Desde hace algunas semanas, quizás meses, se han escuchado cuestionamientos y reclamos por parte de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Santa por el comportamiento irregular y destemplado por parte de la jefa de la Oficina de Control Institucional de la mencionada dependencia edil, las cuales se hicieron llegar a la Jefatura Regional de la Contraloría General en Chimbote.
Estos cuestionamientos partieron de la gerencia municipal, la cual emitió informes relacionados con las salidas habituales y desautorizadas de la funcionaria en cuestión que, a pesar de ser una funcionaria que depende funcionalmente del organismo de control, sigue siendo una empelada que debe sujetarse a las normas laborales de la Municipalidad Distrital.
Lo que los ciudadanos hemos leído nos deja la impresión que la referida funcionaria, Rosalina Hualcas Aguirre, pretende hacer lo que se le viene en gana y aparentemente cuenta con el aval de sus superiores, por lo menos eso es lo que se vislumbraba de las declaraciones y los documentos emitidos de la misma Municipalidad que, al parecer, al parecer cayeron en saco roto.
Sin embargo, la semana pasada ya no fueron cuestionamientos de índole administrativo o de indisciplina funcional, lo que se ha conocido es la existencia de una denuncia penal que ha sido planteada por el procurador de la Municipalidad Distrital de Santa por la presunta comisión de un delito de peculado de uso y que tiene como protagonista, nuevamente, a la misma jefa de la OCI de esa comuna distrital.
Nos referimos a la denuncia que se ha formulado porque la aludida funcionaria permitió y autorizó indebidamente que personal totalmente ajeno a la Municipalidad Distrital de Santa haga uso de los bienes muebles y acervo documentario de la entidad, cuando está prohibido por ley.
La denuncia penal, a decir del documento que se ha hecho llegar al Ministerio Público, nace del informe N· 570- 2019 emitido por el jefe del área de recursos humanos, Leonel Narciso Méndez Flores de fecha 2 de octubre en el cual se da cuenta que ese día al promediar las 8.40 de la mañana, la jefa de OCI Santa, Rosalina Hualcas Aguirre, solicitó permiso particular para ausentarse de sus labores.
Sin embargo, al promediar las 10.30 de la mañana, Jorge Luis de la Cruz Laguna, vigilante de turno del Palacio Municipal informó que se percató que en la Oficina de Control Institucional (OCI), a puerta cerrada, se encontraba una señorita desconocida en un escritorio haciendo uso de una de las computadoras.
El Jefe de Recursos Humanos comunicó al gerente municipal y ambos se dirigieron a la oficina de OCI, encontrando la puerta cerrada, pero con una persona en el interior de la oficina. De inmediato se pidió que abra la puerta y se confirmó que se trataba de un extraño a la gestión municipal y más aún, una persona sin vínculo con la Municipalidad y que tampoco forma parte de la Contraloría.
La mujer se identificó como Gloria Tamar Jacinto y venía utilizando la computadora de la entidad con fines privados, pero además, revisando acervo documentario, señala la denuncia penal, en la cual se agrega que la misma Tamar Jacinto dijo que tenía permiso de la jefa de OCI, Rosalina Hualcas Aguirre para ingresar y utilizar los bienes de la mencionada oficina.
Obviamente, los funcionarios ediles dispusieron que se retire de las instalaciones y levantaron las actas e informes pertinentes con los cuales se ha procedido a formular la denuncia penal en la medida que se ha configurado un delito de peculado de uso.
Asumimos que ya el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones pertinentes en la medida que este hecho importa una conducta sumamente delicada, una actitud que va más allá de un simple peculado de uso.
Ello porque esta figura delictiva solo sanciona a aquel que permite que se le dé a los bienes públicos un uso distinto al que señala la ley, como en este caso que la desconocida en la gestión municipal hacía uso de la computadora que está asignada a la oficina de control institucional, lo que constituye delito.
Sin embargo, tal como se advierte en el informe de la Municipalidad Distrital, la persona extraña tenía a su merced el acervo documentario que es reservado en el trabajo de la comuna distrital, esto es sumamente delicado en la medida que se expone información que no es pública y que no tiene por qué estar a disposición de gente extraña.
Por ello es que la gerencia municipal no ha vacilado en disponer que se formulen las acciones legales pertinentes y el procurador municipal ha procedido a plantear la denuncia penal contra la funcionaria de la OCI que ha permitido todo esto, que reitera una vez más su actitud rebelde y proclive a desautorizar cualquier acto de indisciplina que llegue de la superioridad de la municipalidad.
Lamentablemente, todo eso no es sino el epilogo de una actitud indiferente por parte del organismo que debería controlar el desempeño de la Jefa de la OCI, nos referimos a la Jefatura Regional de la Contraloría General de la Republica que, a pesar que fue advertida de las actitudes irregulares que asumía la funcionaria de su sector, no hizo absolutamente nada.
Ni siquiera se sabe si a nivel interno el organismo de control ha puesto en marcha algún proceso disciplinario porque sencillamente no lo ha comunicado, lo que debería haber hecho en la medida que los hechos que se acusan a la funcionaria de la OCI han trascendido públicamente y por respeto a la ciudadanía se debió informar que actitud se había adoptado al respecto, si es que así lo hicieron.
Ahora el caso ha pasado a mayores, ya no solo se trata de una actitud rebelde o malcriada, menos aún se puede asumir como una criollada, estamos ante la presunta comisión de un delito que debió evitarse si es que el organismo de control hubiera actuado en el momento oportuno.
Hay un sabio adagio que dice “Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos. …”. Esperemos que la Contraloría no solo encuentre la paja en el ojo ajeno, sino que también vea el tronco que tiene entre los suyos.