población cuando se realicen las audiencias respectivas, será pertinente conocer el criterio de las autoridades judiciales, no solo cuando se realice el control de acusación y se determine la efectividad de las pruebas que ameriten un juicio oral, sino cuando se ponga en debate el pedido de 18 meses de prisión preventiva para toda una familia integrada por los dos padres y tres hermanos incluido el ex burgomaestre neochimbotano.

Sea como fuere a nadie que quepaba duda alguna que el Ministerio Publico habría de formular una acusación formal contra el ex alcalde y sus familiares, sin embargo, lo que no ha dejado de sorprender es que demande una prisión preventiva cuando el ex alcalde ha venido haciendo frente a la justicia, no ha dado muestras de perturbar la acción probatoria y que tiene arraigo familiar y laboral en nuestra ciudad como que es médico de Essalud. En fin, estamos ante un pedido imprevisto y será la justicia quien califique cuan suficiente resulta a La luz de los hechos por todos conocidos.