La Jefatura de la División Policial de Chimbote ha dispuesto otorgar custodia personal a la Fiscal titular de la Fiscalía especializada en delitos contra el medio ambiente, Dra. Evelyn Lamadrid Vences atendiendo a las amenazas que ha recibido por parte de los investigados en casos de minería informal.
La medida se adopta en medio de una polémica desatada a raíz de la pública demanda de dos fiscales provinciales de nuestra ciudad y los reparos que puso el Jefe de la División Policial en la medida que esta clase de demandas debe estar debidamente fundamentada y no responde al mero capricho de la autoridad que la solicita.
El alto jefe policial precisó que la demanda de una custodia por razones de amenazas deben estar debidamente sustentadas y probadas en la medida que requiere de la disposición de personal que descuida su labor de seguridad ciudadana y, por ende, es un procedimiento que debe estar sujeto a una meticulosa evaluación.
Sin restar importancia a los reclamos de las Fiscales, el Coronel James Tanchiva Díaz fue claro en señalar que esta clase de procedimientos debe estar respaldado por hechos concretos en la medida que se requiere evaluar todos los riesgos.
“No porque se trata de funcionarios hay que darle seguridad a su pedido porque se tiene que evaluar si realmente hay riesgos. En el caso de los fiscales ocurre que algunos siendo adjuntos tienen seguridad y el titular no lo tiene, entonces ¿para quién debería ser si no es para quién decide los casos?” fue lo que señaló el Coronel de manera tajante.
Incluso el Jefe policial puso en tela de juicio algunos requerimientos de magistrados que solo aspiran a tener un resguardo policial para hacer alarde ante los demás, incluso, con el afán de tener alguien a su costado que le abra la puerta del carro y dijo que no estoan dispuesto a acceder a esta clase de demandas.
En tal sentido, hizo alusión al caso de la Fiscal Karla Zuloaga Pajuelo, quien fue una de las Fiscales que se presentó en conferencia de prensa ante los reporteros locales y demandó que se le otorgue seguridad porque tiene a su cargo procesos contra ex funcionarios del gobierno regional y había sufrido algunos incidentes que la hacen sospechar que pueden atentar contra su persona.
Recordó que esta magistrada del Ministerio Publico sí cuenta con seguridad personal, mientras que la Dra. Miriam Lucero Tamayo, Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Ministerio Público del Santa, no cuenta con seguridad, y, aun cuando no lo precisó, resulta incongruente un hecho de este tipo.
Y es que el Jefe de la División Policial se pone en el caso de una suerte de engreimientos por parte de las autoridades que solicitan resguardo policial llegando el caso de rechazar la presencia de tal o cual efectivos, sea hombre o mujer y exigir que le asignen a otro personal.
Lamentablemente, en el tema de la seguridad personal de los magistrados se debe contar con escenarios de peligro que lo ameriten, como por ejemplo lo ocurrido en la época de la corrupción regional, cuando los investigados estaban en el poder y contaban con respaldo económico e influencias políticas y fue la entonces Fiscal Yeni Vilcatoma de la Cruz, actualmente congresista de la república, quien fue abordada por cinco sujetos armados quienes la amenazaron de manera directa para que se abstenga de investigar las carpetas relacionadas con los funcionarios regionales de entonces.
Recordamos asimismo las pintas que colocaron en la avenida Pardo contra un Fiscal que estaba investigando a los llamados “comandos”, entonces se trata de hechos tangibles que ameritan la respuesta de la Policía, como en el caso de la Fiscal Evelyn La Madrid que conoce de procesos contra la minería informal en donde existen mucho poder económico de por medio, aquel que es capaz de contratar delincuentes para que hagan daño.
Es importante que el jefe de la División Policial haya deslindado el tema de la custodia de las autoridades, ha trascendido en los medios periodísticos que se ha registrado casos en los que la situación personal se confunde con la función y por ello se presentan situaciones bochornosas. Esperemos que se asigne custodia a quien realmente la necesita.
DOLOROSA PROTESTA
Quienes transitamos por las calles y nos encontramos con alguna marcha o movilización, lamentamos que existan pobladores que por alguna razón tengan que llegar a ese extremo para que puedan ser escuchados por alguna autoridad o institución.
Sin embargo, la semana pasada ese sentimiento llegó al extremo cuando pudimos ver a personas cargadas en años, algunos que apenas si podían movilizarse, otros con bastones y hasta con sillas de ruedas que hacían lo mismo, habían emprendido una protesta para reclamar por lo que consideran es justo.
Se trataba de los jubilados y pensionistas de la provincia del Santa, quienes se desplazaron hasta la sede de la Oficina Nacional Previsional, entidad del gobierno que se encarga de pagar sus pensiones, quienes reclamaban por el magro incremento que había decretado el gobierno a sus mensualidades.
Como se sabe, el gobierno dispuso el incremento de 85 soles a las pensiones de la gran masa de jubilados, estableciendo que el mínimo pensionable ya no era 415 soles como percibían a la fecha sino 500 soles, estimando que con ello cumplían con este vasto sector.
Sin embargo, las cifras no concilian en nada con las expectativas de los hombres de la tercera edad, ellos plantearon a través de sus gremios que este incremento se homologue con el salario mínimo vital que ha establecido el gobierno, el cual supera los 900 soles.
Paradójicamente, el Presidente de la República Martin Vizcarra, presentó este aumento como una gran cosa para los jubilados porque no percibían aumento alguno desde hace 18 años, empero, aparentemente olvidó que después de dos décadas el dinero se ha devaluado y su incremento resulta un baldón para hombres que hasta han fallecido esperando una mejor noticia. No cabe duda que aquella fue una protesta sumamente dolorosa.