Editorial

Editorial: ::: GOBERNADOR EN APUROS :::

Todo indica que el Gobernador de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa y sus asesores legales calcularon mal cuando solicitaron acogerse al principio de oportunidad frente a la investigación penal que le inició la tercera Fiscalía Provincial de Huaraz por delito contra la Fe Pública en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo, pues la petición ha sido desestimada.

Y es que para acogerse a este mecanismo procesal el investigado debe comenzar a reconocer sus culpas, debe admitir los cargos que formula el Ministerio Público y reconocerse responsables de los mismos, pues esa actitud debería tener un correlato que lo beneficie en el desenlace final.

Si la persona se acoge a este principio de oportunidad y reconoce la responsabilidad que el alcanza en el delito, la justicia lo premia con una sanción indemnizatoria y con el archivo de la denuncia penal, sin que ello implique la generación de un antecedente penal.

Sin embargo, la aplicación de este dispositivo penal está sujeta a requisitos que señala la misma norma procesal, como que el delito cometido sea leve, que no atente contra los intereses públicos, que la pena a imponerse no supere los dos años y hasta que las circunstancias de hecho y las condiciones personales del denunciado le permitan al fiscal advertir que no incurrirá en otro delito.

Aparentemente, en el presente caso, el Fiscal ha considerado que los hechos no se adecuan para un principio de oportunidad y por ello ha procedido a iniciar una investigación preliminar, que es el equivalente al inicio de un proceso penal en la medida que ya ingresa el control del juez de investigación preparatoria.

Como se recuerda, estos hechos llegaron a conocimiento del Ministerio Público por una denuncia de parte a la que luego se adhirió el procurador del Jurado Nacional de Elecciones que fue el organismo que hizo los reparos en las omisiones en la que había incurrido el Gobernador de Áncash cuando era candidato.

Estos hechos trascendieron públicamente porque fueron materia de un proceso de exclusión por parte del jurado electoral especial de Huaraz, el mismo que se inició cuando el personal de fiscalización electoral comunicó a los miembros del Jurado huaracino el hallazgo de discrepancias en la hoja de vida presentada por el entonces candidato de “Somos Perú” para el gobierno regional de Ancash, señalando que el entonces candidato Juan Carlos Morillo había omitido declarar sentencias que tenían la condición de cosa juzgada.

En aquella oportunidad se pudo conocer que se trataba de denuncias por violencia familiar, las cuales no fueron consignadas en su declaración jurada en la cual sí figuraban las otras tres denuncias por libramiento indebido y otras dos por obligación alimentaria.

Cuando fue requerido el personero legal del movimiento “Somos Perú” señaló que se trata de denuncias de las cuales se encontraba rehabilitado y que su declaración no era incompatible con la norma legal, por lo que solicitó que el caso fuera archivado en esa vía administrativa, como realmente se decretó.

Inclusive, muchos deben recordar que existieron muchos cuestionamientos respecto a la decisión del Jurado Electoral en la medida que expide una resolución con una fecha anterior al oficio que le remite la Corte Superior de Ancash, en la que se daba cuenta de las condenas que había merecido el candidato.

En aquel entonces se nos vino a la memoria la patética actuación del mismo jurado electoral formado por otros magistrados de Huaraz para las elecciones municipales y regionales del 2013, cuando admitieron la candidatura de Waldo Ríos Salcedo, quien fue tachado por personas que sabían que tenía una condena pendiente de la cual no se había rehabilitado, empero, por extrañas razones. En aquella oportunidad el Jurado Electoral se negó a investigar y rechazó de plano la tacha sin argumentación jurídica que descalifique el pedido.

En esas condiciones Ríos Salcedo alcanzó la segunda vuelta con Ricardo Narváez y antes de esa contienda la Corte Suprema advirtió la precariedad jurídica del candidato de “Puro Áncash” y comunicó al Jurado Nacional de elecciones a efectos que tenga en cuenta en su participación electoral.

Sin embargo, el máximo organismo electoral sentenció que habiendo ya tomado parte en primera vuelta, no se podían afectar derechos adquiridos y aun cuando ha sido erróneamente habilitado, se le debería permitir participar en la segunda vuelta y en caso ganaba esos comicios no podría juramentar hasta que rehabilite.

Por ello quien juramenta es el vice gobernador Enrique Vargas Barrenechea y ya todos conocen lo que sucedió después, los donantes, los juicios, los encarcelamientos y las vacancias que dejaron a Áncash en un absoluto desgobierno durante casi todo ese lustro.

Como se advierte, gracias a los dos últimos jurados electorales de Huaraz, tenemos dos gobernadores que no estaban habilitados para tomar parte en los comicios pero lo hicieron y ganaron para convertirse en las máximas autoridades de la Región, ahora, y tal como ocurrió con Waldo Ríos Salcedo, el Gobernador Juan Carlos Morillo queda expuesto a una posible sanción penal en la investigación que se le acaba de aperturar.

Cierto es que nadie puede decir que Morillo será condenado en este caso que se le ha iniciado, sin embargo, en este caso existe un antecedente peculiar y es el relacionado a la admisión de culpas que había formulado el Gobernador, había reconocido la omisión de las sentencias y hay una prueba latente que pesará en su contra.

Claro que el reconocimiento que hizo en el cuadernillo de principio de oportunidad no será el mismo en el que se reciba su declaración judicial en la que seguramente negará los cargos, empero, para la mayoría ha quedado claro que el mismo Gobernador ha reconocido que había incurrido en el mismo delito que ya la ley sancionó de manera drástica y contundente en el caso del ex gobernador Enrique Vargas Barrenechea.

Habrá que esperar como se desenvuelven las próximas diligencias, por ahora vemos a un Gobernador en apuros, una autoridad que debe enfrentar los problemas de Ancash, distraído en sus propios problemas ante la ley, es decir, volvemos a lo mismo de antes.