El ultimo martes, la Sala Penal Nacional de Apelaciones, la misma que ha iniciado la audiencia única de revisión del recurso de impugnación que ha planteado el ex presidente regional César Álvarez Aguilar, contra la sentencia que lo condena a 8 años y tres meses de cárcel en el caso de las irregularidades descubiertas en la obra de la carretera Chacas – San Luis, debió llevar adelante la diligencia sin recibirse el alegato que le correspondía a la defensa del ex titular de Ancash.
La audiencia no se postergó solo porque en ella se encontraban presentes los abogados de los otros sentenciados, quienes estaban preparados para ejercer la defensa de sus patrocinados, consecuentemente, se avanzó en ese extremo y se dejó el alegato de Álvarez para la siguiente audiencia que será el próximo viernes 04 de octubre.
Esto se cumplió en medio de la evidente incomodidad y contrariedad de los magistrados del Colegiado, quienes en la audiencia de instalación de la semana anterior habían dispuesto que se oficie al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a efectos que se traslade a César Álvarez a un penal más cercano o al mismo penal de “Piedras Gordas” donde estuvo recluido, en la medida que se requiere una mejor señal de la videoconferencia que no se tiene con el penal de Cochamarca, que está ubicado en Cerro de Pasco.
Los magistrados tuvieron serias deficiencias para poder comunicarse con Álvarez en la audiencia de instalación y siendo ese ya un hecho recurrente con otros casos, destacaron la necesidad de preservar el derecho a la defensa del sentenciado, por ello es que no pidieron opinión o consultaron al INPE, lo que hicieron fue ordenar que se traslade al sentenciado a otro penal para que puedan hacer el contacto pertinente.
Esto no parece hacer sido advertido por el INPE que sencillamente ignoró la disposición del Colegiado Nacional y presentó al ex presidente regional en el mismo Penal de Cochamarca, de la Región Pasco, en cuya ocasión se volvieron a presentar los mismos problemas de audio, cosa que la sala verificó con un efectivo de la Policía Nacional a efectos de descartar que se pudiera tratarse de una justificación del investigado.
Esto es lo que generó la decepción de la Sala Pena Nacional, la actitud de un organismo del estado que no solo no acata una orden judicial sino que no atiende un emplazamiento relacionado con expediente que cuenta con reo en cárcel, y quienes conocen la praxis judicial saben que estos casos son los que tienen la primera prioridad.
Por ello es que en esta oportunidad el INPE debe extremar sus medidas para poder cumplir con el mandato judicial no solo porque están expuestos a un apremio legal sino porque están perjudicando el avance de un proceso que se encuentra en su fase definitiva y sobre el cual se encuentran a la expectativa los ojos de miles de peruanos, especialmente los chimbotanos y ancashinos que esperamos el pronunciamiento definitivo de la justicia respecto a uno de los tantos procesos penales que tiene pendiente el ex titular de Ancash.
Quienes siguen de cerca este caso de Álvarez Aguilar se extrañan que este juicio, haya llegado a empantanarse de esta manera, pues el ex presidente regional tomaba parte de las diligencias y la justicia no había dispuesto absolutamente nada respecto al cumplimiento de una primera condena que ha recaído en su contra sino que fue el parlamento nacional el que se dirigió al INPE y lo emplazó a que se traslade a Álvarez a un Penal de máxima seguridad como es el de Challapalca, que se encuentra en la frontera de las regiones Tacna y Puno, a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar.
El pedido se hizo desde la comisión de justicia y fue la congresista Yeni Vilcatoma de la Cruz quien lo sustentó alegando que la fuga del delincuente Rubén Moreno Olivo, luego de haberse acogido ilegalmente a un régimen de semilibertad, había sido urdida en el penal de “Piedras Gordas”, bajo la mano de César Álvarez que buscaba de esta manera no solo perjudicar el avance de los juicios que ambos tienen pendientes, sino que se amenace y atente contra la integridad de sus acusadores lo cual solo propia lograr con un sicario en las calles.
Lo cierto es que ni siquiera la justicia se había percatado de esos movimientos, fue la joven Fiorela Nolasco Blas, hija del asesinado ex consejero regional Ezequiel Nolasco, quien advirtió la ausencia del delincuente “Goro” y solo después de la pública revelación que hizo ante los medios de comnunicación nacional se pudo conocer que detrás de ella había toda una maquinación que involucró a servidores del INPE.
Lamentablemente, esas articulaciones, siendo justificadas, generaban un desplazamiento que habría de perjudicar el desarrollo de un juicio que se encontraba bastante avanzado y que había llegado a su parte final en primera instancia cuando la Juez del Primer Juzgado Unipersonal Nacional, Nayko Coronado Salazar, expidió los lineamientos de sentencia y condenó a César Álvarez y otros seis ex funcionarios y empresarios a penas que oscilan entre los cuatro y ocho años de cárcel.
Inclusive, quienes seguimos la incidencia de la lectura de los lineamientos de sentencia en su integridad estuvimos convencidos de inmediato que este fallo habría de ratificarse en la instancia superior en la medida que la juez hizo alarde de un conocimiento absoluto de la causa y ordenó secuencialmente los cargos incriminatorios y las pruebas, que a nadie le quedó la menor duda que el extitular de Ancash y sus funcionarios metieron las manos en las arcas regionales para beneficiarse con la ejecución de la obra.
Ojo que este caso no incluye los cargos que en su oportunidad se formularon en la ciudad de Huaraz por la adjudicación de la carretera Chacas San Luis, la misma que fue archivada a pesar que ahora se conocen que existen pruebas fehacientes del pago de una coima de dos y medio millones de dólares por parte de Odebrecht al ex presidente regional y su asesor Dirsse Valverde Varas.
La corrupción en la justicia de Ancash en ese entonces ha quedado en evidencia con este caso a pesar que existen muchos más, empero, ello quedará escrito en la historia como parte de una vomitiva componenda, lo que nos ocupa ahora es la condena de este segundo proceso que ha sido apelada y requiere dilucidarse en el menor tiempo posible.
El INPE ha demostrado una absurda indiferencia en este tema, de aliñó que la Sala Penal debe apelar a los apercibimientos y castigar de manera ejemplar a sus agentes y funcionarios en caso que en la próxima audiencia no apersonen al ex presidente regional desde un penal más cercano o con las garantías de una señal de videoconferencia que garantice su defensa y se cumpla con el debido procedimiento. Los funcionarios saben cuales son sus obligaciones y la dimensión de un mandato judicial, no se entiende esta grosera rebeldía.