ERROR
El tema de la protesta de la población arequipeña por la ejecución del proyecto minero “Tía María” está cada día más candente en la medida que la protesta popular ha puesto entre las cuerdas al gobierno de Martin Vizcarra, que suele priorizar los temas que rinden más réditos políticos como la pretendida lucha contra la corrupción y la persecución de los partidos políticos y de sus eventuales adversarios. Sin embargo, el asunto de “Tía María” ha llegado a un extremo que se hace necesaria la opinión de todos los actores políticos, por ello ayer seguiríamos en un noticiario que se escucha en radio y se por television, la entrevista que le hicieron al congresista Clemente Flores, quien es el actual vocero de “Peruanos por el cambio”, el famoso movimiento promovido por el ex presidente Pedro Pablo Kuczinsky y que es el movimiento oficialista o gobiernista. Este congresista no podía ser ajeno a la realidad y menos intentar tapar el sol con un dedo, por ello cuando el periodista le preguntó su impresión sobre el contrato firmado por el actual gobierno para darle la licencia de la “Southern Perú”, y que ha sido la causa de esta revuelta, el congresista consideró que ese fue un grave error que se debe reparar. Y fue un error porque el gobierno no consultó con las autoridades y los representantes de la comunidades en donde se ejecutará el proyecto minero. Eso es sabio, reconocer que hubo errores y que se tiene que enmendar. Este caso lo trasladamos a Áncash y le preguntamos al gobernador si no ha sido un error no haber consultado con los gremios agrarios y los colegios profesionales sobre la manera como se debe reactivar Chinecas. El gobernador Juan Carlos Morillo se ha resistido hasta la fecha en dialogar con los gremios agrarios sobre el proyecto irrigador, se mantiene en sus trece sobre el manejo personal que viene haciendo del proyecto irrigador y su pertinacia de iniciarlo por la ejecución del canal principal desde Nepeña hasta Casma. Sin embargo, hay otros temas que primero deben abordarse, el tema de la bocatoma única compartida y de la ampliación de los túneles en la medida que no existe a la fecha recurso hídrico en suficientes cantidades como para que llegue a Casma, consecuentemente, se debió retomar Chinecas por la cabeza y no por los pies. Esperemos que en el gobierno regional exista capacidad de enmienda para reconocer errores y enmendarlos. Los gremios agrarios siguen esperando su convocatoria.
AUDIENCIA
Asegurando que tiene “el objetivo de trasparentar la gestión y rendir cuentas a la población, la oficina de prensa del gobierno regional de Ancash ha anunciado que el martes 20 de este mes el gobernador regional Juan Carlos Murillo Ulloa estará llevando a cabo la primera audiencia regional de este año. En realidad no se trata de transparentar nada, es una obligación legal que esta contenida en la ley orgánica de los gobiernos regionales, son dos audiencias que el gobernador debe realizar al año, lo que sucede es que este mandato legal ha sido ignorado de manera ilícita por los ex gobernadores, especialmente cuando estaba al frente César Álvarez Aguilar. El año pasado el ex gobernador Luis Gamarra llevó adelante esta audiencia al final del año y lo hizo en Chimbote y en Huaraz. Sin embargo, el Gobernador Morillo lo estará realizando en el auditorio principal de la sede regional de Ancash en Huaraz, en el campamento de Vichay, para lo cual se ha establecido un registro de participantes en las sedes de las Sub regiones, en Nuevo Chimbote, en Conchucos y Huari con la finalidad que los dirigentes o pobladores que tengan interés en participar en este evento lo puedan hacer de manera oportuna. Hay que tener en cuenta que es un acto público y al cual puede acceder cualquier ciudadano para ejercer su derecho a la fiscalización de los recursos destinados al desarrollo regional.
PARON
Mientras el Gobernador regional prepara su ponencia para la audiencia regional, la Defensoría del Pueblo no le perdona el hecho que haya ignorado por completo el problema de la emergencia generada en la laguna de Parón y la declaratoria de emergencia que decretó el gobierno. Sucede que en este tema el titular de Áncash debería haber convocado a una mesa de dialogo con las partes interesadas en Caraz, empero, el gobernador no hizo nada, el tema quedó en cero y no se sabe si es que el ejecutivo, por intermedio de las organizaciones adscritas a sus ministerios, hizo algo al respecto. La comisionada de la Defensoría del Pueblo en Huaraz, Soledad Rodríguez Loli, solicitó la intervención del Ministerio Público, a través de la Fyscloia de Prevención del delito. Un problema más para el Gobernador.