Editorial

EDITORIAL ::COLADERA PENITENCIARIA::

La ilegal excarcelación y la posterior fuga del delincuente Rubén Moreno Olivo (a) “Goro”, no dejará de llamar la atención de los medios de comunicación en la medida que, de por medio, existe una grave responsabilidad penal y administrativa que debe sancionarse.

Y es que si bien es cierto que el maleante ha podido sortear los barrotes de la cárcel con engaños y se ha escapado de su centro de reclusión domiciliaria “en las barbas de la Policía”, es imperativo que no solo se afiancen los operativos destinados a una búsqueda efectiva sino que se realicen todos los esfuerzos destinados a deslindar responsabilidades en este tema.

Y uno de los primeros en hacerlo es el Ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas quien dijo en el Congreso de la República que los funcionarios del Establecimiento Penal de Chimbote registraron la condena de Rubén Moreno Olivo, alias “Goro” en un kardex manual y no en el sistema digital integrado que pudo haber evitado el cúmulo de errores que permitió la ilegal excarcelación y la posterior fuga del procesado.

Zeballos Salinas indicó que los funcionarios del registro de condenas utilizaron un kardex manual que no se utiliza desde el año 2010 y lo que debieron hacer en todo caso, fue ingresarlo al sistema digital integrado que está conectado a todos los Penales del país.

Sin embargo, el propio Zeballos Salinas reconoció que dicha condena no debió inscribirse en el Penal de Chimbote, sino en el Establecimiento Penal de Ancón (Ex Piedras Gordas) porque el procesado cumplía la condena y las prisiones preventivas en Lima, donde se desarrollan los diferentes procesos penales que afronta.

Se evidencia grados extremos de complacencia y de índole penal ha admitido el Ministro. Hay complicidad porque utilizaron un sistema antiguo para registrarlo en Chimbote, donde además, no se debió registrar porque el interno estaba en Lima, fue lo que señaló el Ministro Vicente Zeballos al tratar de hallar una explicación a lo sucedido.

Como se sabe, Rubén Moreno Olivos, alias “goro” fue excarcelado ilegalmente el pasado 8 de junio, pese a tener condena firme y consentida de 25 años de prisión, para cumplir arresto domiciliario en una vivienda del Jirón Azángaro, donde además se terminó fugando el miércoles 19 de junio.

Ësta en realidad ha sido una fuga espectacular, se ha comprobado la mala fe de ciertos empleados del Instituto Nacional Penitenciario y se ha permitido la fuga de un sujeto que debería estar tras las rejas.

Por ello es que el Ministro ha explotado, entiende que este es un hecho orquestado por malos empleados del Instituto Nacional Penitenciario, aquellos que ciertamente debieron ejecutar el mandato de una resolución del juez que ordenaba el arresto domiciliario del peligroso delincuente “siempre y cuando no pese sobre él otra orden de reclusión”.

Esa orden era la sentencia condenatoria de 25 años que estaba cumpliendo “Goro” por su participación en el primer atentado en agravio del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos en el cual se asesinó a su hijo político.

Ahora salen a decir que la condena no fue registrada en el sistema digital sino que se hizo en un Kardex manual que para entonces ya no se usaba, lo que quiere decir que allí hubo intencionalidad para hacer ver que el delincuente estaba encerrado solo por las prisiones preventivas cuando en realidad tenía un fallo condenatorio vigente.

Pero si el Ministro Zeballos reconoce este hecho, si admite que aquí existe responsabilidad de malos servidores del sistema penitenciario del país, consecuentemente la responsabilidad política y administrativa del escandaloso hecho es de su despacho, eso nadie lo puede negar y el Ministro es consciente de ello pero a diferencia de lo que harían otros profesionales que se precian de serios, honestos y trasparentes, no ha dado un paso al costado como corresponde ni ha puesto su cargo a disposición del presidente de la república, cuando ello era lo que correspondía.

El Gobierno de Martin Vizcarra no puede sustraerse a estos actos de corrupción, se perpetran de manera impune en sus propias narices y lo más grave es que nadie dice nada ni sancionan a nadie, por el contrario, como suele ocurrir, “la pita siempre se rompe por el lado más débil” y han preferido denunciar a dos trabajadores del Penal de Cambio Puente mas no a una alta funcionaria del registro de condenas que expidió un certificado de antecedentes penales sin que se consigne la condena de 25 años.

Ahora bien, aun cuando el Ministro de Justicia haya tratado de encausar el tema de la responsabilidad solo a trabajadores del más bajo nivel escalafonario del INPE, no se puede soslayar las declaraciones del presidente de la Corte del Santa, José Manzo Villa nueva y del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, quienes han señalado que ellos cuentan con cargos oficiales de recepción del antecedente ante el registro central de Condenas, lo que quiere decir que está anotación aparecería en todos los cargos de las dependencias que están conectadas con el Penal de Cambio Puente.

Seguramente, el deslinde de responsabilidades se conocerá mucho más adelante, las pesquisas internas del Ejecutivo siempre suelen echar un poco de morfina al escándalo, los apagan solo con el transcurrir del tiempo, la gente se olvida del escándalo o apelan a las mismas tretas de antaño, los psicosociales que suelen promover escándalos mucho mas graves que dejen en el olvido estos que nos preocupan.

Hay que tener mucho cuidado con lo que pueda suceder más adelante, a cada momento nos salen con nuevas tretas y hay que tener en cuenta que este arresto domiciliario lo han recibido otros acusados como Christian Crúzate Pereda, mas conocido como “Colombiano”, quien es el confeso asesino de Ezequiel Nolasco Campos y que también ha sido beneficiado con un arresto domiciliario que no se ha ejecutado aun porque no ha podido señalar un domicilio aparente en donde debe cumplir este mandato.

La letanía procesal del Ministerio Público y el Poder Judicial están llevando a que los acusados se encuentren con la posibilidad de sortear las celdas del penal cuando arrastran cargos sumamente graves con penas por encima de los 25 y 30 años, de allí que hay que tener mucho cuidado en adelante, especialmente de la coladera penitenciaria que representa el INPE en este momento. Esto lo ha reconocido el propio Ministro.