En este mismo espacio nos preguntábamos, hace ya algunas semanas atrás, si las autoridades de la Policía, la Municipalidad, la Dirección de Transportes y el Ministerio Público esperaban alguna muerte para tomar acciones y detener el transporte informal que estaba exponiendo la vida de miles de personas.
Y lo hacíamos porque era sorprendente que este servicio que no tiene aval o garantía alguna para el usuario, se desarrollaba con pasmosa complacencia a pesar de estar totalmente prohibido y que se sucedían muchos accidentes con secuela de muertos y heridos en la ruita entre Trujillo y Chimbote y viceversa.
Como para que el tiempo nos vuelva a dar la razón, la semana pasada otro colectivo informal que cubre la ruta Chimbote- Trujillo sufrió un nuevo accidente de tránsito y dejó a sus cuatro pasajeros heridos, tras impactar violentamente contra la parte trasera de un bus interprovincial en el sector conocido como San José en la provincia de Virú.
De acuerdo a lo que informaron los medios de comunicación, este nuevo accidente tuvo como protagonista al colectivo informal de placa T4E-232 impactó con la parte trasera del bus interprovincial America Express, cuando éste permanecía estacionado en el semáforo de Virú, salvando de una verdadera desgracia a quienes lo ocupaban.
Como no podía ser de otra manera, el exceso de velocidad del colectivo informal le terminó pasando factura a sus pasajeros todos los cuales resultaron con serias heridas y tuvieron que ser trasladados a la Posta Médica de la zona, mientras que el conductor sometido a dosaje etílico.
El colectivo informal había salido de Chimbote y, de acuerdo las primeras conclusiones de la Policía, el exceso de velocidad no le permitió frenar a tiempo y colisionó con la parte trasera del bus interprovincial, empero, este hecho pudo tener consecuencias más trágicas.
No hay que ser un perito o especialista para concluir que este accidente es producto de esa informalidad que tiene el servicio que prestan estos colectivos, los choferes no son personas que han sido preparadas para manejar rutas largas, no cuentan con brevetes profesionales que es lo menos que se demanda en esta clase de viajes, largos, los vehículos no son sometidos a controles para evitar que sufran algún percance en la ruta y los pasajeros que se suben a ellos están expuestos a una desgracia sin que el vehículo cuente con un seguro que pueda responder por los daños.
Por ello es que permanentemente se demandó por todos los medios que las autoridades prohíban que se preste un servicio que no tenía garantía alguna y que solo resultaba de la necesidad de negocio de personas que tiene necesidad de empleo o de otras que invierten cierta cantidad de dinero para duplicar y hasta triplicar su capital a costa de la posible desgracia para los demás.
Lamentablemente, el llamado de la prensa y de varios sectores no ha sido escuchado, el transporte informal ha seguido operando a vista y paciencia de la Policía de Tránsito, de los inspectores de la municipalidad y de funcionarios insensibles a quienes les importa un comino si se produce o no un nuevo accidente.
La presión mediática dio lugar, por ejemplo, a que la SUTRAN intervenga en nombre del estado y participe en operativos de control en los cuales se llegaron a retirar las placas de los vehículos, sin embargo, aun cuando resulta encomiable que se asuman medidas drásticas, es evidente que ellas no han significado nada para el objetivo de erradicar el transporte informal.
Los vehículos que operan en sete servicio clandestino han seguido operando y, lo que es peor aún, han incrementado modalidades de encubrimiento a sus actividades que aparentemente han superado el auscultamiento de las autoridades.
En efecto, la semana pasada se ha informado que uno de estos paraderos informales se ha establecido en el P.J. Primero de Mayo y para llamar a los pasajeros coloca avisos del funcionamiento de un Car Wash que en realidad no existe sino que es el garaje en donde recalan estos vehículos para embarcar pasajeros.
No entendemos la parsimonia y la conformidad de las autoridades locales para seguir permitiendo el funcionamiento de este servicio informal, están permitiendo que se sucedan uno tras otro los accidentes y que sigan mostrándose este paradero mortal sin que pueda ser definitivamente erradicado. Ellos deberán cargar con las muertes que se sigan registrando en el futuro.
CONDENA IRREMEDIABLE
El Sexto Juzgado de Investigación preparatoria condenó al Sub Oficial de la Policía, Marco Antonio Burgos Hernández, a cinco años de cárcel efectiva al declararse culpable del delito de corrupción de funcionarios en agravio del estado.
La sentencia se expide en el marco de un acuerdo de terminación anticipada al que arribaron la Fiscalía y la defensa técnica del acusado y que ha sido aprobado por la Juez con la finalidad de dar por finiquitado el proceso en la medida que el efectivo policial se declaró culpable.
De esta manera, el acusado se beneficia al no recibir una pena mucho más drástica para el delito que ha cometido que es el de la burda coima a un transportista aprovechando que se desempeñaba como jefe de la oficina de tránsito de la Comisaría de Buenos Aires.
Este caso es recordado en la opinión pública en la medida que este Sub Oficial fue destacado de otra localidad para asumir el mentado cargo luego que su anterior responsable fuera capturado en las mismas circunstancias, coimeando a otro ciudadano.
Lo curioso e indignante del hecho protagonizado por este pésimo Policía Marco Antonio Burgos Hernández, es que cometió el mismo delito apenas tres días después y luego que se le confiara el cargo con la misión de desterrar la mala imagen que se había hecho la institución por el pésimo accionar de su antecesor.
En otras palabras, el remedio resultó mucho peor que la enfermedad. No entendemos para qué se le acepta la culpabilidad si los hechos están absolutamente probados al haber sido detenido en flagrancia de delito, lo que quiere decir que la que recibió siendo una condena irremediable, pudo ser más drástica.