FIORELA
Era evidente que la hija del asesinado ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos, no se quedaría de brazos cruzados luego que se difundieran las afirmaciones que ha realizado el condenado Edison Torres Corso (a) Chilipino, respecto al primer atentado perpetrado en su vivienda del P.J. Tres de Octubre. Fiorela Nolasco ya adelantó que será el abogado que la representa como parte civil el que formulará el pedido para que se reabra esta investigación o se realice otra en la medida que hay una declaración que corrobora a lo que en su momento dijo la testigo clave Hilda Saldarriaga, cuya versión fue vapuleada por los abogados del ex presidente regional. Lo cierto es que hay una gravísima imputación que se tiene que deslindar, el primer atentado contra Ezequiel Nolasco fue un hecho delincuencial en el que solo se ha sancionado a Chilipino y al Goro, Rubén Moreno Olivos, que fue capturado después que se excluyera a los demás investigados. Sería pertinente que se revise el primer juicio para que se conozca quienes archivaron la denuncia y bajo qué argumentos porque en realidad la comunidad chimbotana vio conmovida el relato de una mujer que tenía a su pequeño hijo en brazos y que después de tres años fue asesinada de manera cruel en su vivienda. Ahora todo se concatena y las autoridades judiciales tienen la obligación de revisar lo que pasó con la investigación inicial.
ANTICUCHOS
Hace unos días escuchábamos a un ex candidato que no ha ganado una curul pero que, tal cual envidioso, fustigaba a los congresistas electos antes que estos siquiera presten juramento. Decía este personaje que quería ver que iban a hacer ahora los electos con el planteamiento de la eliminación de la inmunidad parlamentaria pues cuatro de ellos tienen procesos judiciales. A este estribillo se ha sumado el Subprefecto de la Provincia del santa, quien ha manifestado que le preocupa que los virtuales congresistas tengan procesos pendientes. En realidad, lo que si preocupa es que el Subprefecto se sume a este coro politiquero de los candidatos perdedores en la medida que él es abogado y como tal sabe perfectamente que la inmunidad no alcanza a los actuales congresistas electos en la medida que las denuncias que se ciernen sobre ellos no afecta su cargo como tampoco los descalificaron para su postulación al congreso. En otras palabras, se trata de investigaciones y pesquisas que no se detendrán, que pueden continuar su curso y llegar hasta una sentencia, inclusive. Lo que los descalificaría es que sean merecedores de una pena sea suspendida o efectiva porque en ese caso si funcionaría el desafuero, empero, mientras que no tengan un juicio no hay que preocuparse de la bendita inmunidad porque ella no está protegiendo a los nuevos elegidos y menos aun lo hará en caso resulte eliminada por la nueva representaciónÂÂ parlamentaria en la medida que su aprobación requiere de una doble legislatura ordinaria por tratarse de una modificación constitucional, de tal suerte que si lo hacen. cuando entre en vigencia estos congresistas electos ya estarán de salida. No entendemos porque tanto salto cuando el suelo está parejo.
POPULACHERO
Lo que muy pocos han dicho es que la propuesta de la eliminación de la inmunidad parlamentaria es una propuesta populachera y demagógica, la presentó el presidente de la república en su afán de ganar puntos en las encuestas y no se reparó que se trata de una institución jurídica muy antigua que está vigente en muchos países porque se requiere de un poder del estado que esté protegido cuando desde el gobierno aparezcan los vestigios de corrupción. La inmunidad parlamentaria se ha establecido como un mecanismo para proteger al congresista “en el ejercicio de sus funciones”, es decir, por los actos que cometiera cuando hace uso de su investidura y ellos puedan ser calificados como delitos. Allí la ley lo protege para que pueda seguir ejerciendo su atribución fiscalizadora. Lo que sucede es que en nuestro país, los otorongos del congreso la utilizaron para protegerse de todo tipo de denuncias y juicios, incluso de los que arrastraba cuando llegó al cargo, cuando la ley de leyes es clara en ese sentido, solo protege a partir de los actos funcionales de lo congresistas y no de aquellos que anteceden a su investidura. Pretender eliminarla es solo un espaldarazo al populismo de aquellos gobernantes que han desprestigiado y descalificado al poder Legislativo y han diezmado sus institutos jurídicos porque no fueron correctamente utilizados. Claro si tenemos a gobernantes que no conocen de leyes, entonces nos encontramos con estas propuestas jalada de los cabellos.