Editorial

EDITORIAL ::GRAVISIMA REVELACION::

El conocido abogado penalista de nuestra ciudad, Denis Montoro García, ha revelado públicamente la última semana, que el jefe de operativo de la Policía Anticorrupción, le confesó que intervinieron la vivienda de sus padres porque fueron sorprendidos por un sub oficial que comunicó a la Fiscalía que el alcalde provincial Roberto Briceño Franco se encontraría cometiendo actos de corrupción.

Ello porque la única manera que se justifique la presencia de efectivos de esta dependencia policial es que se configure un delito de corrupción, de lo contrario, solo tendría que ser la Comisaría del sector la que se encargue de llevar adelante una intervención, por ejemplo, de infracción a las normas sanitarias.

Fue por ello que, con evidente audacia, el mentado sub oficial solicita el apoyo de los efectivos de la Comisaria del sector, tratando de darle luego un sesgo policiaco a la asonada y colocar al alcalde en una falta que, a la luz de las pruebas, no se ha cometido.

Esto es importante que se tenga en cuenta porque la irrupción policial no ha sido solo una intervención, ha sido un operativo de allanamiento que debería tener las formalidades de ley y el respaldo probatorio mínimo que lleve a una autoridad poder romper las puertas de una vivienda particular y detener con violencia a sus ocupantes.

Y es que ni siquiera el decreto de urgencia que ha establecido el régimen de emergencia en el país desde el pasado 15 de marzo autoriza a una autoridad a proceder como lo ha hecho. La pregunta que nos hacemos son ¿Están suspendidas todas las garantías constitucionales que protegen a un ciudadano? ¿Está suspendida la libertad individual de la persona? ¿Se ha dejado sin efecto el derecho a no ser detenido sin autorización judicial previa? ¿Acaso se ha suspendido el derecho de toda persona a un debido proceso?

Hay que tener en cuenta que la norma que establece el aislamiento social obligatorio y la inmovilización social absoluta en determinadas horas, ha dejado en suspenso derechos constitucionales de la persona como el libre tránsito, el derecho de reunión o la inviolabilidad del domicilio, pero no desprotege la libertad individual de la persona.

Ocurre que, tal como lo han mostrado las imágenes, el alcalde provincial Roberto Briceño es retirado virtualmente a rastras de la vivienda y llevado a la Comisaria sujeto de los brazos como si se tratara de un individuo de mal vivir, sin que siquiera se le informe cuales fueron las razones de su aprehensión.

Justamente, al respecto, el abogado Denis Montoro manifiesta que desde un primer momento pide que se le informe los motivos de su detención violenta en su vivienda y su traslado a la sede policial y se lo negaron, como efectivamente se observó en las imágenes que fueron propaladas ese mismo día.

Pero luego reveló que la policía anticorrupción ingresa rompiendo la puerta a su vivienda, agrediendo físicamente a sus padres ya ancianos, a sus hermanas, así como a él mismo por el solo hecho de exigir que se le informe las razones por las cuales viola la propiedad de sus padres sin que exista motivo alguno.

Habrá que esperar a saber cuáles son las evidencias que la Policía decía tener de los presuntos actos de corrupción que se cometían en la vivienda y que comprometían al alcalde, pues ni siquiera se encontró la camioneta y el personal de seguridad en el exterior del inmueble como para achacarle un presunto delito de peculado de uso.

El letrado ha señalado que se apesta a denunciar a los responsables de este operativo por abuso de autoridad y lesiones en agravo de su hermana que presenta una seria lesión en el brazo.

Todo indica que la ley lo respalda pues si bien en este periodo de emergencia se ha dictado una “ley de protección policial” que dispone que el personal de las fuerzas armadas y la Policía Nacional que en cumplimiento de su función y en uso de sus armas o cualquier otro medio de defensa, cause lesiones o muerte, se encuentran exentos de responsabilidad, ellos deben de saber que ese mismo dispositivo legal advierte que esto no implica el uso excesivo, ilegal y abusivo de la fuerza en el marco de sus intervenciones.

Hay allí un escenario diferente que deberá ser investigado a la luz de la gravísima revelación formulada por el abogado Denis Montoro García.