La intervención de los representantes del Ministerio Público ha sido siempre trascendental e importante en el desarrollo de los procesos electorales, su presencia es sinónimo de garantías en la transparencia de los comicios en el que los peruanos salimos a las calles a elegir autoridades por el voto popular.
Cuantas veces los medios de comunicación han destacado la presencia de los fiscales, sus recorridos e inspecciones para verificar la marcha normal de los comicios, la participación en incidentes en donde se requiere determinar la transgresión de prohibiciones por parte de ciudadanos, la mediación en los incidentes surgidos en los colegios, allí siempre se advirtió la presencia de los fiscales que, premunidos de sus chalecos rojos y azules, le ponen la cuota de garantía de imparcialidad al acto electoral.
Sin embargo, existe la posibilidad que en las elecciones extraordinarias que se realizarán este domingo 26 para elegir a un nuevo congreso nacional, ya no se observe la presencia de los fiscales en los colegios y ello representa un paso atrás en la fiesta democrática del país.
Ocurre que el último jueves los magistrados del distrito Fiscal del Santa, en el marco de una reunión ampliada, tomaron la decisión de abstenerse de participar en los comicios del domingo 26 en protesta por la indiferencia del gobierno para resolver la demanda de homologación de sus sueldos, como lo viene haciendo desde el año pasado.
El fiscal Jorge Alberto Vega Aguilar, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales del distrito fiscal del Santa, explicó que el domingo 26 de enero, todos los Fiscales sesionarán en junta permanente, por lo tanto, no podrán salir a cumplir con sus labores.
En esa fecha se dirigirán al auditorio de su sede institucional de la cuadra 8 de la avenida Pardo y no participarán en la supervisión y fiscalización de las elecciones congresales extraordinarias, decisión que comunicaron de inmediato a las autoridades competentes.
Ciertamente, se trata de una decisión sin precedentes en la historia de nuestra provincia y, teniendo en cuenta el rol del Ministerio Público al que hemos hecho alusión líneas arriba, podría generar un grave problema en el normal funcionamiento de los entes electorales y de la propia ciudadanía en el ejercicio de su derecho a elegir.
Por lo menos es lo que pensamos los miles de chimbotanos y el ciudadano de a píe que se pone en el hipotético escenario de unos comicios en donde no participen los Fiscales, lo cual deja una sensación de falta de transparencia.
Esto a despecho de lo que ha señalado el jefe de la ODPE Santa, quien al ser interrogado sobre el tema señaló que aun cuando no le llegaba el acuerdo oficial, consideraba que la participación de los fiscales ya no tiene la trascendencia de antes en la medida que existen organismos que pueden remplazarlos en la labor de supervisión de los comicios en todas las provincias.
Se refería el funcionario a la participación de veedores de toda clase, comenzando por aquellos que envía la ONG Transparencia, por los comisionados de la Defensoría del Pueblo y los observadores de los organismos internacionales, los cuales le otorgan esa misma cuota de imparcialidad y fiscalización de proceso electoral.
En tal sentido, Danilo Gallo Ruiz recordó que los organizadores de los comicios congresales son las dependencias electorales, en este caso la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Reniec y el Jurado Nacional de Elecciones, organismo este último que cuenta con presidentes de jurados en todas las jurisdicciones del país y cuya labor, es justamente, la fiscalización del proceso.
De allí que ha considerado que las incidencias en los centros de votación puede ser suplida por la Policía Nacional, por lo que ratificó que el proceso electoral seguía marchando sin problemas a pesar del anuncio realizado por los fiscales del distrito fiscal del santa.
Y la tranquilidad del funcionario de la ODPE no podría sino justificarse en la medida que los reclamos de los Fiscales con respecto a sus justas reivindicaciones salariales, sin dejar de ser justas y atendibles, no pueden condicionarse en un proceso electoral que nada tiene que ver con la disputa de los magistrados con el gobierno central.
Este acuerdo es una suerte de chantaje inaceptable de una institución señera y de vanguardia como es el Ministerio Público, los fiscales no pueden condicionar o pretender poner contra la pared al Gobierno, y, con esa actitud, faltarle el respeto a todo el país por esta suerte de rebeldía.
Por ello es que nos animamos en este medio de comunicación a demandar a los fiscales una consideración de esta medida, una reevaluación del acuerdo adoptado en medio de una protesta de la homologación y en caliente decidieron poner en el mismo saco al Ministerio de Economía y el gobierno central.
Y tan acertado estuvimos con respecto a este acuerdo que apenas un día después de la medida adoptada por los Fiscales del Santa, es decir, el último viernes, llegó a nuestra ciudad la circular remitida por la Fiscal Suprema de control interno, Dra. María Isabel Sokolich Alva, quien se dirige a las oficinas desconcentradas de control interno dejando directivas en relación a la conducta de los miembros de esta institución.
Y con respecto a la amenaza de no participar en los comicios del domingo 21, la fiscal Suprema es clara y contundente al señalar que esta actitud constituye una grave infracción disciplinaria pasible de ser sancionada.
De la misma manera, advierte que la frustración, suspensión o reprogramación de audiencias representa también una grave infracción disciplinaria y es preciso remarcar esta parte de la circular de la máxima magistrada en materia de control del Ministerio Público, en razón que de un tiempo a esta parte la mal llamada huelga blanca solo consigue que se dilaten más los procesos.
La Fiscal suprema de control interno ha cumplido con advertir a los Fiscales de lo que les espera sino toman consciencia y dan marcha atrás en esta pretensión de ausentarse del proceso electoral del domingo.
No se trata de ser más rebelde o desafiante, lo que importa en este momento es que no se le puede dar la espalda al país por una demanda o protesta en la que los ciudadanos no tienen absolutamente nada que ver. Esperemos que los fiscales reflexionen.